Contra la Ley MordazaMovimientos sociales y oposición se reúnen en el Congreso para denunciar las Leyes Mordaza un día después de su aprobación Las organizaciones de derechos humanos tildan estas leyes como las “más restrictivas desde el Franquismo”.

Plataforma No somos delito 28/03/2015

Un día después de que el Congreso diera luz verde a las conocidas como Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y pacto antiterrorista) se ha desarrollado un acto de rechazo organizado por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ongs y juristas. Se trató de un encuentro que denunció, en la misma casa donde se aprobaron, que estas normas ponen en jaque los derechos y libertades básicas de los ciudadanos como son el derecho a reunión pacifica, manifestación , expresión e información y que suponen una grave vulneración de los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social.

Se trató de un acto marcado por un ambiente de compromiso y amenizado con cánticos de la Solfónica del 15 M y expresiones de reivindicación ciudadana.

Desde No Somos Delito, colectivo responsable de la organización del evento, se ha remarcando el compromiso de la sociedad civil organizada contra el ataque frontal, el varapalo a la democracia y el estado policial que generan de las Leyes Mordaza. “Parece que estorbamos al gobierno y no lo vamos a tolerar” ha destacado Carlos Escaño, portavoz del movimiento.

Cristina de la Serna, de Rights International Spain, ha apelado “al círculo vicioso de injusticia y el claro rechazo internacional a estas leyes, que suponen la aplicación arbitraria de la ley y la criminalización de protestas pacíficas legítimas en una sociedad democrática, como algo extremadamente preocupante que provoca una situación de riesgo condenada desde el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya”.

Ignacio González, de Jueces por la Democracia, ha remarcado que su colectivo está en contra de estas nuevas leyes, porque los jueces “no pueden ser neutrales en leyes que vulneren los derechos humanos”. Igualmente, apeló a la falta de alarma social, y cómo el gobierno ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.

Alejandro Gámez, de Asociación Libre de Abogados ha destacado como estas leyes forman un todo que muestra “la voluntad del ejecutivo de quebrantar los principios de la justicia y su vocación para desmantelarla, y garantizar la impunidad del estado y sus agentes”. Ha denunciado que con ellas se convierte lo “legitimo en ilegal”. Igualmente ha denunciado la visión economicista de la sociedad y la justicia que tienen “Condenan más llevarse un brick de leche de un centro comercial que defraudar a la hacienda pública”.

Elena Rodríguez, de la Plataforma Tercer Sector, que representa a colectivos que luchan contra la pobreza como Cáritas o Cruz Roja ha puesto el foco en un ámbito ausente del debate de estas leyes, el de las personas más vulnerables a la que criminalizan fuertemente estas leyes.
Isabel Elenuku, de SOS Racismo ha exigido el cese inmediato de las redadas racistas y las devoluciones en caliente, a la vez que apuntado hacia los malos tratos y las ilegalidades de la valla de Ceuta y Melilla que protegen estas leyes.

Desde Legal Sol, su representante ha destacado la solidaridad, el apoyo mutuo y resistencia de las 610 personas detenidas desde 2011 y a las 1179 personas sancionadas por protestar.
Las asociaciones afectadas por estas leyes, que serán efectivas a partir del próximo 1 de julio, también mostraron su rechazo e indignación.

Miguel Ángel Soto de Greenpeace ha explicado como su organización va a ser una de las más afectadas por estas nuevas leyes “El activismo ambiental cuenta con una larga tradición de la desobediencia civil y la responsabilidad que tienen en defender los bienes públicos globales”.
Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión explicó que la aprobación de estas leyes es el peor recorte de libertades desde el Franquismo. Los representantes de las Marchas de la Dignidad 22M denominaron estas leyes como “estrategias del sistema para criminalizar este masivo movimiento social”. Francisco Morote Vidal, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, afirma como estas leyes han sido diseñadas a medida para reprimir muchas de las formas de la protesta social, y en concreto la de la PAH: “Nos sentimos tristemente protagonistas, porque describe las actuaciones que venimos realizando desde hace seis años. No vamos a parar “. Patricia Martín Díaz de Avaaz puso en evidencia el sinsentido de unas leyes que han nacido muertas pues cuentan con el rechazo de un amplio espectro de la oposición.

Así lo explicó Ricardo Sixto, Izquierda Plural “La Ley Mordaza es la más sangrante, a la que nos oponemos todos grupos parlamentarios menos el Partido Popular y nuestros votos estarán encima de la mesa para derogar el texto, ese es nuestro firme compromiso”. EQUO se unión al coro de voces que condenan estas reformas, “Detrás de estas leyes está la estrategia del miedo”, explicó Juantxo López de Uralde su representante.

Podemos también asistió por primera vez al Congreso reclamando dignidad de las protestas y animó a “hacer como que estas leyes no existen” y ha insistido en la oposición internacional no escuchada por el gobierno que le da igual por su mayoría absoluta. BNG también envió un comunicado en el que hablaba de la prepotencia del estado y la indignación que les causa la aprobación de estas leyes.

Uno de los momentos más expectantes del acto ha sido la intervención de Anxo Rama, Secretario Federal del sindicato policial UNIPE, que ha pedido el fin de las coacciones a los policías y ha denunciado la indefensión que esta ley genera tanto para la ciudadanía como para la policía, por la falta de tutela judicial y la nula formación de la policía para poder aplicarla debidamente. “Queremos expresar además el afán estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones que recibimos para aumentar el número de sanciones, y por tanto para engrosar las arcas del Estado”, comentó.

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