Temporalidad, subempleo, precariedad... ofensiva directa contra el trabajoComo siempre, la crisis funciona El proyecto de Unión Económica y Monetaria sirvió como un arma formidable para desposeer a los Estados de cualquier capacidad de intervención real en la economía.

Mario del Rosal 08/02/2017

La gran recesión iniciada en 2007 y la larga depresión subsiguiente siguen resultando francamente útiles para el capital en su permanente lucha contra la clase trabajadora. En el caso de España, esta afirmación resulta tan evidente que convierte a nuestro país en un escenario casi modélico en el que comprobar cómo el sistema económico capitalista se defiende de sus propias contradicciones mediante el ataque permanente contra la mayoría de la población, es decir, contra los trabajadores.

Sin embargo, es muy importante recordar que esto no es nada nuevo. Ya antes de 2007 hubo un proceso de degradación salarial y laboral de enorme calado. Dos fueron los agentes más destacados en esta estrategia: la Unión Europea y el euro. Por un lado, la Comisión se esforzó en institucionalizar los postulados neoliberales dominantes mediante la aprobación de tratados decisivos, como el Acta Única de 1987, y la puesta en marcha de proyectos de largo recorrido, como el Libro Blanco sobre el empleo de 1993.

Por otra parte, el proyecto de Unión Económica y Monetaria sirvió como un arma formidable para desposeer a los Estados de cualquier capacidad de intervención real en la economía, tanto por la vía de la cesión total e incondicional de la soberanía monetaria al Banco Central Europeo, como por el asfixiante corsé fiscal de los criterios de Maastricht, más tarde perpetuados a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para países como España, el resultado fue una carrera suicida hacia un proceso de ajuste salarial permanente que seguimos sufriendo.

No es difícil comprobar cómo, desde los noventa hasta 2007, el tan cacareado “milagro español”, gracias al cual el PIB per cápita se acercó al de los países centrales de la UE, se basó en una ofensiva directa contra el trabajo, como vienen destacando desde hace tiempo economistas marxistas como Javier Murillo o Xabier Arrizabalo. El resultado fue que, de 1993 a 2007, España tuvo el dudoso honor de ser el único país de la UE que no sólo experimentó una caída del salario relativo y, sobre todo, del salario relativo ajustado (que tiene en cuenta, además de la distribución funcional de la renta, la tasa de asalarización), sino que llegó a sufrir una merma en el propio salario real medio, erosionando gravemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Además, las tasas de temporalidad y subempleo no encontraron rival en la UE, convirtiéndonos en campeones de la precariedad y debilitando hasta cotas desconocidas la capacidad de negociación y conflicto de la clase trabajadora. El despido fue abaratado, la negociación colectiva se vació de contenido y los contratos basura se convirtieron en norma.

Gracias a todo ello, el capital pudo afrontar su dramática necesidad de espolear la rentabilidad. Si tomamos como referencia el coste real laboral unitario, dato que se calcula como cociente del salario real medio entre la productividad y que es clave para comprender la evolución de la competitividad, podemos constatar que, de 1993 a 2007, esta variable experimentó una importante disminución, superior incluso a la de la “locomotora” alemana y bastante más acusada que la media de la UE-15. Pero esa bajada no se debió a un aumento relevante de la productividad, que creció en esos catorce años a un tercio del ritmo impuesto por el resto de países de la UE-15, sino a la caída del salario real medio, algo inédito en los países de nuestro entorno.

Esta lamentable especificidad española responde a las graves dificultades que tiene nuestra economía para fomentar la productividad y que, al contrario de lo que se suele argüir, no responde a la falta de formación o disciplina de los trabajadores, sino a una estructura productiva vulnerable y dependiente centrada en sectores con escasa capacidad para el cambio técnico. Esto, unido a la clamorosa ausencia de cualquier atisbo de política industrial, agrava la naturaleza periférica de la economía española en el seno de la UE y alimenta una especialización productiva de bajo perfil tecnológico.

Por lo tanto, y sin olvidar su histórica gravedad, lo cierto es que la actual crisis no es sino una vuelta de tuerca más de este proceso. Desde 2007, el salario relativo ha continuado cayendo, mientras que el salario real, según el índice de precios del trabajo del INE, se habría desplomado más del 9% de 2008 a 2014 a causa de una mengua de la masa salarial superior al 13% de 2008 a 2013. Los salarios son tan bajos que la OIT calcula que uno de cada cinco trabajadores en España está en situación de pobreza (working poor).

Y no sólo se han visto afectados los salarios directos, sino también el salario indirecto y el diferido. El primero, a raíz de la salvaje política de recortes, que además de expulsar a más de 300.000 empleados públicos desde 2011, ha deteriorado servicios esenciales como la sanidad o la educación. Y el segundo, a partir de la embestida contra las prestaciones por desempleo y, sobre todo, contra las pensiones, para regocijo de la banca. Y todo ello, espoleado por la UE, que ya desde el PEC de 1997 hasta la actual Estrategia Europa 2020, pasando por la Estrategia de Lisboa de 2000, el Pacto por el euro de 2011 y el Pacto fiscal de 2012, no ha hecho más que recrudecer esta presión.

El paro, herramienta esencial para disciplinar al asalariado, llegó a cotas jamás vistas (del 8,2% en 2007 al 26,1% en 2013), si bien parece remitir lentamente en los últimos meses gracias a la salida masiva de trabajadores y al empeoramiento de las condiciones laborales. En todo caso, se mantiene en tasas que duplican la media europea, que, a su vez, duplica las de EE.UU. Y todo esto, en un país en el que se trabajan 320 horas más al año que en Alemania y donde más de la mitad de las horas extras no se pagan.

Las personas sin trabajo se encuentran, además, en una situación cada vez más grave, como demuestra el hecho de que el porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo respecto al total de parados se haya desplomado desde el 80% de finales de 2009 hasta el escaso 55% actual. Se estima que más de 1,3 millones de hogares no cuentan con ningún ingreso.

Por último, cabe destacar una de las peores consecuencias de la crisis: el aumento de la desigualdad. Mientras la primera fortuna nacional acumula el equivalente a 2,5 años de trabajo de un asalariado medio en España, el 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, según el índice AROPE, y casi 1,4 millones de niños viven en situación de pobreza severa. El coeficiente de Gini no sólo ha empeorado, sino que hoy es, a excepción del Reino Unido y las repúblicas bálticas, el mayor de toda la UE. En vista de la situación, a nadie puede extrañar que la población se haya reducido en alrededor de 350.000 personas desde 2012, un fenómeno jamás visto desde el fin de la dictadura franquista.

Y aun así, nada de esto es irracional, por mucho que algunos lo pretendan. Insistimos en ello: su intención no es otra que reforzar la explotación para conseguir tasas de plusvalor suficientes con las que contrarrestar los problemas crecientes de rentabilidad que, como siempre, amenazan el proceso de acumulación. En fin, nada nuevo bajo el sol.

Publicado en el Nº 302 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2017

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