Garzón estudia “nuevas acciones jurídicas y políticas” para impedir que “se vulnere la ley de secretos oficiales en los archivos que siguen en poder de la Fundación Francisco Franco”

Izquierda Unida Federal 11/04/2017

El Gobierno de Mariano Rajoy reconoce en una respuesta parlamentaria a una pregunta del coordinador federal de IU que sólo reclama a esta fundación de ultraderecha retirar de consulta pública los documentos y que traslade a la Administración información para protegerlos, “pero no explica nada del destino final de la documentación original”

Alberto Garzón señala que “estudiamos si el Ejecutivo podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial”

Esther López Barceló, responsable de la Secretaría de Memoria Democrática de IU, apunta que “el Gobierno muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente”
El coordinador federal y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, ha puesto “en manos del equipo jurídico de esta formación” el contenido de la respuesta parlamentaria que le traslada el Gobierno en la que, a raíz de una iniciativa suya registrada el pasado mes de diciembre, reconoce ahora que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a su carácter de entidad privada, tiene en su poder documentos de carácter estatal clasificados como secretos.

Garzón señala que “vamos a estudiar detenidamente qué nuevas acciones jurídicas y también políticas ponemos en marcha para analizar y, en su caso, impedir, que se pueda estar cometiendo una presunta vulneración de la Ley de Secretos Oficiales”.

“Además -expone el máximo responsable de IU-, estudiamos si el Gobierno de Mariano Rajoy podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir a la Fundación Francisco Franco la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial, no sólo copias”.

En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo sólo señala que habría reclamado a esta fundación de ultraderecha retirar de consulta pública los documentos y que se traslade a la Administración la oportuna información sobre los mismos para poder protegerlos convenientemente y que no se divulguen, pero en ningún momento explica nada del destino final de la documentación original.

Esta iniciativa registrada por Garzón forma parte de la batería de acciones parlamentarias puestas en marcha por Izquierda Unida a partir del trabajo que llevan a cabo su Secretaría de Memoria Democrática que coordina Esther López Barceló y su grupo de diputados/as en el Congreso.

De hecho, López Barceló considera que “todos y todas debemos cumplir la ley, incluidos el Gobierno de Rajoy y la Fundación Nacional Francisco Franco. El Ejecutivo del PP muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente”.

Garzón y López Barceló coinciden en que “aplicando simplemente la lógica y el sentido común, consideramos que esta documentación debería ser custodiada por una institución pública competente y no en una entidad privada. Debería permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el caso de la generada en la Presidencia de Gobierno, o en el Archivo General de Palacio, para la gestada en la Jefatura del Estado”.

El coordinador federal de IU interrogaba en su pregunta por escrito a la que más de tres meses después responde el Gobierno ‘popular’ sobre si “¿Tiene constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Nacional Francisco Franco que no está custodiada adecuadamente?”, y exponía a continuación que “si es así, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para solucionar este problema?”

En esa misma iniciativa Garzón alertaba al Gobierno de que la Fundación Francisco Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.

En una escueta respuesta de apenas dos párrafos, el Ejecutivo reconoce al dirigente y diputado de IU que, efectivamente, ‘como consecuencia de las subvenciones concedidas a la Fundación Francisco Franco para la organización de su archivo, ayudas de libre concurrencia a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, tuvo entrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica copia de la documentación referida por Su Señoría’.

En el segundo párrafo, el Gobierno expone que ‘analizados por los técnicos facultativos los contenidos documentales de las copias recibidas, se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales, comenzando por la remisión a la Fundación de un escrito, desde la Secretaría de Estado de Cultura, para que se retire del posible acceso público la mencionada documentación, así como la remisión de la oportuna información a los organismos competentes a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de su contenido’.

“Es decir -señalan Garzón y López Barceló-, que el Gobierno de Rajoy reconoce ahora sí de forma explícita y por escrito que no ha hecho nada en relación con los originales que contienen información clasificada como secretos oficiales y que, por lo que parece, no tiene intención de hacerlo”.

A Izquierda Unida no le coge esto por sorpresa. Por ello, ante una situación que se prolonga en el tiempo en relación a esta fundación de ultraderecha y “para garantizar los derechos de esa inmensa mayoría de la sociedad que respeta los valores democráticos”, dentro de la batería de iniciativas coordinadas entre su Secretaría de Memoria Democrática y su grupo de diputados/as, tiene registrada una iniciativa parlamentaria al respecto cuya tramitación parlamentaria acelerará ahora.

En una proposición no de ley que firman Alberto Garzón y el diputado portavoz de IU en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, instan al Gobierno del PP, entre otras cuestiones, a “cerrar cautelarmente el acceso público al archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados”.

Además, consideran “ineludible” que el Ejecutivo de Rajoy actúe porque, recuerdan, el fondo del archivo de la mencionada fundación “se corresponde en su mayor parte con documentación correspondiente a la Secretaría de la Jefatura del Estado y, hasta el nombramiento del almirante Carrero Blanco, de la Presidencia del Gobierno”.

Por ello, ambos diputados inciden en plantear también “trasladar la documentación no estrictamente personal del archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco a los archivos públicos correspondientes”.

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