Un Gobierno que no respeta la legalidad internacional difícilmente puede pedir correspondenciaEl Partido Comunista de España denuncia retención violenta del personal de la Embajada de Venezuela Exigimos a nuestro gobierno que depure responsabilidades, que aclare quién es responsable de no haber asegurado la salida con normalidad del Embajador y personal diplomático de la República Bolivariana de Venezuela.

José Luis Centella Gómez. Secretario General del PCE 18/05/2017

El Partido Comunista de España muestra su solidaridad con el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela y el personal diplomático que fue retenido a la fuerza por elementos violentos el pasado jueves en una sede diplomática, este comportamiento claramente contrario a la legalidad internacional que derivó en actos de agresión por parte de los manifestantes, fue tolerado por el gobierno español que en ningún momento aseguró las condiciones que garantizaran la salida del personal diplomático y asistentes al acto con normalidad.

Sin entrar en valoraciones políticas sobre la situación que se vive en Venezuela, que este Partido ha realizado en otras ocasiones en las que se reafirma hoy, en este momento queremos poner el acento en la denuncia de la impunidad con la que parecen contar quienes desarrollan actos violentos contra las instalaciones y el personal de la Embajada de un país amigo, causando un precedente que puede tener repercusiones negativas para el nuestro, que, además, pierde autoridad en el concierto internacional si se muestra incapaz de garantizar el normal desenvolvimiento de diplomáticos aquí acreditados.

Un Gobierno que no respeta la legalidad internacional difícilmente puede pedir correspondencia.

En consecuencia, exigimos a nuestro gobierno que depure responsabilidades, que aclare quién es responsable de no haber asegurado la salida con normalidad del Embajador y personal diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, que informe públicamente si se ha procedido contra las personas que se ve claramente en los vídeos que actuaron violentamente, y que tomen las medidas oportunas contra los convocantes, cuyas acciones claramente derivaron en estos actos violentos.

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