En América Latina se ha ralentizado la estrategia estadounidense de construir un gran mercado subordinado a sus intereses (el ALCA) para competir con ventaja frente a la Unión Europea y el bloque asiático. El desacuerdo en torno al ALCA de importantes países liderados por Brasil, ha impulsado a los EEUU a acelerar los plazos de otras 2 iniciativas como el TLC Andino y el TLC con Centroamérica que facilitan esa estrategia a largo plazo. Los TLC constituyen una pieza fundamental del engranaje del gobierno estadounidense para controlar todo el continente y son un paso previo al Área de Libre Comercio de América.

El Representante Comercial de EEUU, Robert Zoellick, envió una carta hace unos meses al Congreso, en la que explica los objetivos del gobierno norteamericano con la firma del TLC con Centroamérica: que en Centroamérica se complete la privatización de los servicios estatales aún no privatizados, en beneficio de las transnacionales estadounidenses; que en Centroamérica se eliminen las barreras arancelarias que todavía existen para proteger la producción agropecuaria; lograr una mayor protección para las inversiones estadounidenses en Centroamérica.

También apunta que los países centroamericanos cumplan más rigurosamente con las normativas sanitarias y fitosanitarias (SFS) establecidas por EE UU. Estas normativas son, en la práctica, medidas de proteccionismo no arancelario con que este país limita el acceso de los productos agropecuarios centroamericanos. Y menciona que las normas sobre patentes y derechos de propiedad intelectual en beneficio de las transnacionales estadounidenses sean cumplidas con más rigor por los países centroamericanos.

Y un colofón eufemístico: que los países centroamericanos hagan valer efectivamente sus leyes ambientales y laborales. Aquí «sus leyes» hace referencia a las leyes centroamericanas, y no a las estadounidenses, que en ambos campos son mucho más avanzadas.

TLC, FMI y BM

Del documento de Zoellick se infiere que con el TLC Estados Unidos busca la consolidación a fondo y en beneficio propio del modelo neoliberal en Centroamérica. Este modelo ya ha progresado muchísimo en el cumplimiento de los objetivos que allí se declaran, gracias a los programas de ajuste estructural (PAEs) promovidos por el BM y el FMI.

El TLC entre Centroamérica y EEUU, conocido como CAFTA por sus siglas en inglés, fue suscrito por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 28 de mayo de 2004. La República Dominicana se integró el 5 de agosto. El CAFTA está pendiente de ratificarse en los respectivos Parlamentos.

Podemos mirar a México, 10 años después de la entrada en vigor del NAFTA o TLCAN y observar evidentes impactos negativos en agricultura y medio ambiente, desarticulación productiva, deterioro en condiciones laborales y del bienestar familiar.

Estos acuerdos, negociados a espaldas del pueblo, tienen un claro vencedor, las Sociedades Transnacionales. En estos tratados se incluye la cláusula Trato Nacional: hay que tratar a las empresas extranjeras igual que a las nacionales. Esto en la práctica acaba con las subvenciones públicas y con la posibilidad de favorecer empresas nacionales estratégicas y abre la puerta a la privatización de los servicios públicos, provocando un aumento en los precios, reduciendo el acceso y comprometiendo su calidad.

Para las STN las regulaciones internas en temas de salud, trabajo, energía y medio ambiente pueden ser consideradas «barreras al comercio» bajo estos acuerdos, pudiendo estas corporaciones transnacionales demandar a los estados el pago por indemnizaciones.

Estas controversias entre las STN y los estados las resuelven 2 organismos: CIADI (Centro Internacional para Arreglo de la Diferencia relativa a Inversiones) y CNUDMI (Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional). Hasta el momento siempre han favorecido a las multinacionales estadounidenses.

Muchas organizaciones populares del continente han realizado eventos públicos y acciones de rechazo a estos tratados y a la iniciativa de un Área de Libre Comercio de las Américas: Conaie, Confeunasc y Ceols de Ecuador; la CUT, Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, de Colombia; la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, de Venezuela; la CGTP de Perú, las principales organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Bolivia, y decenas de organizaciones regionales más.

TLC Andino y Biodiversidad

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú (estos 3 últimos países negocian el TLC andino junto con Bolivia) y que alberga la cuarta parte de la biodiversidad del planeta, prohibe expresamente patentar seres vivos. Establece que la biodiversidad es patrimonio nacional y regional, y reconoce el saber tradicional asociado con el uso de los recursos genéticos.

El acceso a los recursos genéticos en la región andina es otro punto de discordia en el tratado de libre comercio que EE UU negocia desde mayo con Colombia, Ecuador y Perú. La propuesta estadounidense establece acceso libre para patentar plantas y animales, a los que designa como «inventos» en el capítulo sobre propiedad intelectual del borrador del tratado, norma que entraría en contradicción con la legislación de la Comunidad Andina de Naciones.