El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Centroamérica fue acordado en mayo de 2004 e incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, a los que se agregó en agosto la República Dominicana. La puesta en marcha efectiva requiere de la ratificación de los parlamentos nacionales de cada uno de esos países, hecho que hasta ahora sólo ha cumplido El Salvador. Se va, por consiguiente, con retraso respecto a la agenda manejada por el negociador estadounidense, Robert Zoellick. Al respecto, el presidente del comité que promueve la ciudad de Miami como sede del secretariado permanente del ALCA, Jorge L. Arruzurieta, declaró a finales de enero último que «debemos aceptar la realidad: el proceso de negociación es complicado porque cada sector involucrado defiende sus intereses» (Diario La Jornada, México, 28 de enero de 2005). Las otras ciudades que compiten con Miami son, entre otras, Puebla, Cancún, Ciudad de Panamá, Puerto España…
Centrándonos en El Salvador, la aprobación parlamentaria del TLC contó con los votos a favor de los partidos de derecha. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). En total, 49 votos. Los 35 votos contrarios provinieron del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU).
Las reacciones han sido variadas. La agencia de noticias Inforpress (edición 10 de enero de 2005) daba cuenta de dos posturas interesantes para calcular los efectos del TLC. Por un lado, los grandes exportadores salvadoreños ven más beneficios que desventajas en una relación comercial con los EE.UU y prefieren el término ‘desafíos’ a ‘desventajas’ cuando hablan del TLC. Sin embargo, el ex presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), Jorge Mariano Pinto, dejó sentado que «la pequeña empresa no está lista para el TLC». Se refería a que la tecnología con la que trabajan es obsoleta, a la falta de créditos, al elevado precio de la electricidad y los problemas sociales de salud y seguridad laboral.
La perversión de las subvenciones agrícolas
Un factor añadido son las subvenciones que reciben las explotaciones agrícolas en los países considerados ricos, caso de EE.UU y la UE, y cuya desaparición no se concreta en el TLC. De hecho, entre Panamá y EE.UU., durante la octava ronda de negociaciones (31 enero a 4 de febrero) en Washington, los desacuerdos volvieron a ser, principalmente, agrícolas. El ministro de Comercio, Ricardo Ferrer, afirmó a los medios de comunicación que las discrepancias radican en productos como el pollo, azúcar, patatas, cebollas, aceites vegetal y café (informa Inforpress). Según los productores panameños, el TLC podría arruinarlos pues el gobierno estadounidense subvenciona fuertemente a sus agricultores, además de poseer una tecnología mucho más avanzada.
Al respecto, el Banco Mundial (BM) emitió a principios de enero un informe sobre la pobreza en los países subdesarrollados, titulado ‘El comercio agrícola global y países en desarrollo’, compilado por M. Ataman Aksoy y John C. Beghin. El estudio afirma que el desmantelamiento de barreras arancelarias y subvenciones, medidas necesarias para reducir el índice de pobreza, están al alcance de la mano, pero la industria agrícola y sus asociaciones son muy poderosas en las naciones de mayor riqueza y sólo de la voluntad de éstas depende el éxito de las reformas.
Agrega que si no se reduce el nivel de protección en esos países, el aumento de la productividad en el sector de agricultura dará paso a la sobrepoducción y la reducción de los precios de muchos productos básicos, lo que socavará los esfuerzos de los países pobres orientados a ampliar las exportaciones y aumentar los ingresos en las zonas rurales -donde habita casi el 70% de las personas pobres de los países en desarrollo-.
No parece, sin embargo, que la política de EE.UU vaya a girar drásticamente a corto plazo. El lunes 7 de febrero, la administración de George W. Bush entregó al Congreso la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2006, cuya fecha de inicio es octubre de este año. Ahí figura una rebaja en los subsidios agrícolas del 9,6% (587 millones de dólares), si bien no está contemplada como medida de equilibrio frente a los países latinoamericanos firmantes de los TLC, sino como parte de reducción del déficit público -que también afecta a medio ambiente, transporte, vivienda, ayudas sociales…- cuyas previsiones para el final del año contable 2005 sería de 427.000 millones de dólares.
Este contrato comercial que es el TLC es el que se aplicará también a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, afectando a cada cual en función de sus características socioeconómicas. Pero, los pilares de funcionamiento son los mismos. Uno, es el descrito en torno a la progresiva reducción arancelaria. Otro, es el de los derechos de las empresas. Así, las firmas de EE.UU gozarían de los mismos derechos que las empresas nacionales, que dicho de manera aséptica se asemeja a la ecuanimidad. Y no es así, dada la gran diferencia en capital financiero y desarrollo tecnológico de las del norte respecto a las centroamericanas.
Por los TLC, las grandes compañías estadounidenses podrán optar, en el mismo plano que las nativas, a los concursos emitidos por las instituciones públicas y a la apertura de servicios públicos al sector privado. Si hubiera algún tipo de conflicto, los Tratado de Libre Comercio establecen que los tribunales internacionales serán los encargados de resolver las posibles controversias entre los Estados y las empresas. Esto equivale a anular la competencia de las instancias judiciales del país en cuestión.
Proteger la salud
Uno de los sectores más sensibles es el de la salud, con el más que evidente miedo a la privatización de este servicio y al establecimiento de patentes sobre medicamentos esenciales. Baste recordar que la OMC (Organización Mundial del Comercio), en función de los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio, establece derechos sobre los medicamentos, otorgando a las industrias farmacéuticas que los producen el derecho de producción exclusiva por 15 años a partir de los cinco años de trámite para la obtención de una patente.
Siguiendo esta pauta, los TLC auspiciados por EE.UU con Centroamérica y la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Perú y Colombia; Bolivia se mantiene como observador hasta que no se resuelva el espinoso asunto de la ley de hidrocarburos) aún va más lejos. Primero, patentes por más de 20 años (la OMC establece 15 años); segundo, implantar las patentes de segundo uso, es decir, cuando a un medicamento se le descubre una segunda propiedad puede establecerse otro período de ‘protección’ añadido; tercero, las patentes sobre cambios en la forma de presentación, por ejemplo, cuando pasa de tableta a ampolla; cuatro, la protección exclusiva de los datos, con lo que las autoridades sanitarias nacionales no podrán sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar durante cinco, ocho o diez años. Y, por último, el impedimento de importaciones paralelas.
Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo saltar de inmediato la voz de alarma, puesto que la población con menores recursos no podría tener acceso a los fármacos por tener un precio muy elevado y, de otra parte, los estados gastarían más en salud al retrasarse la aparición de los genéricos. La salud no se puede negociar con el mismo rasero que cualquier otro bien comercial, sentenció MSF.
Al final de la séptima ronda negociadora, celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 7 y el 11 de febrero últimos, no hubo acuerdo ni en esta negociación ni en lo concerniente al sector agrícola, por lo que se ha dispuesto una negociación adicional en Washington a partir del 14 de marzo, que sirva para limar asperezas de cara a la octava y definitiva ronda en Perú el 18 de abril. En la agenda, además, ya están cerrados encuentros bilaterales: 9 y 10 de marzo con Perú; 16 y 17 con Ecuador y 21 y 22 con Colombia. Los temas a descongestionar son los de propiedad intelectual (patentes), agricultura, aduanas, textiles e inversión, entre otros.
Los otros contactos
Los movimientos dentro de las economías de América Latina no dialogan sólo con su gran vecino del norte, sino también con la UE. El proyecto del ALCA es uno más, si bien el más ambicioso. Como contrapeso actúa sobre todo el Mercado Común del Sur ( MERCOSUR, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más los asociados Bolivia, Chile y Perú) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN, compuesta por Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia). Otros acuerdos son los plasmados en la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el ya mencionado arriba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, EE.UU y México, conocido por TCLAN o NAFTA).
El MERCOSUR tiene previsto reanudar las negociaciones con la UE en abril. De nuevo, la discrepancia agrícola no parece fácil de sortear, pues es bien conocido que el presupuesto de la UE destina, aproximadamente, un 50% del global a las ayudas agropecuarias y no parece que la política europea vaya a cambiar a corto plazo con la incorporación reciente de diez nuevos países del este europeo, donde la agricultura ocupa una amplia franja de sus economías y su nivel de desarrollo está lejos de la media europea del resto de los países miembros.
La CAN quiere iniciar en noviembre las negociaciones formales para la firma de un TLC con la UE. En los próximos meses, una comisión ad hoc CAN-UE analizará los detalles, según conclusión de la reunión sostenida a mediados de enero. «Nuestro objetivo es que este proceso pudiera completarse con miras a la cumbre (UE- América Latina y Caribe) de Viena del 2006 (mayo)», declaró el secretario general de la CAN, Allan Wagner.
Por último, también interactúan los acuerdos bilaterales. El 1 de febrero reciente entró en vigor los beneficios arancelarios entre Colombia, Argentina y Uruguay, a los que se sumarán Brasil y Paraguay. Se espera que este compromiso sea total entre la CAN y MERCOSUR antes de finalizar el semestre actual. Algo parecido se intenta en Centroamérica, que por un lado espera la llamada de la UE y por otro debate para alcanzar una Unión Aduanera entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las negociaciones quedaron estancadas a principios de año, para cuyo desbloqueo se ha solicitado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) una propuesta de armonización arancelaria.
Contactos a varias bandas
Eran las tres de la madrugada del 17 de diciembre de 2004 cuando la cámara legislativa de El Salvador aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Tras El Salvador, los siguientes en la lista son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Ya se va con retraso, pues las previsiones eran que los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de ellos echaran a andar a principios de 2005. Y del 7 al 11 de febrero se celebró la séptima ronda negociadora de EE UU con Perú, Ecuador y Colombia en la ciudad de Cartagena (Colombia). El objetivo: extender los TLC bilaterales a países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hacia finales de este año para, sumados a los centroamericanos, conformar el gran sueño del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), a imagen y semejanza del Área de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos, que opera desde 1994.
