El proceso para la tramitación de la, conocida popularmente, Ley de Memoria en el Parlamento español, nos ha dejado dos elementos que creo son de suma importancia para comentarlos en estas páginas: la creación de una coordinadora estatal de entidades que trabajan el tema, y el rechazo en la Cámara de los tres textos alternativo presentados y debatidos el pasado día 14 de diciembre

El rechazo al texto propuesto por el gobierno socialista ha sido capaz de reunir a la mayoría de las entidades, de ámbito estatal, pero también regionales y locales, que participan en la labor de recuperar la memoria e historia perdida de este país, además de reivindicar los derechos ciudadanos de las víctimas de la dictadura, donde entra también, como una parte más, la rehabilitación o reconocimiento moral; pero no sólo moral. Las entidades reunidas por primera vez en Barcelona el 18 de noviembre, demandan una ley integral reparadora que comenzase por declarar nulos los juicios y las sentencias de los tribunales franquistas y concluyesen con la eliminación de la simbología fascista en las calles y edificios de nuestro país. Un recorrido reivindicativo que se sintetiza en los trece puntos mínimos que ya publicamos en el número de noviembre de Mundo Obrero (MO 182, pag. 3).

Fundaciones, asociaciones y diferentes plataformas de diversas tendencias y planteamientos políticos (desde camaradas nuestros hasta republicanos de izquierda, socialistas con o sin carné pero republicanos también y otras gentes sin ideario específico), hasta un total de 118, quieren trabajar, con una sola voz, la mejora del texto propuesto por el Gobierno y que ya ha entrado en la fase de propuestas para su enmienda. «Unidos podemos» es el eslogan acordado para esta campaña de la que, hay que señalar, se han descolgado ciertas entidades, convertidas ya en la marginalidad del frente reivindicativo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), integrada en la Coordinadora, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional denunciando la desaparición de al menos 30.000 personas hasta 1948, las mismas que, entendemos, permanecen aún enterradas en cunetas, campos y fosas comunes por toda la geografía
española.

Volviendo al texto de la Ley, y como se viene diciendo desde tiempo atrás, los mínimos presupuestos que para el PCE debe tener el documento de una aceptable propuesta los hemos publicado ya en estas páginas de Mundo Obrero, los hemos debatido en los medios y tribunas que nos lo han permitido, los hemos llevado a foros para divulgarlos y explicarlos (sintetizados en los 13 puntos mínimos mencionados) e incluso se los hemos remitido por escrito a los grupos políticos del Parlamento; cuatro nos contestaron, PP y CiU acusando recibo, ERC señalando que tenían una propuesta alternativa, e IU-ICV, que proponían trabajar en conjunto una enmienda a la totalidad y las enmiendas al texto del Gobierno. Del resto de grupos no sabemos nada hasta la fecha. Para ser justo, se ha de señalar aquí que las propuestas remitidas por los camaradas directamente desde la Secretaría del PCE o desde las entidades en donde trabajamos y del propio Foro por la Memoria (que ha tenido un papel fundamental, sobre todo aportando el basamento jurídico en cuanto a lo propuesto para las exhumaciones y la anulación de juicios), han sido recogidas, con más o menos acierto, por nuestro Grupo Parlamentario y que, además, en un proceso amplio y abierto, también se ha brindado la posibilidad de debatir con otras entidades no comunistas esta cuestión concreta.

El resultado de la primera parte del trabajo institucional ya lo sabemos: rechazo de texto alternativo de IU por todos los grupos salvo por el nuestro. Y una primera conclusión: el Gobierno no ha variado un ápice su postura ambigua de reconocimiento del franquismo como un mal menor.

Y en los planteamientos de los miembros del Gobierno, y de los portavoces del PSOE, se siguen manteniendo preceptos antagónicos a nuestros planteamientos de base: María Teresa Fernández de la Vega insiste en el derecho de las personas represaliadas a recuperar su memoria individual. La memoria es individual siempre, señora ministra, pero se hace colectiva porque recupera hechos y acciones sufridos (el sufrimiento también es individual) por personas que formaban parte de un colectivo, los republicanos reprimidos, cuya memoria individual, al unirse en sus elementos comunes, se hace colectiva y por tanto historia. La historia que muchos y muchas ciudadanos/as pretendemos recuperar y que esta ley no permite. El honor y la dignidad de las personas se restaura no sólo con el reconocimiento moral reseñado en su BOE correspondiente, sino con reparación política, jurídica y social en todos sus aspectos y eso pasa por declarar ilegales los tribunales franquistas y, por tanto, sus sentencias. El no hacerlo es el reconocimiento, de facto, del estado franquista, no como un paréntesis en el desarrollo democrático de nuestro país, sino como el antecedente natural del sistema político de ahora. Y eso es grave en términos políticos y un error histórico imperdonable por injusto, que se saltaría por encima los acuerdos y resoluciones internacionales, comenzando por las declaraciones y conclusiones de Nüremberg (1946).

Aún queda un proceso institucional, que presume de ser largo, de negociación, para las enmiendas parciales, proceso en el que estaremos atentos y participando colectivamente, defendiendo nuestros planteamientos hasta el último día.

* Secretaría Memoria PCE