En Latinoamérica un 10% de ricos se lleva, de media, el 36% de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40%. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre.

Muchos de ellos fallecen antes de cumplir los cinco años.

El 60% de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16% de su población en el extranjero.

Pero llegó Evo y mandó a parar
El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54% , algo inusual en la democracia boliviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como «el país que quiere existir».

Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.

La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90% de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. «Nacionalizaciones, no expropiaciones», como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.

Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia – 60% de pobres- en los últimos 25 años. No sólo por el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada ‘Goni’, quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.

¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.

El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin «agua de boca» y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.

Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.

Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.

El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó «Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural».

¿Y cómo lo hacemos?
En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Si esos ¡cinco millones de hectáreas! están improductivas es porque sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o porque son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas….

El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.

La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada «Media Luna», los departamentos ricos y ‘rebeldes’, que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado ‘Salario Dignidad’ establecido por el Gobierno para los ancianos. Esos departamentos ricos que están proclamando sus ‘autonomías’ de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95%de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese ‘neolatifundio’ improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60% de la población en la pobreza.

Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el ‘empleo sostenible’ de la tierra y definen su ‘función económico social’ y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada…hasta hoy.

Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.

Recuperar los recursos naturales
Bolivia fue expoliada por la metrópoli española, que vació sus minas de plata (¡vale un Potosí!) en las que dejaron la vida miles de indios. Y otros chupasangres criollos (¡Patiño!) se ventilaron el estaño. Ahora a Bolivia le estaban succionando el gas y el crudo y no daban ni las gracias. Por eso la revolución democrática que llevó ‘al Evo’ hasta el Palacio Quemado, tenía que evitar que el latrocinio culminara, dejando a Bolivia completamente exangüe.

La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país.

Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.

Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.

Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo.

En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.

La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.

El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación….El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.

* Periodista, elabora el blog
especializado en información
sobre Latinoamérica
http://pepitorias.blogspot.com