El sistema fiscal constituye un eje preeminente de la política neoliberal. Tan crucial como la cuestión de los salarios, la flexibilidad y «precarización» del mercado laboral, la contención del gasto público y el acoso a las prestaciones sociales. Es fácil entender el papel decisivo que desempeña el sistema fiscal.

Por un lado, se trata de determinar quién sostiene al gasto público, y el espectro de las combinaciones oscila entre que sean los impuestos sobre los salarios y el consumo de los trabajadores y que sean los capitalistas a través de los beneficios de las empresas y las rentas del capital. Entre uno y otro extremo existe una gran diferencia, que influye en la distribución del producto social entre los salarios y el excedente o plusvalía. Por otro lado, se trata de determinar el nivel del gasto público, esto es, la atención que recibe la inversión, el consumo y los servicios públicos y el esfuerzo de redistribución que lleva a cabo el Estado por medio de las prestaciones sociales, como las pensiones, el seguro de paro, la atención a los sectores marginados, etc.

Con el desarrollo del neoliberalismo se ha producido una regresión intensa en la conformación del sistema fiscal, en el doble sentido de que cada vez las cargas las sostienen en mayor medida los trabajadores, y se ha producido igualmente un retroceso en el peso del Estado en la economía, medido como el porcentaje que los gastos públicos representan en el PIB. Todo ello en coherencia con los criterios del neoliberalismo – realzar el mercado, desalojar de la economía al Estado- y el interés subyacente de su política de reducir en todo lo posible la participación de los salarios en el producto social. Este interés, naturalmente, responde a su vez a la conveniencia de la burguesía por lograr el aumento del excedente y la tasa de rentabilidad del capital, pero también a la necesidad que impone el desarrollo de la globalización y la exacerbación de la competencia en todos los niveles, pues, dado todo lo demás igual, las mercancías de un país serán tanto más competitivas cuanto más bajos sean los salarios y menores los gastos sociales que incorporen los bienes y servicios intercambiados.

Monta tanto, tanto monta, PP como PSOE
En nuestro país, esta orientación de la política fiscal la llevó a cabo el PSOE cuando gobernaba González, la profundizó durante sus dos legislaturas el gobierno de Aznar y la ha proseguido con entusiasmo el actual gobierno de Zapatero. Nada que objetar a la política del PP y los respaldos que obtuvo de los nacionalistas burgueses para introducir cambios fiscales regresivos, salvo la poca resistencia social y sindical, si alguna, que tuvieron. Fueron elegidos para eso. En cambio es muy criticable que el PSOE haya recorrido los mismos surcos cuando sus victorias electorales descansan en el apoyo otorgado mayoritariamente por los trabajadores. Cuando a modo de reproche al PSOE se le acusa de social liberal, el epíteto tiene plena justificación, sobre todo en lo que atañe a la política fiscal, si bien, la política general económica y social del PSOE y del PP son prácticamente coincidentes.

Aunque no se trata de exponer en estas líneas las sucesivas medidas y reformas adoptadas en los últimos tiempos, para mostrar la regresión sufrida por el sistema fiscal, si cabe referirse como botón de muestra a la evolución del IRPF, sobre el papel la base de la progresividad del sistema por gravar la renta personal con un tipo impositivo creciente. Hace unos años, el tipo marginal máximo, es decir, el tipo al que tributaba toda la renta a partir de cierto nivel era del 56%. Tras sucesivas rebajas, ahora el tipo máximo es sólo del 43%. Este tipo se aplica para una base imponible de sólo 52.360 euros anuales, esto es para rentas apenas de nueve millones de pesetas, una cifra que puede representar un buen salario pero que es una cantidad ridícula para los contribuyentes con rentas elevadas, los cuales han visto disminuir el tipo máximo en pocos años en nada menos que 13 puntos. Completando este dato básico, que muestra el achatamiento del impuesto, su pérdida de progresividad, en la actualidad, las rentas obtenidas como plusvalías, ganancias de capital por la compraventa de activos, están gravadas a un tipo fijo del 18%, lo que significa que los salarios altos, los de más de nueve millones anuales, o las clases medias, tributan 25 puntos más que la rentas obtenidas del capital, especulativo o no.

No añadiremos más datos, pero lo ocurrido en el impuesto de sociedades, las cotizaciones sociales, el impuesto sobre el patrimonio, la distribución de impuestos directos e indirectos, etc. todo apunta en el mismo sentido. Con todo, si debe subrayarse que el afán contrarreformista del PSOE y del PP ha tenido lugar en un país que, por su tardía incorporación a la fase de intenso crecimiento capitalista que siguió a la Segunda Guerra Mundial y por su retraso histórico, siempre tuvo un sistema fiscal muy injusto y poco desarrollado, lo que significa, visto desde el lado de los gastos públicos, que el Estado del Bienestar fue siempre menesteroso y escuálido. A la hora de imponer un sistema fiscal progresista nuestro país se mantuvo retrasado, pero a la hora de adoptar recortes siguiendo el neoliberalismo imperante se ha estado entre los países más aplicados. Por otra parte, y esto atañe a los últimos tiempos del gobierno socialista, las últimas reformas emprendidas se han hecho con una situación muy equilibrada de las cuentas públicas, incluso con superávit, y una evolución económica favorable. En esta situación, en lugar de aprovecharse las buenas condiciones superar las carencias en todos los ordenes del gasto y las prestaciones públicas -sanidad, educación, pensiones- se ha optado por reducir los ingresos, concretamente los impuestos sobre las rentas altas y el capital.

Con demagogia todo es posible
Como algo irremediable, con la llegada de la campaña electoral el tema de los impuestos ha cobrado ya un lugar preferente en las ofertas de los dos grandes partidos. Las propuestas insensatas están al orden del día y la demagogia gana posiciones. En campaña electoral vale todo y todo es posible. Así, el PP, en su intento de dirigirse al centro y de hacer olvidar su siniestro comportamiento en la legislatura, ha levantado dos medidas posibles pero contradictorias si se pretende que el saldo de las cuentas públicas no se vea afectado. Por el lado de los impuestos, propone suprimir la obligación de declarar el IRPF, y por tanto eliminar las retenciones a cuenta de los salarios, para los contribuyentes que obtengan menos de 16.000 euros anuales. Por otro lado, ante la vergüenza, dice el PP, del nivel de las pensiones mínimas, propone elevarlas 150 eur. mensuales. Nada que objetar a estas medidas, salvo el retraso con que se anuncian, después de gobernar ocho años en una buena situación económica, y el demagógico espíritu con que se proponen: bastaba ver la forma de aplaudir de los dirigentes del partido en la asamblea en que se anunció la subida de las pensiones para concluir que el asunto no va con ellos. Como hasta la izquierda más moderada no cree ni se fía del PP, poco hay que añadir a las propuestas electorales del PP: si con la mano izquierda otorgan algo, con la mano derecha lo recuperaran.

Más peligroso es el PSOE. La estupidez esa de que bajar los impuestos es de izquierdas es un principio de su política fiscal y es un discurso que propaga peligrosamente entre una ciudadanía desideologizada y entre gente de la izquierda de pensamiento débil. Cuando tantas infraestructuras, servicios y prestaciones públicas están por atender o por alcanzar un nivel de atención digno, insistir en bajar los impuestos es profundamente reaccionario, y también engañoso: lo que los ciudadanos no sufragan con impuestos lo pagan multiplicado por otros medios (piénsese en el precio de al vivienda). Pero en el PSOE la doctrina va en serio: la práctica de bajar los impuestos y competir con el PP a ver quién resulta más convincente y rotundo en las propuestas así lo prueban.

La oferta clave fiscal para la próxima legislatura por parte del PSOE es la eliminación del impuesto sobre Patrimonio. Como impuesto progresivo no hay otra figura que se le pueda comparar, pues combina gravar los patrimonios a partir de cierto nivel con tipos impositivos progresivos. Sin embargo es nuestro país no ha pasado de ser un impuesto simbólico -unos 1300 millones de euros anuales-, por su laxa configuración, un enorme fraude reconocido y las vías de escape al pago que la propia legislación ha creado para los patrimonios importantes. De los 900.000 contribuyentes, apenas 727 declararon en 2004 poseer un patrimonio superior a los 10 millones de euros y solo 132 más de 30 millones: esto da una idea del carácter casi ficticio de impuesto, a lo que se agarra el PSOE para decir que puesto que sólo lo pagan algunos sectores de las clases medias es progresivo eliminarlo (cosa que es solo una verdad a medias, pues la recaudación proviene en una buena parte de los altos patrimonios). Con el desparpajo al que nos tiene acostumbrados Zapatero, redondeada este argumento diciendo que las clases más altas encuentran diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión», como si la cuestión no fuese con el jefe del gobierno. La recaudación y la capacidad redistributiva del sistema no se van a menoscabar por la eliminación del impuesto sobre patrimonio actual, pero como símbolo de la orientación fiscal del gobierno socialista de Zapatero la medida no tiene parragón.

IU ha mantenido una posición crítica a las reformas fiscales aprobadas en el pasado, sabiendo que la brecha de los gastos sociales en nuestro país, en comparación con los más avanzados de la Unión Europea, es enorme y sólo puede cerrarse a través de un mayor esfuerzo fiscal que, naturalmente, debe distribuirse más equitativamente que en la actualidad. Sin embargo, toda la autoridad moral se han desvanecido por el respaldo sistemático que IU ha dado a los presupuestos del PSOE de cada año, los cuales plasmaban las reformas criticadas. A la hora de la verdad, IU no ha mantenido el tipo, el tipo de una fuerza política de izquierdas consecuente y autónoma del PSOE, de modo que todas sus propuestas fiscales para la próxima legislatura no pasarán de ser un brindis al sol, teniendo en cuenta la orientación que se ha marcado el PSOE y la declarada disposición del núcleo de dirección de IU a seguir fielmente respaldando al PSOE en la nueva legislatura o salvándolo de cualquier dificultad parlamentaria, como el apoyo al final al Presupuesto de 2008, tras rechazo en el Senado. A las renuncias políticas se les llama a veces, eufemísticamente, «responsabilidad política», pero deben engañar ya a poca gente.

* Economista