El pasado 18 de abril el Consejo de Ministros aprobó el llamado Plan de Estímulo Económico (2008 – 2009), un conjunto desordenado de medidas para hacer frente a la crisis económica.

El grueso del Plan, valorado en 16.000 millones de euros, corresponde a rebajas fiscales, entre ellas la reducción de 400 euros lineales en el IRPF y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Aparte de eso, se contienen varias medidas de ingeniería financiera como la titulización de activos hipotecarios.

Si durante los últimos años el Gobierno se ha empecinado en prolongar el modelo económico heredado del Partido Popular, ahora se resiste a reconocer la verdadera magnitud de la crisis y a encararla con propuestas realistas y de contenido social. El Fondo Monetario Internacional ya ha advertido que este año nuestra economía crecerá entorno al 1´8%. Y es una realidad indiscutible que cuando las economías crecen por debajo del 2% el desempleo se dispara.

La desaceleración económica, provocada por la especulación inmobiliaria (que ha agotado la capacidad de gasto de las familias), traerá consigo el cierre de empresas. Numerosos trabajadores, atenazados por la pérdida de sus salarios y por hipotecas indecentemente elevadas, se enfrentan a un riesgo serio e inmediato de perder sus viviendas. Comparada con crisis anteriores ésta puede tener un coste social especialmente intenso por la presencia de un fenómeno hasta ahora inédito en la historia de la economía española: el excesivo endeudamiento de las familias, consecuencia directa de la burbuja inmobiliaria que desde 1999 se desarrolló ante la impasibilidad de los sucesivos gobiernos. Si en 1995 la deuda de los hogares suponía el 40% del PIB hoy roza ya el 100%.

El libre mercado nos ha conducido a esta situación crítica, y por ello es legítimo y oportuno demandar una presencia más activa del Estado, restituyendo a nuestra economía parte de la racionalidad y del equilibrio perdidos durante la orgía especulativa.

Nuestra economía necesita un Plan que permita encarar la crisis en tres dimensiones.
En primer lugar, que estimule la Demanda Agregada y por tanto contribuya a suavizar la caída del PIB. Ciertamente la crisis a la que nos enfrentamos trasciende nuestras fronteras (porque también en EEUU y Gran Bretaña ha habido burbujas inmobiliarias) y, en consecuencia, no tendría sentido tratar de escapar a la fase crítica que está experimentando el capitalismo mundial. Pero sí es viable intervenir para reducir su intensidad. El Gobierno debería abanderar en los foros internacionales, políticas económicas activas así como el abandono de posiciones dogmáticas (como el equilibrio presupuestario o la política monetaria restrictiva) que no hacen sino imprimir un sesgo recesivo a la economía. Muy a nuestro pesar, el Banco Central Europeo (BCE) es independiente… pero independiente no significa sordo y, por la misma razón, nuestro Gobierno no debería enmudecer ante la indiferencia que el BCE muestra ante el curso crítico de los acontecimientos. El Gobierno español debería sumarse a las voces que claman una bajada de tipos. Incluso el Congreso podría hacer un llamamiento en ese sentido.

En segundo lugar, el Plan debería tener un mayor contenido social, esto es, atender a los más vulnerables frente a la crisis (los trabajadores en precario), paliando su pérdida de renta mediante ayudas directas y una mayor provisión de servicios públicos, complemento indispensable del salario directo. Esta estrategia es complementaria con la anterior: si el Estado debe gastar más ¿por qué no hacerlo en bienes y servicios socialmente útiles como la ampliación y mejora de las prestaciones sanitarias, Escuelas Infantiles, Ley de Dependencia…? Actividades que además son todas ellas intensivas en factor trabajo.

En tercer lugar, el Plan debería sentar las bases para reducir la probabilidad de nuevos episodios especulativos (ya sean inmobiliarios, bursátiles)… episodios que tanta fascinación generan en el corto plazo y que tan alto coste económico y social tienen en el largo plazo.

Esta estrategia puede acometerse en dos vertientes. De una parte incrementando el gasto en I+D+i, potenciando la investigación pública mediante la incorporación de nuevos investigadores y reduciendo la precariedad que hoy abunda en las instituciones públicas dedicadas a la investigación. En definitiva cambiar la economía del ladrillo por una economía competitiva. Y de otra parte mediante una reforma fiscal progresista que reduzca el atractivo fiscal de los beneficios procedentes de las actividades especulativas. No debe tributar igual la renta procedente del esfuerzo que la renta procedente de la especulación.

Lamentablemente, las reformas tributarias del PP y del PSOE han servido para engrasar los resortes de la maquinaria especulativa.

Penalicemos las rentas especulativas.
Pero el Gobierno ha preferido instrumentar una política muy como expansiva e, incomprensiblemente, fiscalmente regresiva, mediante rebajas impositivas que ni ayudan a estimular la economía ni mitigan el coste social de la crisis. Es como si el Sr Solbes realmente creyese, para desgracia nuestra, que nos enfrentamos a una inofensiva desaceleración pasajera.

El grueso del Plan lo constituye la ya famosa rebaja fiscal de 400 euros en el IRPF. Aunque agregadamente supone una cifra muy significativa (6.000 millones de euros), su impacto sobre la Demanda Agregada va a ser mínimo, por no decir nulo. Y es que en materia presupuestaria no sólo importa cuánto se gasta sino cómo se gasta. No todos los canales a través de los cuales el Estado moviliza recursos tienen el mismo impacto en la Demanda Agregada, porque no todos afectan por igual al poder adquisitivo de los ciudadanos. En general, en épocas de incertidumbre, las transferencias de renta son poco estimulantes. Dado el alto nivel de endeudamiento hipotecario una ayuda de 400 euros es absorbida de inmediato por los propios bancos acreedores: el ciudadano ni los va a ver y, en consecuencia, no va a aumentar el gasto ni el PIB. Los mismos bancos que se jugaron la liquidez en el bingo inmobiliario drenarán no sólo esos recursos, sino también los que se pretenden movilizar mediante la reforma de la liquidación del IVA. Por el contrario, esos mismos 6.000 millones empleados en la construcción de un hospital crean miles de puestos de trabajo (directos + indirectos). A ello hay que añadir el carácter profundamente regresivo de la medida: ¿Por qué devolver 400 euros a alguien con una renta de 50.000 euros?

La ayuda podría al menos haberse modulado en función de la renta de los sujetos pasivos: eliminarla para los sujetos de más renta y aumentarla a los de menos renta. De hecho, los ciudadanos de menor renta, al no tributar en el IRPF, no percibirán ni uno solo de los 400 euros.

Además el Plan contiene la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, una medida que supone renunciar a 1.800 millones de euros de recaudación. Y sin embargo no se acomete con seriedad el problema del endeudamiento familiar: sin solucionar el problema del endeudamiento familiar no es posible afrontar la crisis: es necesario desactivar la bomba hipotecaria. El Gobierno opta por alargar el vencimiento de los créditos hipotecarios aligerando así la carga mensual que soportan las familias. Lo malo es que la mayoría de los créditos se firman ya a plazos muy largos (25 – 30 años) así que nuevos alargamientos no reducirán significativamente la carga mensual. Por mucho que se alargue la soga la horca sigue siendo la horca.

Hubiera sido más eficiente económicamente reforzar el Impuesto de Patrimonio, y tomar medidas efectivas contra el fraude fiscal dotando así un Fondo de Rescate Hipotecario con cargo al cual amortizar porciones significativas de las cantidades adeudadas por las familias de menor renta. Y hubiera sido más ético porque obligaría a quienes se enriquecieron injustamente con la burbuja inmobiliaria a compensar a sus víctimas: los trabajadores que se vieron obligados a pagar cantidades injustificadas e indecentes por sus viviendas.

* Juan Francisco Bellod Redondeo,
Doctor en Economía