El pasado 1 de diciembre el Gobierno hizo público su anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que, en la práctica, es una constelación de propósitos inconexos y que difícilmente podrán articular un cambio significativo en el modelo productivo tan negativo que ha acompañado el desordenado crecimiento de la economía española en las últimas décadas, y que es el responsable de la gravedad y profundidad de nuestra crisis económica.

El primer elemento crítico de envergadura es que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no responde a un análisis previo conocido de los factores fracasados del actual modelo de desarrollo. De la lectura del mismo puede deducirse que las preocupaciones del Gobierno se decantan por una autentica ansiedad por la desregulación y la liberalización de los servicios, una panoplia de medidas de garantía, más aparentes que reales, frente a ciertos abusos de las instituciones financieras sobre algunos de sus productos, un relativo impulso a las energías limpias y una adaptación del sistema educativo a las necesidades de las empresas -no a las del desarrollo sostenible-. Este índice refleja, sin duda, una comprensión muy escasa, de las ineficiencias del actual modelo.

La segunda cuestión es que entre los objetivos del modelo propuesto no está la creación de empleo. Hay una confesión de entrada, explicada en el artículo 3 del anteproyecto, según la cual los principios que rigen la propuesta son: competitividad e innovación en las empresas; eficiencia energética, promoción de energías limpias y tratamiento de residuos en el terreno de la sostenibilidad mediomabiental; estabilidad de las finanzas públicas (es decir, limitación del déficit), racionalización de la construcción residencial, mejora de la educación e impulso de la formación continua y, finalmente, una vaga mención al fortalecimiento del Estado social que, inmediatamente se explica como avance paralelo y armonizado del progreso económico con la mejora de las prestaciones sociales y su financiación. Por ninguna parte, creación de empleo y ello en un país donde el paro es el doble de la media de la Unión Europea.

La tercera cuestión es la débil financiación pública que el anteproyecto recoge. Hay que tener en cuenta que los 5.000 millones de euros destinados al mismo ya han sido adelantados en octubre de 2009 y tienen una finalidad precisa: prorrogar el Fondo Local para el Empleo (dentro del mismo se atienden incluso las insuficiencias actuales de liquidez de los Ayuntamientos para hacer frente al gasto corriente con un montante que puede llegar al 25% de los recursos del Fondo); por tanto es una cantidad ya aplicada y de limitada vinculación con los objetivos del anteproyecto. Los 20.000 millones restantes constituyen recursos financieros a proveer por el ICO y las instituciones de crédito durante 2010 y 2011. No parece claro qué recursos va a utilizar el Gobierno para que esos créditos sean efectivos, vista la voluntad actual de Bancos y Cajas.

Unos objetivos demediados
Como en la célebre novela de El vizconde demediado de Italo Calvino, el Gobierno nos presenta un anteproyecto del que sólo es visible su parte derecha. Y cuando coloca el horizonte temporal, la levedad de las propuestas cobra una dimensión significativa. Ese horizonte es el 2020 y Rodríguez Zapatero pretende situar a España como una economía avanzada en comparación con sus principales socios europeos. Pero, de nuevo, se vende humo, pensando que el ciudadano no va a entrar en la lectura de la letra pequeña. El detalle de algunos de esos objetivos es ilustrativo: por ejemplo, en cuanto a deuda pública, estaremos como ahora. En mercancías transportadas por ferrocarril, 8 puntos más bajos en 2020 que lo que ya era la media de la UE en 2007. En viviendas en alquiler, 9 puntos más bajos en 2020 que lo que ya era la media de la UE en 2007. En inversión en rehabilitación, 2 puntos más bajos dentro de 10 años que la media de la UE el año pasado. En uso intensivo de la energía prácticamente en el mismo nivel que la UE actualmente.

En tasa de empleo sólo 4 puntos por encima dentro de 10 años que la media de la UE el año pasado; en tasa de temporalidad aún un punto por encima dentro de 10 años que la media en 2008 de la UE

El problema es que dentro de 10 años es previsible que nuestros principales socios económicos estén mucho más allá de estos objetivos que ya son raquíticos hoy y sólo muestran la obsolescencia de nuestro modelo productivo y la timidez del Gobierno en sus objetivos en cuestiones centrales como el empleo, la vivienda en alquiler, el transporte de mercancías y el uso de la energía.

Pero todos esos objetivos se sitúan en el altar de la llamada competitividad de la economía española. Un concepto ambivalente que, en manos de la patronal y del Gobierno, sólo se traduce en recorte salarial, desregulación laboral y enfrentamiento de unos trabajadores contra otros. Lástima que, a veces, los sindicatos compren esta versión sin demasiadas objeciones. Parece más ajustado y correcto hablar de las ventajas o desventajas comparativas de unas economías con relación a otras o de unas empresas y productos con relación a otros. Con ese enfoque, el anteproyecto de la LES vuelve a ignorar algunas de las principales desventajas de nuestros productos y de nuestras empresas a la hora de competir: mayores costes financieros y dificultades para el crédito, fuertes costes inmobiliarios, falta de calidad, escasa innovación y adaptación del producto al mercado, gestión deficiente, servicio post-venta mediocre, y una cultura empresarial cortoplazista, entre otros. Con estos mimbres es bastante difícil que la economía española esté en condiciones de recuperar sus ventas en los mercados exteriores cuando la recuperación de nuestros socios, si se produce con fuerza suficiente, lo permita.

Ignorando la economía
sumergida
Otra de las ausencias notorias del anteproyecto de la LES es la lucha contra la economía sumergida. ¿Es viable un modelo productivo donde una cuarta parte de los bienes y servicios de la economía estén en negro? El daño sobre la calidad del empleo, los derechos laborales y la competencia desleal sobre quienes cumplen sus obligaciones legales y fiscales son inasumibles y convierte cualquier buen propósito en un castillo de naipes. Tanto CC.OO. como UGT han subrayado con fuerza esta carencia, haciendo ver que el rey está desnudo con la frase «la economía sostenible es incompatible con la economía sumergida».

Por otra parte, el anteproyecto de LES carece de referencias significativas al desarrollo del sector agroalimentario con lo que eso representa en un país como España y teniendo en cuenta el carácter estratégico que tiene la soberanía alimentaria y la trascendencia social de mejorar el habitat rural, la empresa familiar agraria y el cooperativismo.

Un pacto educativo para la derecha y la Iglesia
Finalmente, es necesario reconocer que hay un alto grado de consenso con relación a la ineficacia de nuestro modelo educativo, su inadecuación a las necesidades económicas, científicas y sociales y el alto grado de fracaso escolar que genera, aunque las causas más significativas de este último sean de naturaleza extraescolar y principalmente económicas y sociales.

Pero las soluciones adelantas en el anteproyecto de LES no son de recibo. Confirmar la opción del Proceso de Bolonia como la salida para los problemas de la formación universitaria en España y situar la Formación Profesional al dictado de las necesidades de empresas concretas y no del desarrollo sostenible, abundarán en el proceso de mercantilización de la enseñanza, que es una de las causas de la ineficacia del sistema. Máxime cuando el Gobierno propone articular la reforma mediante un llamado Pacto por la Educación que es un llamamiento de acuerdo a la derecha y a la Iglesia para allegar recursos a la enseñanza privada y concertada en detrimento de la pública. Para IU, como ha manifestado claramente nuestra Área de Educación, no puede haber otro Pacto para la Educación que el que tenga que ver sólo con la enseñanza pública y mediante la participación de la comunidad educativa.

Por todo lo anteriormente dicho, la valoración del anteproyecto de LES no puede ser más negativa. Nos encontramos ante una nueva frustración. Cuando parecía que el Gobierno entendía al menos una parte de la crisis y proponía reformas de fondo, nos encontramos con más de lo mismo: desregularización, subordinación de lo público, mero marketing electoral y vista a la derecha.

* Secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida Federal