El reciente conflicto de taxis de Madrid ha sido clara y descaradamente instrumentalizado con fines partidistas, tanto por parte del sector más a la derecha del colectivo profesional como por parte de dos de las administraciones madrileñas -Comunidad y Ayuntamiento de la capital- que casualmente son las que tienen mayores competencias en la regulación de sector.

Ya desde el principio, en la manifestación convocada de dos horas coincidiendo con un paro del sector, se aprecian símbolos fascistas y banderas franquistas portadas por algunos asistentes a los que por lo visto lo que menos les importaba eran las dificultades que atraviesan los profesionales del taxi.

Hay que recordar que la ley que ahora se denuncia, se promulga de acuerdo con el tratado de Lisboa, heredero del tratado de la Constitución europea, y que es la directiva Bolkestein la que propicia el desmantelamiento y privatizaciones de los sectores públicos (de los transportes, en este caso). Es contra ese proyecto de Europa neoliberal contra el que habría que manifestarse, porque en él radica el origen de lo que hoy se hace.

Constituye una burda manipulación afirmar que los males del sector del taxi comienzan y acaban con la actual norma o su polémico artículo 21. Y mucho más en Madrid, porque aquí, al Ayuntamiento y a la Comunidad, tan comprensivas con las últimas movilizaciones de los taxistas, les cabe la mayor responsabilidad en la situación de precariedad creciente que aflige a los trabajadores.

En la Comunidad de Madrid se disponía de uno de los reglamentos del sector más avanzado, basado en la premisa de «un titular, una licencia», que evitaba la acumulación de licencias y cerraba las puertas a la concentración empresarial y a la precarización laboral. Fue la actual dirigente estatal del PP, María Dolores de Cospedal, en aquel entonces consejera regional de transportes, quien, presionada por el lobby de los llamados «floteros», modificó el reglamento para suprimir aquel principio y de paso romper el espinazo a la profesión, amén de legalizar la situación fraudulenta de quienes concentran licencias, explotan laboralmente a los conductores y hacen la competencia desleal a los titulares de una sola licencia.

No es ocioso recordar que la señora Cospedal, hoy tan solidaria, mantuvo contra viento y marea la modificación reglamentaria e hizo oídos sordos a una contundente huelga de taxistas. Aquella modificación fue además recurrida judicialmente, a pesar de que una junta directiva de la federación del taxi salida de una asamblea de cuajada de irregularidades decidiese unilateralmente retirar el recurso.

La responsabilidad de la Comunidad de Madrid, y en particular de la actual secretaria general del PP, es muy grave, y en consecuencia ni la Comunidad ni el PP poseen legitimidad alguna para erigirse en estos momentos hipócritamente en defensores del sector.

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, la responsabilidad es mayor si cabe, ya que su potestad abarca horarios, calendario laboral, régimen disciplinario, establecimiento de paradas, homologación de vehículos etc., sin que haga nada por regular todas las competencias que le corresponden. A lo que habría que añadir una subida claramente especulativa del precio en la venta de licencias, otra competencia del Ayuntamiento.

Tampoco carece de importancia el vacío sindical existente, pues la otra parte del sector -el conservador, donde se encuentran los «floteros»- se haya inmerso en un proceso judicial que ha llevado a tener tres presidentes en dos años. Y el vacío, naturalmente, facilita que un grupo de unos cientos de taxistas, sin detenerse a reflexionar acerca de las causas de sus males, se amotinen azuzados por Ayuntamiento de Madrid y Comunidad, que ven en la movilización salvaje un arma arrojadiza contra el gobierno del PSOE. Al que le caben muchas responsabilidades, sin duda; no en vano impulsa la política neoliberal dominante hoy en Europa con tanta energía como el PP.

Pero las causas profundas y más concretas que afectan a los taxistas vienen de más lejos, tienen unos culpables más cercanos, que son los que han querido justamente aprovecharse del comprensible descontento para sus intereses bastardos.

Los que trabajamos de manera exclusiva un taxi («un taxi un trabajador») debiéramos establecer un espacio sindical propio. Porque nuestros intereses no tienen nada que ver con los que tienen varios taxis, ni siquiera con los que tienen solo uno, pero a la vez tienen un conductor contratado de manera precaria.

* Taxista, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Madrid