El pasado 11 de diciembre, Izquierda Unida presentó en el Congreso su proposición no de ley con las 48 medidas de que consta el Plan Integral de Lucha contra la Corrupción y en favor de la regeneración política. Izquierda Unida concreta unas medidas muy específicas, combinadas con unas serias peticiones de reforma de leyes importantes. IU trasladará también el debate de esta propuesta, con las especificidades correspondientes, a los parlamentos autonómicos donde tiene representación, con la intención de que pueda tener repercusión en todas las administraciones autonómicas y locales.
El Plan Integral, dividido en 8 grandes bloques temáticos busca luchar contra la corrupción desde tres frentes: el de los corruptores, el de los corruptos y desde la transparencia en las distintas administraciones.
El primero de estos bloques de medidas hace referencia a la persecución de los delitos. Se incluyen aquí la ampliación de tipos penales y endurecimiento de las penas para los corruptos, el establecimiento de procedimientos de urgencia para los expedientes en los que se encuentren imputados cargos públicos o la incorporación del ordenamiento legal del Consejo de Europa. Añade la ampliación de la inhabilitación de 30 años mínimo para los cargos públicos condenados por estos delitos, además de la inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos.
Entre las medidas de tipo preventivo está que la Agencia Tributaria pueda investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia, la creación de un registro de aquellos que disponen de billetes de 500 euros o la prohibición de que los bancos tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.
Se reclama también una mayor transparencia e información en los procesos de contratación de las administraciones públicas y en todo lo referente al control externo e interno de la contratación pública y los procedimientos de planteamiento, recalificación y licencia. Se reformaría la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación y evitar que los contratos se troceen de forma injustificadas.
Los alcaldes y concejales tendrán la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público y se deberán desarrollar las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo, con especial atención a las plusvalías.
Pide la regulación de los salarios de los cargos públicos, establecer límites claros en la aceptación de regalos y la incompatibilidad del ejercicio de sus funciones públicas con la realización de otras actividades empresariales o profesionales.
Respecto a los partidos políticos, se apuesta por la modificación de la Ley de Partidos con el fin de que se prohíban las donaciones, además de exigir que se «limiten drásticamente» los gastos electorales.
Se necesita reformar el régimen de aforamiento de los diputados y senadores para impedir que los corruptos puedan aprovechar tu condición de cargo público para proteger delitos de prevaricación.
En materia municipal, IU propone que haya un registro público de recalificaciones de suelo, medidas para que el planeamiento municipal no se convierta en su totalidad en «plusvalías privadas» y que se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general.
Habría que crear un Código Ético que, entre otras cosas, obligue a asumir las responsabilidades políticas que se deriven de los casos probados de corrupción y que se convierta en ley el Pacto Antitransfuguismo.
El pasado 11 de diciembre, Izquierda Unida presentó en el Congreso su proposición no de ley con las 48 medidas de que consta el Plan Integral de Lucha contra la Corrupción y en favor de la regeneración política. Izquierda Unida concreta unas medidas muy específicas, combinadas con unas serias peticiones de reforma de leyes importantes. IU trasladará también el debate de esta propuesta, con las especificidades correspondientes, a los parlamentos autonómicos donde tiene representación, con la intención de que pueda tener repercusión en todas las administraciones autonómicas y locales.
El Plan Integral, dividido en 8 grandes bloques temáticos busca luchar contra la corrupción desde tres frentes: el de los corruptores, el de los corruptos y desde la transparencia en las distintas administraciones.
El primero de estos bloques de medidas hace referencia a la persecución de los delitos. Se incluyen aquí la ampliación de tipos penales y endurecimiento de las penas para los corruptos, el establecimiento de procedimientos de urgencia para los expedientes en los que se encuentren imputados cargos públicos o la incorporación del ordenamiento legal del Consejo de Europa. Añade la ampliación de la inhabilitación de 30 años mínimo para los cargos públicos condenados por estos delitos, además de la inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos.
Entre las medidas de tipo preventivo está que la Agencia Tributaria pueda investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia, la creación de un registro de aquellos que disponen de billetes de 500 euros o la prohibición de que los bancos tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales.
Se reclama también una mayor transparencia e información en los procesos de contratación de las administraciones públicas y en todo lo referente al control externo e interno de la contratación pública y los procedimientos de planteamiento, recalificación y licencia. Se reformaría la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación y evitar que los contratos se troceen de forma injustificadas.
Los alcaldes y concejales tendrán la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público y se deberán desarrollar las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo, con especial atención a las plusvalías.
Pide la regulación de los salarios de los cargos públicos, establecer límites claros en la aceptación de regalos y la incompatibilidad del ejercicio de sus funciones públicas con la realización de otras actividades empresariales o profesionales.
Respecto a los partidos políticos, se apuesta por la modificación de la Ley de Partidos con el fin de que se prohíban las donaciones, además de exigir que se «limiten drásticamente» los gastos electorales.
Se necesita reformar el régimen de aforamiento de los diputados y senadores para impedir que los corruptos puedan aprovechar tu condición de cargo público para proteger delitos de prevaricación.
En materia municipal, IU propone que haya un registro público de recalificaciones de suelo, medidas para que el planeamiento municipal no se convierta en su totalidad en «plusvalías privadas» y que se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general.
Habría que crear un Código Ético que, entre otras cosas, obligue a asumir las responsabilidades políticas que se deriven de los casos probados de corrupción y que se convierta en ley el Pacto Antitransfuguismo.
