Izquierda Unida registra en el Congreso una iniciativa para un cambio urgente de la regulación de los procesos de embargo y establecer medidas que garanticen el derecho constitucional a la vivienda. Entre las medidas, IU propone: La «suspensión inmediata» de la ejecución de todos los procesos de embargo de viviendas a parados y paradas que no puedan pagar las hipotecas correspondientes, fijar una moratoria para los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda alegar «condiciones abusivas o en fraude de ley» y el reconocimiento del derecho de uso a la vivienda habitual, en proceso de embargo, en régimen de alquiler «compensatorio», que permita a los y las habitantes mantenerse en el domicilio durante un período de, al menos, cinco años.
Asimismo, Izquierda Unida, reclama el arbitraje de las administraciones de comunidades autónomas y ayuntamientos que garantice la información de potenciales compradores sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios y mediar para establecer acuerdos entre las entidades de crédito y los y las compradoras de vivienda para posibles moratorias futuras de las deudas hipotecarias y la fijación de los alquileres compensatorios.
