En Castilla y León, los despidos como consecuencias de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aumentaron un 119,14 % en los últimos cuatro años, pasando de 2007 a 2011 de 12.654 a 23.275 trabajadores despedidos por este sistema.
Por otro lado, desde la reforma laboral aprobada por el PSOE en junio de 2010, hasta la actualidad, en Castilla y León el paro ha aumentado en 38.866 trabajadores, lo que representa un aumento del paro en un 20,76% en poco más de año y medio.
Estos dos hechos ponen en cuestión, dos de los pilares en que el Partido Popular «justifica» la reforma laboral aprobada el pasado mes de febrero.
Así, por el Partido Popular se defiende la pérdida de derechos para los trabajadores en la afirmación de que la reforma creará empleo. El mismo razonamiento que hizo en su momento el PSOE con «su» reforma laboral. Los hechos son tozudos, al igual que la reforma laboral de Zapatero -no solo no creó puestos de trabajo, sino que generó en Castilla y León un aumento del desempleo del 20,76%-, la actual reforma correrá la misma suerte y hará que el número de parados en Castilla y León a finales del presente año supere las 300.000 personas.
Otra de las argumentaciones del Partido Popular, en defensa de «su» reforma laboral, es que las empresas tienen dificultades «burocráticas» a la hora de plantear un ERE y por ello han eliminado el requisito de autorización administrativa para proceder al despido o suspensión colectiva de relaciones laborales. El aumento del 119,14% de despedidos a través de un ERE en los últimos cuatro años en Castilla y León, rebate la teoría del PP. Las empresas no han tenido dificultad a la hora de obtener la autorización administrativa para despedir colectivamente.
En Castilla y León la mayoría de los trabajadores que trabajan en el sector privado, prestan servicios para empresas de menos de 50 trabajadores, y por lo tanto en empresas en las que la representación sindical es muy reducida. Ese hecho hace que la reforma laboral en esta Comunidad Autónoma va a tener unos efectos demoledores.
El amplio aumento de discrecionalidad que la reforma otorga a los empresarios, hará que en las pequeñas empresas los derechos de los trabajadores sean continuamente vulnerados. La posibilidad que otorga la reforma, de inaplicación de los convenios de ámbito superior frente a los de empresa, producirá un efecto multiplicador de estos convenios a instancia del empresario y bajo la amenaza, en caso contrario, de acudir a despidos objetivos y por tanto a una reducción generalizada de salarios y de derechos.
Especial efecto negativo tendrá en esta tierra el llamado «contrato de apoyo a los emprendedores» cuya principal característica es que tienen un periodo de prueba de un año. Este nuevo tipo de contrato, hará que la mayoría de las empresas de Castilla y León puedan acceder a este tipo de contratos y utilizarlo fraudulentamente, es decir formalmente realizarán contratos indefinidos pero con la intención real de que tengan una duración inferior a un año, para así ahorrase la indemnización.
Castilla y León, como comunidad que históricamente viene sufriendo una continua despoblación como consecuencia de su escasa capacidad productiva y la falta de expectativas de futuro para los jóvenes, verá como la actual reforma laboral, más que dar soluciones, aumentará los problemas de esta tierra, provocando más paro, limitando los derechos de los trabajadores y fomentará la huida de los jóvenes castellanos y leoneses a otras tierras donde existan mayores expectativas de futuro.
Secretario Organización Partido Comunista de Castilla León
