Más de un centenar de personas, llegadas también de Alava, Zaragoza y Vizcaya, se han concentrado esta mañana frente a los juzgados de Pamplona para apoyar a Jesús Denia Medrano, reconocido activista navarro encausado por la Ley Mordoza. Le acusan de ser promotor de una concentración realizada el 13 de diciembre de 2013 en la Plaza del Castillo, en Pamplona, en la que participaron cerca de 200 personas para protestar precisamente contra esta polémica ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el PP para limitar el derecho de manifestación frente a las políticas de recortes impuestas por el gobierno.
Denia no fue el promotor, sino un participante más, conocido en la ciudad por su larga trayectoria como activista de los movimientos sociales, tanto en el 15-M, como en las Euromarchas que fueron a Bruselas el pasado meses de octubre, como en las concentraciones en las reivindicaciones de los enfermos de Hepatitis C o la reciente organización de una caravana para apoyar a los refugiados hacinados en la costa francesa de Calé en un precario e insalubre campamento llamado “La Jungla”.
Aquel 13 de diciembre de hace tres años, ningún agente de las fuerzas de seguridad le pidió identificación alguna. Se enteró de la falta administrativa cuando regresó a casa tras las Marchas de la Dignidad de Marzo del 2014 que reunieron en Madrid a más de un millón de personas.
Las acusaciones contra este militante del EPK-PCE se basan en fotografías donde este conocido activista responde a los medios de comunicación. De hecho él no fue el promotor de la manifestación, convocada por el 15-M, sino un participante más. La compañera que solicitó la concentración sí fue identificada, formando parte de las más de 150 personas encausadas por la ley mordaza en Navarra.
El caso de Denia era una falta administrativa que decidió judicializar, porque como él dice, “este juicio no es contra mí, sino contra el derecho a la libertad de expresión y de manifestación”. Así lo reiteró esta mañana a Mundo Obrero desde la puerta de los juzgados. “Nos quieren criminalizar por medio de sanciones económicas y administrativas para que aquí no se mueva nadie, para que la gente no salga a ejercer su derecho de libertad de expresión que ampara la Constitución. Esto le puede pasar a cualquiera que participe en una concentración o una manifestación. Es injusto porque va contra personas indefensas”.
La importancia de este juicio es que si se gana será una victoria para el derecho de libertad de expresión y manifestación, que servirá de precedente, como apunta Denia. Este es el primer juicio de este tipo que se realiza en Pamplona. De momento ha quedado visto para sentencia que se conocerá dentro de 15 ó 20 días.
