Los últimos diez años han supuesto una caída de la inversión educativa pública, mientras ha crecido el número de alumnado en las aulas y ha disminuido el profesorado y trabajadores de la educación pública [1]

Si a esto añadimos el recorte en becas y ayudas y las reformas educativas de corte neoliberal, iniciadas con la LOE y consolidadas con la LOMCE, podemos constatar una “década prodigiosa” caracterizada por el progresivo desmantelamiento del sector público en la educación y la consolidación ideológica del negocio educativo en la lógica del debate y el horizonte mental social.

La Educación Superior ha sufrido igualmente una sustancial caída de la inversión y el deterioro de la investigación, el incremento de las tasas, la disminución de becas y ayudas, así como el endurecimiento de los requisitos para acceder a estas. A lo cual se añade la posibilidad de que un sistema de préstamos sustituya al actual de becas, expulsando de las aulas a quienes no puedan costearse unos estudios cada vez más caros.

Se estrangula la financiación pública

Los datos oficiales del Gobierno muestran la inequívoca evolución del deterioro que sufre la educación española. Si nuestro porcentaje del PIB ha sido siempre mucho menor de la media europea UE15 (6,2%), a partir de la legislatura del PSOE de Zapatero, la inversión pública cae aún más en picado. Los recursos destinados al sector educativo se comienzan a recortar brutalmente desde 2010, tal y como se puede apreciar en el gráfico que recoge el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedicado al gasto público educativo.

Además, el Gobierno del Partido Popular se ha comprometido con Bruselas, en su Programa de Estabilidad 2015/2018, a reducir la inversión educativa al 3,7% del PIB en 2018, lo que implica retrotraerlo a niveles previos a 1990, años en los que la población escolarizada y el nivel educativo tenían poco que ver con la actualidad, pues no había ESO (obligatoria hasta los 16 años), Formación Profesional de Grado Medio y Superior ni Educación Infantil.

Este recorte, de una quinta parte de la cuantía de los fondos públicos, está siendo acompañado de un incremento similar en el gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB se aproxima al 1%.

Se incrementa el alumnado y se recorta el profesorado

El alumnado que hay que atender con esos recursos menguados ha crecido, especialmente en los centros públicos.

Durante el período del 2008 al 2015, en las enseñanzas de régimen general (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP), Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Educación Especial) el alumnado ha aumentado (a 130.000 por curso), fundamentalmente en la red pública. En los últimos cinco años, han crecido en medio millón los alumnos de la red pública, frente a los 127.500 que han aumentado en la privada. Comparativamente, en las Enseñanzas de Régimen General el incremento porcentual es casi el doble desde el curso 2009-10 al 2013-14 en los centros públicos que en los centros privados.

Simultáneamente los recortes en el número de docentes han afectado al profesorado de la pública, ya que el de la privada ha crecido al ritmo de su alumnado. Por lo cual, ahora nos encontramos con más estudiantes que tienen que ser atendidos por menos docentes, puesto que, según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la educación pública no universitaria ha sido recortada en 35.243 profesores y profesoras en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 como resultado de la tasa de reposición impuesta por el Gobierno (de cada 10 docentes que se jubilan, solo se sustituye a 1) y la no renovación de personal interino. El personal de administración y servicios se ha reducido, perdiendo 4.611 efectivos en tan solo un año, según el Consejo Escolar del Estado.

Comparativamente, desde 2012 la enseñanza pública ha perdido en torno a 33.000 docentes, a pesar de contar con unos 55.000 alumnos más. Mientras, la enseñanza privada ha ganado 900 docentes con alrededor de 7.500 alumnos más en ese período, y ha crecido en 12.537 docentes durante el período que comprende entre 2009 y 2013. Además, el gasto en conciertos apenas se ha reducido, ni siquiera el porcentaje en el que se han minorado los salarios. Esto significa que se ha incrementado el número de unidades concertadas.

Es decir, con un mermado profesorado los centros públicos deben atender a mucho más alumnado. Que se agrava y repercute en el proceso educativo con el incremento de la precariedad e inestabilidad en el empleo de los docentes, que se evidencian en los importantes porcentajes de interinidad en el empleo (20%, cerca de 100.000 profesionales) y en el crecimiento de los porcentajes de las jornadas parciales, con recortes en sus derechos retributivos en muchos casos e impartiendo horarios con perfil múltiple en cuanto a asignaturas.

Los recortes en becas aumentan la desigualdad

Al reducir los fondos destinados a becas y ayudas, se compromete gravemente la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza y se expulsa del sistema educativo a aquellos estudiantes que tienen menos posibilidades económicas.

A partir del curso 2010/2011, las ayudas -que incluyen los importes concedidos para la adquisición de libros de texto y material didáctico y las exenciones de precios académicos a familias numerosas de tres hijos-, se desploman y caen a casi la mitad. Lo mismo ocurre con los beneficiarios, que pasan de cerca de un millón a menos de 400.000.

En 2009/2010, el alumnado becario de enseñanza no universitaria fue del 27,33% del total, mientras que, en 2012/2013, este representó un 18,86%.

El descenso en estos años se incrementa, en el caso del alumnado de Primaria, hasta el 32,18%. En la ESO el descenso en 2012/2013, con respecto a 2009/2010, se incrementó en un 46,43%; si en el curso 2009/2010 percibía beca casi una cuarta parte del alumnado de ESO –24,74%–, en el curso 2012/2013 solo lo hizo una octava parte de ese alumnado.

Universidad: Menos inversión, becas, alumnos y profesorado

El incremento del precio de los estudios universitarios y la disminución del número de becas y su cuantía, así como el endurecimiento de los criterios para ser beneficiario de estas, han expulsado de las aulas de los campus públicos a más de 45.000 estudiantes durante los últimos años. Esta cifra podría crecer aún más si, como ha sugerido el Ministerio de Educación, se sustituyen ayudas por préstamos personales.

La disminución de estudiantes en las universidades públicas está acompañada de un aumento de alumnos y alumnas en las enseñanzas de máster de los campus privados, especialmente en la modalidad a distancia, por la menor diferencia de precios entre universidades públicas y privadas.

La inversión y el personal docente y los trabajadores y trabajadoras de las universidades también han salido mal parados.

La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17% del PIB, por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea. De 2010 a 2013, la inversión pública en nuestras universidades se recortó en cerca de 1.400 millones de euros, un 13,7% del gasto público.

Los recortes se han llevado por delante 8.124 empleos durante los dos últimos años (más de 5.500 docentes e investigadores (PDI) y cerca de 2.500 miembros del personal de administración y servicios (PAS).

Por otro lado, las reformas universitarias que prevé el Gobierno podrían empeorar aún más la actual situación de la universidad. Quieren reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4), pasando los máster a ser de dos años. Si tenemos en cuenta los precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarían el sesgo clasista en el acceso a la educación superior y, expulsarían aún más estudiantes del sistema universitario español.

Quieren también cambiar el sistema de acceso a la profesión docente universitaria con unos criterios menos objetivos que los actuales, regidos por el Estatuto Básico del Empleado Público (transparencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación) y convirtiendo la actividad docente en un “castigo” para quien no consiga publicar en rankings de investigación regidos por empresas privadas anglosajonas, investigaciones cuya financiación pública se condiciona a haber obtenido previamente financiación privada para desarrollarlas.

Por último, quieren reformar la creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios flexibilizando las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 32, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.

Nota:
1. Los datos se han tomado de los informes realizados por el Gabinete de Estudios de FE CCOO, a quienes agradecemos su trabajo exhaustivo sobre el que se basa este artículo. Así como al sindicato STEs.