El acto de apertura de la reciente Fiesta del PCE contó con la participación de trabajadores y trabajadores en representación de distintos conflictos en lucha, que dieron muestra de la cantidad y variedad de sectores del mundo laboral que mantienen reivindicaciones abiertas en defensa de sus derechos.

Compañeros y compañeras tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de la compañía aérea Ryanair en España cumplían su noveno día de huelga de los diez a los que estaban convocados, coincidente en algunos de los días con la que llevaban a cabo los pilotos de su misma línea aérea por el cierre de las bases de la compañía en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Gerona lo que supondría el despido de 500 trabajadores.

Los compañeros de Ryanair presentes en el acto de la Fiesta del PCE, denunciaron la vulneración flagrante del derecho de huelga por parte de la empresa, al establecer como servicios mínimos el 99% de los vuelos programados. Dicha medida, ante la pasividad del gobierno y el Ministerio de Fomento, fue tratada de contrarrestar por parte de los huelguistas con medidas de presión, como por ejemplo la negativa a realizar el servicio de venta a bordo.

Trabajadores portugueses y belgas de la compañía se solidarizaron con los españoles, más que hartos de los incumplimientos por parte de la empresa de las legislaciones laborales de los distintos países donde operan alegando su condición de empresa con base en Irlanda.

Antonio Arribas, representante sindical de CCOO en el Comité de Empresa de Metro de Madrid denunció la muerte por homicidio imprudente de dos empleados de mantenimiento de Metro y de muchos enfermos tras la exposición al amianto y por las cuales la justicia ha llamado a declarar como investigados a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid, los cuales ocultaron a los trabajadores y a sus representantes que las piezas que manipulaban contenían esa sustancia nociva.

Arribas denunció el trasvase de recursos públicos de Metro Madrid a través de un proceso de externalización de servicios que conlleva una merma de la plantilla propia y el empeoramiento del servicio que se presta a los viajeros: estaciones desatendidas, frecuencia de trenes intolerable, sección de obras que no da abasto, etc.

Ricard Juanes, sindicalista del Comité Intercentros de SEAT, aludió en su intervención al sector automovilístico en España que da empleo a 300.000 trababajadores y denunció la vergüenza de la política de deslocalizaciones en otras empresas del sector industrial como Alcoa y Vesuvius que están protagonizando importantes movilizaciones. Recordó las cifras millonarias recibidas por Alcoa en esta última década y los beneficios obtenidos por Vesuvius, y reivindicó que el dinero público dado a las empresas debe ser controlado. Ese día tuvo lugar también la huelga de clima y Ricard reivindicó una industria respetuosa con el medioambiente pero no a costa de los derechos de los trabajadores.

El acto contó también con un representante del sector de la hostelería, delegado de CCOO en una cadena de pizzerías quien describió el modelo tipo representativo de la situación en el sector: temporalidad, salarios de miseria, escasa representación sindical agravada por los altos índices de temporalidad y estabilidad en el empleo, dispersión territorial y una negativa de la patronal a aplicar el salario mínimo.

La política represiva contra la actividad sindical ha dado lugar a una reacción de respuesta con la creación de la Comisión Internacional en defensa de los 300 sindicalistas encausados, creada en 2017 y formada por sindicalistas, abogados, trabajadores y trabajadoras que luchan por la abolición de la actual regulación en materia laboral que ataca gravemente sus derechos y libertades. Pablo Locatelli, en nombre de esta Comisión, recordó el respaldo que se otorgó desde nuestra organización hace dos años a este colectivo al reconocer con el premio Mundo Obrero sus campañas por la derogación del artículo 315.3 del Código penal, heredero de la legislación franquista que criminaliza la actividad sindical y el derecho de huelga. La actividad de esta Comisión protagonizó otras campañas en pro de los derechos sindicales como ‘yo soy piquete’ o ‘La huelga no es delito’. Denunció Locatelli la reciente brutalidad policial contra los trabajadores de Alcoa concentrados a las puertas del Congreso con la imputación de tres de ellos y tres diputados de Unidas Podemos.

La represión contra la actividad sindical y laboral se extiende a través de numerosos países. Miguel Martínez, del Comité Internacional contra la Represión denunció el caso de Louisa Hanoune, líder del Partido de los Trabajadores de Argelia, detenida desde el pasado 9 de mayo acusada de “atentado contra la autoridad del Ejército y complot contra la autoridad del Estado”; denunció la represión contra los chalecos amarillos en Francia que ha provocado dos muertos y perdidas oculares en más de 25 personas, la reciente muerte de dos trabajadores asesinados en Burkina Faso y otros lugares del mundo donde se ejerce la represión incesante y contra el ejercicio de libertades sindicales y políticas.