Indra es una multinacional española, con una plantilla de 28.000 personas en todo el grupo, con un resultado consolidado de 126 millones de euros en 2019 y participada por el Estado que es a su vez uno de sus principales clientes.

Al comenzar la crisis del COVID19, Indra hizo un gran esfuerzo por facilitar el teletrabajo a su plantilla. En realidad ya había un porcentaje importante de teletrabajadores a esa fecha pero en pocos días la dirección de INDRA SISTEMAS (la empresa de consultoría del grupo) anunciaba que había conseguido el teletrabajo para el 90% de su plantilla.

En estas circunstancias, y sin reducción significativa de la carga productiva, el grupo INDRA decide presentar un ERTE en todas las empresas del grupo. El miércoles 25 de marzo el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, adelanta a la parte social de INDRA SISTEMAS las medidas que va a aplicar en los próximos tres meses. El viernes 27 la empresa entregó la documentación a la parte social y el proceso se reproduce de manera similar en el resto de las empresas del grupo:

• ERTE´s tanto de suspensión como de reducción de jornada para 1/3 de la plantilla.
• Bajada de sueldos para el resto de plantilla.

La plantilla de Indra continuó trabajando desde los primeros días en casa en su gran mayoría logrando no bajar ni la producción ni el rendimiento, a pesar de que muchos y muchas trabajadoras estuvieron aislados, todos confinados y una gran parte atendiendo a hijos e hijas o a dependientes.

El RD 8/2020 daba siete días para presentar el expediente. Todas las fuerzas sindicales rechazaron el ERTE presentado. En esos siete días las redes sociales ardieron, el hastag #NoalERTEindra fue trending topic con más de 4.000 tuits, se recogieron más de 10.000 firmas en change.org y decenas de mensajes de la plantilla, junto al apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado. Se trataba de unas medidas injustificadas, fraudulentas, fuera de la realidad, que pretendían aprovechar las circunstancias excepcionales para utilizar los recursos del Estado en su provecho.

Era un ERTE con una dudosa justificación legal, que mezclaba medidas del RD del coronavirus con medidas que debían seguir el cauce que indica el Estatuto de los Trabajadores, cuyas fechas pretendían ir más allá del estado de alarma y que, en general, tenía una justificación fraudulenta en medidas preventivas ante posibles futuras pérdidas. Nada que ver con la legislación excepcional que permite la presentación de este tipo de expedientes en los casos concretos afectados por el COVID19.

El 3 de abril Abril-Martorell se vio obligado a comunicar a INDRA SISTEMAS la retirada de todas las medidas ante el absoluto rechazo y bochorno social que habían provocado. En dicho comunicado aprovechó para advertir que lo que pretendían era “evitar probablemente tener que abordar en el futuro cercano otras medidas”. Sabemos que esta clase de privilegiados no se rinde y seguirán intentando incrementar sus privilegios a costa de cualquier situación. Afortunadamente la sociedad cada vez está más alerta.