El gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias del Estado, el decreto de la Junta de Andalucía que rompe el consenso establecido en torno a la Ley Audiovisual de dicha comunidad autónoma.
Una de las más graves consecuencias del decreto impuesto por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX sería la privatización de los medios públicos municipales, tanto de radio como de televisión. Muchas de las críticas contra el decreto coinciden en que su aplicación beneficiaría a la COPE, la cadena de la Conferencia Episcopal, que emite de manera ilegal en Andalucía al no contar con frecuencias asignadas.
La Federación de Asociaciones de Periodistas, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas, la Red Estatal de Medios Comunitarios y la Federación de Sindicatos de Periodistas han denunciado que el decreto tendría “devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática”.
El recurso gubernamental de inconstitucionalidad tiene el aval del Consejo de Estado para impugnar dos artículos del decreto de la Junta de Andalucía que afectan al sector audiovisual. Con el recurso se suspende su aplicación.
