El Ingreso Mínimo Vital (IMV) siempre ha sido una prioridad política de Izquierda Unida. Estaba en el acuerdo electoral con Podemos y en el acuerdo de gobierno de coalición con el compromiso de ponerlo en marcha a lo largo de esta legislatura. Las circunstancias sólo han hecho que se adelante su entrada en vigor.
El gobierno presentará el Ingreso Mínimo Vital en el consejo de ministro del 26 de mayo y entrará en vigor inmediatamente. Llegará a un millón de hogares, la mitad de ellos con menores a su cargo, entre los que hay entre 70.000 y 100.000 familias monoparentales. La cuantía de la prestación puede ir desde los 462 euros, para los hogares unipersonales, hasta los 1.015 para familias formadas por dos adultos con más de dos menores a su cargo y será compatibles con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las autonomías.
Según el CIS, 8 de la cada 10 españoles apoyan esta medida dirigida a reducir la tasa de pobreza, que es la más alta de los países de nuestro entorno, y proteger a los más vulnerables. Son medidas ya funcionan en muchos estados europeas.
Enrique Santiago explica en esta entrevista que el IMV no sólo es un deber ético ineludible y una medida de justicia social, también es una herramienta para recuperar la economía tras la pandemia ya ayudará a que empresas y autónomos sigan facturando. Y, sobre todo, el IMV una medida que viene para quedarse.
“Estamos trabajando para que el Ingreso Mínimo Vital sea lo más equivalente posible a un salario mínimo interprofesional. Y queremos que más allá de esta situación de crisis se convierta en un derecho que se consolide cuando salgamos de esta situación.
Ha quedado claro que hay muchos trabajadores en economía sumergida y salarios muy bajos a los que nos les alcanza ninguna de las medidas puestas en marcha por el gobierno. Por eso nos empeñamos en sacar el Ingreso Mínimo Vital que garantice que todas las personas tengan los mínimos ingresos que les permita sobrevivir y llevar una vida con dignidad. El último informe del BBVA, a raíz de la crisis, dice que una economía nunca puede ser sólida si tiene los índices de temporalidad que tiene nuestro país y que ésta es una de las consecuencias de que inmediatamente hayan desaparecido millones de puestos de trabajo.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también redunda en una mejor actividad económica para todo el país porque este dinero que irá a personas en penuria laboral o exclusión de derechos no se va a quedar inmovilizado en entidades financieras sino que circulará a través de un intercambio por bienes de necesidad y servicios, lo que indirectamente supone una inyección económica a otros sectores, como el pequeño comercio, que también lo están pasando mal”.
