Esta mañana, Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otros partidos, y a instancias de los colectivos de inmigrantes, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que demanda al gobierno la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todos los migrantes que viven en el Estado español.
Entre las medidas desarrolladas en esta PNL está la concesión de autorización de residencia de 5 años a todas las personas que lo hubieran solicitado hasta el 14 de marzo de este año, un permiso que se renovará automáticamente y que irá siempre acompañado del permiso de trabajo y a la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática. El permiso de trabajo se extenderá para los menores de 16 a 18 años. También incluirá a los menores que han estado en centros de protección de la Administración que podrán acceder a los servicios de apoyo jurídico, laboral, residencial y psicológico de mayores de 18 a 21 años.
En el desarrollo de la PNL se contemplan igualmente medidas para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, para el reagrupamiento y para asegurar el empadronamiento de todas las personas.
También exigen el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el archivo de los expedientes de devolución y expulsión en trámite, junto al fin de las devoluciones en caliente y/o exprés.
Para que nadie se quede atrás
En febrero de este año, el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, calificó de “inhumanas”, las condiciones en las que viven los temporeros onubenses, considerando que eran de las peores que había visto por el mundo, y declaró que las trabajadoras del hogar y cuidados en Madrid eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal. Precariedad en las condiciones laborales, desprotección y explotación, son las denuncias reiteradas de organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de las personas migrantes.
La PNL registrada en el Congreso recoge esas denuncias y recuerda que la política migratoria actual “restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno” y que las personas migrantes trabajadoras están expuestas a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral, como también a una gran brecha salarial, “al trabajar dentro de sectores de trabajo precarizados, generizados y racializados, en muchas ocasiones, en condiciones de explotación”.
Su situación se ha agravado tras la pandemia, especialmente para quienes se encuentran en una situación administrativa irregular. Por eso, los diputados firmantes demandan que en este proceso de reconstrucción del país nadie se puede quedar atrás, independientemente de su situación administrativa, y por eso es necesario su regulación. Instan también a que tanto el Gobierno, como las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales tomen medidas que “reconozcan, garanticen y protejan el acceso a los derechos humanos a todas la personas bajo su jurisdicción”.
