Salvaguardar el empleo hoy para construir más y mejor

Comenzábamos el curso político con el 30 de septiembre en el horizonte de cientos de miles de trabajadores, fecha tope de vigencia del consenso alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales para la regulación de los ERTES, una herramienta que ha sido utilizada y adaptada para la contención de la destrucción de empleo en este país, en un momento de crisis mucho más profunda y desconocida que cualquiera de las anteriores en los últimos decenios.

El día 29 de septiembre se puso nuevo marco a ese acuerdo, que prorroga los ERTES hasta el 31 de enero de 2021, dándonos a millones de trabajadores la bocanada de aire necesaria para seguir respirando, haciendo política frente a la confrontación del “politiqueo”, que nos ofrece un espectáculo histriónico que en nada se compadece con esta capacidad para la negociación, el entendimiento y la gestión de una crisis, que tiene como segunda trinchera la crisis en el empleo, tras (o a la par) que la sanitaria.

El modelo laboral español y las características de nuestro sistema productivo (alta temporalidad y sector servicios con escaso valor añadido, por resumir), han provocado siempre, entre otras malas noticias, que las variaciones a la baja del PIB se tradujeran en caídas muy intensas del empleo.

Si comparamos el primer semestre de 2009 con el de 2020 (inicio de las dos últimas crisis económicas), el PIB cayó un 3,8 % y un 12,8 %, respectivamente; La destrucción de puestos de trabajo alcanzó un 6,1% y un 9,5%, respectivamente. Lo que significa que en el año 2009, la relación entre crisis económica y desaparición de puestos de trabajo se situaba en el 1,6%, frente al 0,7% actual. Todos son malos datos, pero es evidente que hay algo en la gestión actual que ha frenado el impacto de las consecuencias directas de la crisis en el tejido productivo, en el número de empleos, de puestos de trabajo conservados.

La temporalidad de nuestras relaciones laborales, en el marco de una precarización constante y paulatina de las condiciones laborales tanto individuales como colectivas, ha venido suponiendo lo que podríamos resumir en el despido libre y, cada vez, más barato, incluso gratis. Esto supone que ante cualquier contratiempo, éste sea el recurso utilizado, con un sistema de relaciones laborales que, tras las últimas reformas, debilitaba además el control administrativo y judicial de estas decisiones unilaterales.

En este marco es en el que afrontamos la gestión de esta crisis sanitaria, económica y social, y en este contexto ha de ser valorado este conjunto de normas para facilitar el recurso al Erte y no al despido. No se trata de vanagloriar esta figura frente a la defensa del empleo estable y de calidad, sino de entender la importancia de flexibilizar una herramienta existente, para que sirva de plan de choque de contención, que permita afrontar las necesarias reformas y la reconstrucción desde nuevos parámetros, que modifiquen unas condiciones de partida que nos hacen mucho más vulnerables como sociedad, con consecuencias dramáticas individuales y con valores de injusticia social intolerables. Baste recordar las situaciones vividas por cientos de miles de trabajadores de sectores esenciales.

Ahora bien, este contexto defensivo de los derechos existentes, supone una cantidad ingente de recursos públicos para cumplir ese triple objetivo de contención en la destrucción de empleo, motivación a las empresas para acudir a él y protección a las y los trabajadores afectados por Erte.

Más y mejor empleo

Sin duda es mejor este destino que al de prestaciones por desempleo tras el despido, pero implica necesariamente abordar cuestiones como la financiación pública y las reformas precisas de nuestro sistema fiscal; la carga fiscal que deben soportar grandes empresas y multinacionales, la mediana empresa, la pequeña empresa, autónomos y trabajadores en este país, que está absolutamente descompensada. Cuestiones como el control de la Administración en la correcta aplicación de las medidas y la evitación del fraude, porque sabemos que el aluvión en la utilización del Erte se ha hecho sin un control de causa suficiente y que hay Ertes de fuerza mayor que realmente no responden a esta causa o falsos Erte en empresas para las que siguen prestando servicios sus trabajadores. Cuestiones como los necesarios recursos de la Administración y de empleo público para la gestión y seguimiento de las medidas que se van implementando, porque una mayor y mejor regulación supone una mayor necesidad de implementación y seguimiento del cumplimiento de esas normas para proteger derechos colectivos e individuales.

Es posible que volvamos a hablar de necesidad de prórrogas. Pero de lo que no cabe duda es de que, en paralelo a las políticas del llamado “Escudo Social” en su más amplia acepción, hay que ir desarrollando las medidas que sirvan para una protección duradera del empleo existente y la creación de más y mejor empleo. En relación directa con los Ertes, tres deben ser las cuestiones fundamentales a abordar en el corto y medio plazo:

• La cuestión de los incentivos económicos. Para acudir a esta figura, no puede recaer una vez más sobre el trabajador y el Estado (doble carga para la inmensa mayoría): las empresas tendrán que asumir su parte y quién mas tiene, más parte.

• Hay que realizar las reformas en nuestro sistema laboral que incentiven el uso de fórmulas alternativas al despido. Y, en todo caso, hay que abrir nuevos caminos y cerrar los que emprendieron las últimas reformas laborales, que tanto daño han hecho no sólo a la calidad del empleo sino a su propia existencia, a pesar de lo que sus promotores constantemente argumentaban, y que ya resulta evidentemente mentira.

• Hay que aumentar el derecho de información, la capacidad de acción de las y los trabajadores en la empresa, y el control y poder real de la Administración en las decisiones empresariales que afectan a toda la sociedad, máxime en los sectores estratégicos. Y esto es algo incontestable en una crisis como la que estamos viviendo, que no sólo va a tener consecuencias quizá aún imprevisibles sino que tiene que ser un punto de inflexión que rompa con las recetas neoliberales.

En ese contexto, la lección dada por el Ministerio de Trabajo, las organizaciones sindicales y una parte del sector empresarial consciente de su responsabilidad, es de agradecer, frente a otros escenarios que organizaciones políticas voceras y ejecutores pasados de las recetas neoliberales nos pretenden imponer.