Son unos Presupuestos Generales del Estado que inauguran una nueva época en la política económica en España, poniendo fin a la etapa neoliberal. Es una apuesta trascendental que permitirá consolidar la actividad del gobierno de coalición y avanzar en el programa de legislatura, en un momento de crisis y necesidades crecientes como consecuencia de la pandemia y su impacto, con unas derechas que apuestan por un irresponsable escenario de desestabilización. Si se aprueban, por fin podrían pasar a la historia los prorrogados presupuestos de Cristóbal Montoro, una rémora para cualquier posibilidad de consolidación del Escudo Social, tan necesario en estos momentos, y del reforzamiento de los instrumentos públicos que permitan avanzar en el reconocimiento de los derechos y en la satisfacción de las necesidades básicas.
Sólo el 30% viene de la UE
Como señala Carlos Sánchez Mato, responsable de políticas económicas en Izquierda Unida, “frente a una derecha en la inopia que a regañadientes dice que las mejoras solo vienen por las transferencias de la Unión Europea, hay que resaltar que esa vía supone un 30% del incremento, 26.634 millones de euros, pero el 70% restante, 62.810 millones, proviene de la voluntad política expresa del gobierno de coalición para abordar la complicadísima situación económica”.
Tal y como han quedado redactados, se nota el trabajo y la presión del grupo parlamentario y los responsables en el gobierno de Unidas Podemos, ya que los PGE son el resultado de una negociación entre dos fuerzas políticas con diferente peso y proyectos muy distintos. En este sentido, son elementos estratégicos, fruto de un intenso trabajo, el fortalecimiento del Ingreso Mínimo Vital y la regulación de los alquileres, con el mandato de presentar en cuatro meses la futura Ley de Vivienda. Se han defendido medidas fiscales más ambiciosas y un aumento de la Oferta de Empleo Público, esencial para el mantenimiento de los servicios públicos.
Los presupuestos presentados por el gobierno de coalición no se concebirían sin el reciente acuerdo europeo que, a pesar de todas sus insuficiencias y riesgos, que no ocultamos, permite poner en marcha un programa expansivo para reforzar las capacidades públicas en el actual contexto.
Hasta donde la correlación de fuerzas permite
Todo apunta a que el Parlamento aprobará el proyecto presentado, con las modificaciones necesarias, después de un detenido debate. En este sentido se han manifestado las fuerzas políticas que facilitaron la investidura, que han mostrado explícitamente su disposición a negociar. Sin duda hay muchos aspectos que requerirían un mayor esfuerzo y atención. Algunas medidas no han podido ser incluidas a pesar del esfuerzo de Unidas Podemos, ya que la correlación de fuerzas condiciona la posibilidad de incluir el conjunto de nuestras posiciones. Pero hay un amplio consenso en la necesidad de unos presupuestos que llevan la inversión pública hasta su récord histórico: 239.000 millones de euros.
——-
LOS PILARES DE LA JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA
• Protección social. Fortalecimiento de la protección social con un incremento de 2.000 millones de euros para las políticas activas de empleo. 200 millones para vigorizar y modernizar los servicios sociales públicos. La actualización de las pensiones con el IPC y la subida de las no contributivas al doble del IPC. Un incremento del 5% en el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), congelado desde hace diez años, con el objetivo de mejorar todas las prestaciones y ayudas vinculadas a este índice. Aumento en 60 millones de euros de la dotación presupuestaria contra la violencia de género.
• Impulso económico. Los presupuestos apuestan por consolidar las posiciones de los productores y, no menos importante, mejorar las condiciones de vida de la población que vive de la agricultura y la pesca, un objetivo que es inaplazable. El presupuesto aumentará en 781 millones, un 10%, alcanzando los 8.405 millones de asignación.
Cultura dispondrá de 1.124 millones de euros, un 24% más que en los últimos ejercicios.
El plan de impulso al sector turístico estará dotado con 4.262 millones de euros, elevando a casi 20.000 millones el monto total que ha destinado el gobierno para apoyar al sector, ya que desde el inicio de la pandemia se han venido implementando diferentes medidas de choque que han beneficiado tanto a trabajadores como a las empresas.
• Educación. Las partidas destinadas a educación crecerán en 2021 más de 2.000 millones de euros hasta alcanzar los 4.893 millones, un 70,2% más que en 2020. De ese total, 2.090 millones de euros se destinarán a becas. 250 para el reforzamiento y la extensión de las universitarias. La dotación para el sistema general de becas y ayudas al estudio asciende a 1.984 millones de euros, un 35% más que en el año anterior. El incremento más importante de los últimos años. También se impulsa un Plan de Modernización de la Formación Profesional para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes que contará con 1.500 millones.
• Dependencia. Reversión de los recortes aplicados desde 2012 en las políticas de dependencia, con un incremento del 46% en la aportación del Estado para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones. Son más de 600 millones de euros para el Sistema de Dependencia a los que se sumarán otros 700 de los fondos europeos para inversiones, destinados a mejorar la atención de los mayores, para que cambie paulatinamente el actual modelo de residencias a otro centrado en la atención a domicilio.
• Conciliación y sistema de cuidados. Se apuesta por el refuerzo de la conciliación y el sistema de cuidados, situándolo en el centro de las políticas públicas en esta materia, con 200 millones de euros para impulsar la educación de 0-3 años, 300 para igualar los permisos de maternidad y paternidad (16 semanas con carácter intransferible y remuneradas al 100%) y 200 millones para la conciliación de familias con niños y niñas menores de 14 años mediante la contratación pública de cuidadores profesionales El objetivo es que estas medidas constituyan unos primeros pasos para construir un Sistema Público de Cuidados.
• Sanidad. Incremento en más de 3.000 millones de euros de los presupuestos para reforzar la sanidad pública.
• Transición ecológica. Las partidas para la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática se traducen, entre otros aspectos, en 2.000 millones de euros de impulso a las energías renovables y la inversión de 4.000 millones para dos medidas fundamentales: la rehabilitación de entre 150.000 y 200.000 viviendas al año como medida de eficiencia energética y el impulso del coche eléctrico mediante ayudas a la adquisición, puntos de recarga y baterías. Se destinan 2.500 millones de euros para la investigación y la digitalización en todos los ámbitos, así como el refuerzo a las políticas de investigación y desarrollo, la inteligencia artificial y la capacitación digital.
• Memoria democrática. Al no haberse asignado presupuesto durante los últimos años a la memoria democrática, como consecuencia de la opción del PP por eliminarla como política pública, esta competencia se había cubierto con traspasos de otros departamentos. Los actuales presupuestos recogen una planificación para los próximos cuatro años. El objetivo principal es que durante esta legislatura se aborde la vergüenza que suponen las fosas comunes. Este año se contemplan 6.200.000 euros para la localización, las exhumaciones, las pruebas genéticas y la construcción de memoriales. Se prevé la creación de un banco de ADN con dotación suficiente y la configuración de un censo de edificaciones realizadas con trabajo forzado. Y una partida específica para las actuaciones previstas de resignificación del monumento franquista del Valle de los Caídos.
• Cooperación al desarrollo. Los recursos presupuestarios destinados a la cooperación para el desarrollo se han incrementado en un 20%. Son 112 millones de euros adicionales, un aumento insuficiente para actuar ante la cruda realidad de nuestro planeta. En 2019 España tuvo la mitad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que en 2008. El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) se ha visto reducido en dos de cada tres euros de los que tenía en 2011 y la ayuda humanitaria es seis veces menor ahora que en 2008. Eso quiere decir que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido.
Fiscalidad más justa
• Subida del impuesto de sociedades para los grandes grupos empresariales, limitando las exenciones en dividendos y plusvalías por su participación en filiales.
• Aumento de un punto en el impuesto al patrimonio para más de diez millones de euros.
• Subida de tres puntos del IRPF para rentas de capital superiores a 200.000 euros.
• Subida de dos puntos del IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.
• Tributación mínima del 15% para las SOCIMIs.
• Reducción en las desgravaciones de los planes privados de pensiones.
Refuerzo del Ingreso Mínimo Vital
En relación al Ingreso Mínimo Vital, se mejora su cobertura y la agilización de su tramitación para que llegue cuando se necesite a todos aquellos que lo soliciten. Se incluye la posibilidad de solicitar el IMV teniendo en cuenta los ingresos del año en curso y no los de todo el año anterior. Que sea permanente y no sólo hasta 2021 y se reducen de 3 a 2 los años de vida independiente que deben demostrar los menores de 30 años. Se habilita a los servicios sociales para que puedan acreditar algunos requisitos para acceder al IMV y se permite que haya más de dos titulares en un mismo domicilio.
Garantizar el derecho básico a la vivienda
La Ley de Vivienda acordada contendrá las medidas y mecanismos necesarios para la limitación o bajada de las rentas del alquiler en zonas de mercado tensionado para poner fin a las subidas abusivas, tanto de los nuevos contratos como de los ya existentes. Esta ley pretende consolidar los avances ya realizados por varias comunidades autónomas y contará en su elaboración con las aportaciones, entre otros, de los sindicatos de inquilinos e inquilinas, cuyo trabajo y presión ha sido clave para la consecución de este compromiso. Con esta norma, España tendrá la ley estatal de vivienda con un mayor grado de intervención pública de Europa.
No menos importante es la inyección de 1.772 millones de euros en fondos adicionales para políticas de vivienda, un incremento del 367,9% hasta alcanzar los 2.253 millones.
