El PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han ampliado la querella criminal contra Juan Carlos de Borbón, ejerciendo la acusación popular ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Se añaden nuevos hechos que fortalecen los indicios sobre los supuestos trece delitos denunciados en la querella inicial, entre los que destacan los de carácter fiscal, el blanqueo de capitales, la corrupción internacional, el fraude, el tráfico de influencias y la constitución de grupo criminal.
En la ampliación de la querella se hace una especial acusación sobre el delito fiscal y el blanqueo de capitales, con la consideración de que en ambos casos hay indicios más que suficientes para abrir una investigación penal.
Se argumenta en el conjunto de la querella que, según el derecho comparado, una vez finalizado el mandato del que fue rey es posible la investigación y el enjuiciamiento por las conductas penalmente relevantes que hubiera podido cometer desde la jefatura del Estado por actos no ligados al mero ejercicio del cargo.
La querella criminal abarca a Juan Carlos de Borbón, el teniente coronel Nicolás Murga, que era su ayudante militar, su primo Álvaro de Orleans, el abogado suizo Dante Canónica y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
