La evidencia parece confirmar que el asesinato de Jesús Santrich es el resultado de una operación clandestina del ejército de Colombia en la frontera colombo-venezolana. La Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de dar autorización para tramitar una solicitud de extradición contra Santrich procedente de Estados Unidos por un supuesto delito de narcotráfico que ya fue desestimado por la justicia colombiana en 2019 por falta de pruebas. En lugar de cursar una solicitud de detención con fines de extradición, como ordenan las leyes, Colombia ha despreciado nuevamente el Estado de Derecho, procediendo a realizar la ejecución extrajudicial de uno de los principales redactores del Acuerdo de Paz de 2016.
Probablemente todo es una cortina de humo para reducir la repercusión internacional de la matanza gubernamental en Colombia contra la movilización popular que reclama democracia y justicia social.
Santrich fue uno de los negociadores plenipotenciarios del Acuerdo de Paz acordado con la guerrilla de las FARC que el Estado colombiano viola continuamente, asesinando a los guerrilleros desmovilizados y a los dirigentes de las organizaciones sociales que exigen su cumplimiento.
El comandante de las FARC tuvo que refugiarse de las autoridades colombianas como consecuencia de la falsa acusación de participar en el narcotráfico, un montaje judicial denunciado incluso por El Espectador, uno de los grandes diarios de Colombia.
La emboscada del ejército colombiano para asesinar a Santrich es una prolongación en el gobierno del presidente Iván Duque de las criminales operaciones clandestinas organizadas por Álvaro Uribe durante su doble mandato presidencial.
