El 6 de junio el maestro rural, indígena y rondero Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata de la derecha, Keiko Fujimori. El recuento del 100% de las papeletas se completó 9 días después de las elecciones, el 15 de junio. El candidato de izquierda Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de los votos, y superó a Fujimori por 44.058 votos, de acuerdo a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, transcurridas seis semanas desde las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había proclamado un vencedor oficial de las elecciones, ya que tuvo que resolver más de mil impugnaciones de actas de votación por parte de Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

Se trata de una situación inédita. El 28 de julio, fecha de la toma de posesión presidencial, solía ir precedido de varias reuniones entre el mandatario saliente y el entrante y de un período de traspaso que el sabotaje del fujimorismo ha impedido. Como afirma el analista peruano Ricardo Jiménez, “la derecha peruana encabezada por el fujimorismo ha impuesto una inédita tercera vuelta de las elecciones, de más de un mes tratando de hacer toda clase de maniobras y campañas de intoxicación”. Todo ha sido derrotado. El Jurado Nacional de Elecciones ha firmado las actas finales donde se ha contado hasta el último voto y recusado todas las impugnaciones presentadas.

El fujimorismo ha contratado a los abogados más caros de Lima. Su aliado Mario Vargas Llosa ha dicho que todo lo que se haga para evitar que Castillo llegue al poder es plenamente justificable. Keiko Fujimori desconoce la autoridad de la JNE. Fujimori afronta una acusación penal y la fiscalía peruana pide para ella 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, relacionados con financiación ilegal de sus campañas de 2011 y 2016, para sendas elecciones presidenciales en las que también salió derrotada.

LA DERECHA BUSCA DESESTABILIZAR AL PAÍS

Pese a que la extrema derecha carece de respaldo internacional, y que las Fuerzas Armadas han desoído 3 cartas firmadas por cientos de uniformados retirados pidiendo desconocer los resultados electorales y dar un golpe militar, la extrema derecha quiere impedir a toda costa la llegada de Castillo a Palacio. Nunca antes a un presidente electo se le ha hecho tanto sabotaje antes de asumir el gobierno.

La derecha ha buscado calentar la calle durante este mes y medio de incertidumbre, pero no ha logrado movilizaciones masivas, pese a disponer de todos los altavoces mediáticos en una feroz campaña que agita los fantasmas del “comunismo” y el “terrorismo”, y han generado episodios de violencia contra partidarios de Perú Libre, pero también contra miembros de la prensa y dos ministros del Gobierno, que han obligado a pronunciarse al presidente saliente, Francisco Sagasti y a la fiscalía peruana.

EL MANDATO DE CASTILLO SERÁ ARDUO

Mientras, Pedro Castillo ha afirmado que el país merece «una Constitución aprobada en democracia» y sin las amenazas de «golpistas». “De esta manera, avanzaremos seguros dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”, escribió en Twitter.
Castillo ha anunciado que su gobierno priorizará “un crecimiento que no se aparte del desarrollo social ni de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”, algo que es difícilmente realizable en el marco de la Constitución neoliberal de 1993.

El anuncio ha sido utilizado por los parlamentarios electos de los partidos de derecha para defender la exclusión de Perú Libre de la mesa directiva del Congreso, donde el partido de Pedro Castillo tiene el grupo más numeroso, pero no cuenta con mayoría. Perú Libre tendrá que constituir alianzas para poder legislar, ya que solo cuenta con 37 congresistas sobre 130 escaños.

IDA Y VOX: RESORTES DEL FUJIMORISMO

Entre las fuerzas políticas internacionales que llaman a desconocer el resultado electoral favorable a Castillo destaca el partido de ultraderecha Vox, que presentó una propuesta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados de España a fin de “promover el desarrollo de las acciones internacionales necesarias” para inmiscuirse en el resultado electoral de Perú, que es solo competencia del JNE. Tanto el excandidato Rafael López Aliaga como el almirante Jorge Montoya han firmado la “Carta de Madrid” promovida por la Fundación Disenso, un chiringuito de Vox.

Otra política de la derecha extrema española que ha saltado con los dos pies en el barro de la campaña desestabilizadora en Perú ha sido Isabel Díaz Ayuso. La Embajada de Perú en España envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que rechazó que durante el debate de control al Gobierno de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio, afirmara que en las elecciones peruanas “votaron 44 mil muertos”.

El embajador Claudio de la Puente Ribeyro tuvo que recordar a Díaz Ayuso que “más de una docena de misiones de observación electoral”, incluyendo la de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, han reconocido que las elecciones en el Perú se han celebrado “de manera libre y democrática”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también se pronunció ante las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso, y le recordó que esa falsa noticia ya había sido desmentida a principios de junio.