Por la boca muere el pez

Los tres diputados de Unidas Podemos en el Congreso por la comunidad autónoma vasca, Juan Antonio López de Uralde, Pilar Garrido y Roberto Uriarte, acaban de registrar una denuncia en el juzgado de instrucción de Vitoria-Gasteiz contra el que fuera ministro de relaciones sindicales y posteriormente de gobernación durante los últimos gobiernos de la dictadura, una vez muerto Franco. Un personaje con una clara trayectoria fascista dentro del régimen, donde había desempeñado puestos de responsabilidad en sus estructuras políticas. No fue un burócrata que medró por puro oportunismo, su posicionamiento político fue constante entre los sectores más radicales y violentos del franquismo.

Los hechos que están en el origen de esta denuncia son de sobra conocidos y han sido objeto de varios procesos que han concluido con una total impunidad. El 3 de marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, cinco trabajadores fueron asesinados y más de cien resultaron heridos por los disparos efectuados por efectivos de la Policía Armada en la represión de una asamblea pacífica convocada en el marco de la huelga general que se estaba produciendo en la ciudad.

Las grabaciones conservadas de la emisora de las fuerzas policiales son espeluznantes, prueba de la intencionalidad de la acción emprendida: “Está repleta de tíos [la iglesia donde se desarrollaba la asamblea], repleta de tíos, entonces por las afueras tenemos rodeado de personal, vamos a tener que operar las armas. Sacarlos como sea, procedan a desalojar la iglesia a palo limpio. Esto está muy mal, vamos a tener que recurrir a las armas de fuego. Desalojen la iglesia como sea. Esto es la guerra en pleno. Se nos están terminando la munición y las granadas. Hemos contribuido a una de las palizas más grandes de la historia. Aquí ha habido una masacre”.

Como se señala en la denuncia presentada, estos hechos no fueron episódicos ni aislados sino que se enmarcan en un contexto generalizado, habiéndose documentado decenas de casos en todo el Estado español entre 1976 y 1982. Como resultado de todo ello no se produjo ninguna condena judicial. Rodolfo Martín Villa ha sido procesado por delitos de lesa humanidad en la justicia argentina, en la causa que dirige la jueza María Servini, donde el PCE es el único partido personado gracias al apoyo solidario de nuestros camaradas del PCA y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, aunque se encuentra actualmente en suspenso por decisión de un tribunal superior en tanto no se determine con mayor concreción su responsabilidad en los hechos investigados.

La impunidad hasta ahora ha operado a la perfección. Pero como el sujeto se encuentra envalentonado por su actuación en Argentina (declaró ante la jueza) y tantos años de intocable, el 17 de enero realizó las siguientes declaraciones en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum: «Yo pude ser el responsable, políticamente por supuesto, e incluso penal, de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material pero lo que no era posible es que yo formara parte de unos gobiernos que urdieron un plan sistemático, planificado, de aterrorizar a españoles partidarios de un gobierno democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político. Porque la Transición fue justo lo contrario».

Además de la falsedad manifiesta de su justificación y del agravio que supone para las víctimas, hay que recordar que, cuando se produjeron los hechos, participaba en un gobierno claramente continuista que solo gracias a las luchas populares y sindicales fue derrotado en su intención de mantener el control de la situación. Las declaraciones efectuadas en Nueva Economía Fórum suponen un reconocimiento de culpabilidad que no puede pasar desapercibido. Tal desfachatez merece una acción judicial coherente con la justicia y el Derecho Internacional, y refuerza el objetivo que debe cumplir la ponencia de la ley de memoria democrática que comenzará con sus trabajos en estos días.