Toni Morillas: “Queremos traducir la agenda del feminismo de la 4ª ola en una nueva generación de derechos feministas”

ALEJANDRA MATALLANAS: Diriges desde mayo del año pasado el Instituto de las Mujeres, ¿cuáles son las prioridades y objetivos que te has marcado?
TONI MORILLAS: El principal objetivo que nos hemos propuesto es que las políticas públicas feministas que despliega el Instituto de las Mujeres (IM) lleguen a todas las mujeres, especialmente a las más precarias, a las que históricamente han sido excluidas de la política pública. Priorizar las políticas que atienden a las realidades de los suelos pegajosos y que esto se traduzca en medidas concretas que, por ejemplo, permitan avanzar en la erradicación de las brechas de género en el empleo, en la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas o en actuaciones en los sectores laborales feminizados, que son los más precarizados, como por ejemplo el de las trabajadoras de hogar.

Por otro lado, el primer proceso que hemos impulsado desde el IM ha sido un proceso de diálogo con el movimiento feminista que se ha dirigido a elaborar una propuesta de modificación de la Ley de Aborto, que no solo haga efectivo el derecho al aborto, sino que permita reconocer nuevos derechos sexuales y reproductivos que son demandas históricas del movimiento feminista. Entre otras, reconocer la violencia obstétrica o la gestación por sustitución como formas de violencia contra las mujeres y poner en marcha medidas que en el caso de la primera permitan prevenirla, y en el caso de la segunda, acaben con la impunidad.

“Hemos iniciado un proceso de diálogo con el movimiento feminista para modificar la Ley del Aborto”

A.M.: ¿cuáles han sido los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo políticas públicas feministas que ya os habéis encontrado en estos meses?
T.M.: Cuando se propone un feminismo que tiene voluntad de poder y que plantea una enmienda a la totalidad a la manera en la que el capitalismo y patriarcado organizan nuestras vidas, las resistencias crecen. Nuestra propuesta política no es una política sectorial, sino que aspira a desplegarse en todas las áreas de nuestras vidas y por tanto, en todas las áreas de gobierno. Precisamente es el profundo carácter transformador de la propuesta política que estamos impulsando, lo que genera una reacción violenta de los sectores políticos más conservadores y machistas de nuestro país. La violencia política que se ha desplegado contra el Ministerio de Igualdad es la máxima expresión de cómo opera el poder cuando hay mujeres feministas en los puestos de mayor responsabilidad política.

Sin embargo, frente a esos ataques de las derechas, que han encontrado en el feminismo uno de sus principales enemigos a batir, nosotras seguimos, y lo hacemos con la convicción de que estamos en el gobierno para traducir la agenda del feminismo de la 4ª ola en una nueva generación de derechos feministas.

“Para abolir la prostitución es necesario proteger a las mujeres. Proponemos un Plan de Inserción Socio laboral con más de mil millones de euros”

A.M.: Estamos a las puertas del 8 de marzo, ¿cuál será el tema principal que visibilizará el Instituto de las Mujeres?
T.M.: Creemos que es necesario visibilizar que el feminismo es bueno para todo el mundo. Derechos que hoy gozan de un amplio reconocimiento y legitimidad social y que han contribuido a que tengamos un país mejor, han sido el resultado de las luchas políticas feministas en alianza con otros movimientos como el movimiento obrero. El derecho al aborto, el derecho al divorcio, el reconocimiento de la violencia de género, los permisos de nacimiento iguales e intransferibles, el matrimonio igualitario, los derechos del colectivo LGTBI, entre otros, han permitido que vivamos mejor, que podamos decir que vivimos en un país feminista. Un país feminista en el que en muchas ocasiones pasa inadvertido el hilo histórico de cómo hemos llegado hasta aquí. Este 8M queremos apuntar todo lo conquistado y todo lo que queda por conquistar y que sin duda, contribuye a mejorar la vida del 99% de la población.

La mejora en el reparto de cuidados, la apuesta por las políticas de conciliación, el acceso a métodos anticonceptivos, la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos e identidades. Todo eso es feminismo. Significa la universalización de derechos, un servicio público para todo el mundo.

A.M.: Como comunistas y feministas esta legislatura debe ser la oportunidad que necesitamos para empujar una legislación abolicionista, ¿qué trabajo estáis haciendo en esta dirección?
T.M.: La explotación sexual es una de las violencias más sistemáticas y extremas contra las mujeres; y por primera vez, y gracias a que UP está en el gobierno, la explotación sexual está incluida en la Ley de Libertad sexual que se está tramitando en el Parlamento. Acabar con la impunidad proxeneta, ampliando el tipo penal de proxenetismo al no coactivo e introduciendo la tercería locativa, que Felipe González retiró del Código penal y que ha contribuido a fortalecer la impunidad proxeneta. Además, estamos ultimando la Ley integral contra la trata de mujeres y niñas, que permita acabar con el tráfico del que tanto se lucra España. Para abolir la prostitución es necesario proteger a las mujeres, de ahí que propongamos un Plan de Inserción Socio Laboral, que en tres años debe invertir más de mil millones de euros en alternativas habitacionales, sociales y laborales para las mujeres víctimas de explotación sexual, trata y en contextos de prostitución, así como tomar las medidas necesarias para regularizar a las mujeres que se encuentren en situación irregular en España.

“No puede ser que la educación sexual no se garantice como derecho y esté sujeta al voluntarismo de los centros y equipos docentes”

A.M.: ¿Cuál es la relación del Instituto con las organizaciones feministas?
T.M.: Hemos apostado desde el principio por consolidar al Instituto de las Mujeres como un instrumento que permita fortalecer la participación y la incidencia política de las feministas, a sabiendas de la diversidad de expresiones y posicionamientos que actualmente componen el feminismo en nuestro país.
El Instituto tiene una relación permanente con el movimiento feminista. Más allá del apoyo económico, la cesión de sedes y otros instrumentos que permiten fortalecer la actividad propia del movimiento, el Instituto tiene distintos canales abiertos dirigidos a avanzar hacia una mayor participación del movimiento feminista en el diseño y la planificación de las políticas públicas que impulsamos. De hecho, a través del Consejo de Participación de la Mujer, las organizaciones feministas ahí representadas han tenido un papel muy activo en la elaboración del que será el próximo Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

Además, y teniendo en cuenta la diversidad del movimiento feminista en nuestro país, estamos impulsando otros espacios de encuentro y debate, como la Mesa Asesora de Cuidados, de la que forman parte más de 60 organizaciones y movimientos feministas, sindicales, de trabajadoras de hogar, de economistas feministas, etc. y que están trabajando específicamente en torno a una hoja de ruta que siente las bases para garantizar el derecho al cuidado, así como un paquete de medidas que sirvan para atender las necesidades más urgentes en materia de cuidados, particularmente aquellas derivadas del contexto de crisis sanitaria.

A.M.: Respecto a las violencias machistas los estudios arrojan datos que muestran que las generaciones que vienen tienen peligrosamente normalizada la violencia, ¿por qué crees que ocurre esto y qué está haciendo el Instituto para contrarrestar esto?
T.M.: No es exactamente así y de hecho sacar estas conclusiones puede ser también peligroso. En primer lugar nuestras generaciones más jóvenes nunca han tenido el nivel de conciencia sobre lo que es la violencia de género como ahora. De hecho en 2019, en la encuesta de juventud elaborada por la anterior Secretaría de Estado, se señalaba que para las chicas jóvenes la violencia de género era su principal preocupación. Los chicos de ahora no son más machistas y más violentos que en otras época. La normalización de la violencia y su invisibilización era algo cotidiano. Ahora la violencia es más visible y más reconocida y además entran en juego otros elementos que impactan en los chicos jóvenes y en su proceso de socialización: el discurso negacionista cala en ellos profundamente y las conductas violentas han encontrado otras vías para seguir ejerciendo el control sobre sus parejas, como son los entornos digitales. Pero no debemos de olvidar que las chicas jóvenes son las más conscientes y preparadas para combatir las violencias machistas. Es una generación decididamente feminista que seguirá luchando contra la violencia que viven sus iguales.

“Necesitamos una justicia feminista para que no se repitan casos de violencia institucional como el de Juana Rivas o María Salmerón”

A.M.:La pornografía es el primer espacio en el que se educan sexualmente los adolescentes, ¿qué consecuencias crees que provoca esto? ¿Debemos intervenir con políticas públicas?
T.M.: Debemos intervenir garantizando una educación sexual integral, con carácter obligatorio y en todas las etapas educativas, desde la educación infantil. Y en ello estamos. La reforma de la Ley 2/ 2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que ya tenemos preparada, incluye este como un tema central que pretendemos blindar como derecho. La educación sexual es una herramienta para prevenir las violencias sexuales, para desmontar los estereotipos de género que atraviesan las relaciones, para garantizar el reconocimiento de la diversidad sexual, de la diversidad de cuerpos y, sobre todo, para que la aproximación a la sexualidad se produzca de manera sana, empoderadora y libre de estereotipos y de violencias.

No puede ser que la educación sexual no se garantice actualmente como derecho y esté sujeta al voluntarismo de los centros o de los equipos docentes. La reforma de la Ley de Aborto y también el desarrollo de los decretos de enseñanzas mínimas que establece la LOMLOE, serán dos oportunidades maravillosas para blindar el derecho a la educación sexual en todas las etapas de la vida.

A.M.: La justicia patriarcal es otro de los grandes problemas que genera desigualdad a las mujeres y las revictimiza, ¿desde el Instituto se trabaja algún plan de formación o sensibilización en la Justicia y la Administración para acabar con esta violencia institucional?
T.M.: Soy consciente de que el entramado judicial sigue siendo un lugar hostil y complicado para las mujeres, por eso, como dice la Macroencuesta de violencia contra la Mujer de 2019, más del 80% de las mujeres entrevistadas nunca se han atrevido a llamar a sus puertas.

Para que el sistema judicial deje de revictimizar y acompañe a las mujeres es fundamental que las y los operadores jurídicos trabajen desde un enfoque de derechos humanos y de género y que sigamos avanzando para que nuestras leyes tengan ese enfoque de género, intersecccional y de derechos humanos. No pueden repetirse casos de violencia institucional como el de Juana Rivas o María Salmerón. Necesitamos una justicia feminista.

“La Ley de protección de la infancia prohíbe expresamente el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP)”

La futura Ley de Libertad Sexual, más conocida como Ley del solo sí es sí, avanza en este sentido. Actualmente gracias al Plan de Modernización que propuso el Ministerio de Igualdad en Julio de 2021, se ha firmado un acuerdo de formación masivo con la Escuela de Estudios Jurídicos para formar y capacitar a jueces y juezas, liderado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

A.M.: Este año pasado se ha hablado mucho de la violencia vicaria, ¿en qué punto estamos en la aplicación del Convenio de Estambul?
T.M.: El Ministerio está trabajando para aplicar el Convenio de Estambul y proteger a las niñas y niños víctimas de violencia de género. Para empezar, en noviembre se firmó la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para los próximos 4 años, reforzando las acciones de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos en la lucha contra la violencia machista, también en los casos de niños y niñas. Se ha aprobado la Ley de Protección de la Infancia, que prohíbe expresamente el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en instancias judiciales y actualmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está trabajando en la futura Estrategia Estatal para erradicar las Violencias Machistas, que incluye toda una línea de acción específica en materia de niñas/niños víctimas de violencia de género.

No dejaremos de repetir que un maltratador nunca será un buen padre y que es fundamental reforzar los mecanismos de identificación de las estrategias que utilizan los agresores para seguir ejerciendo la violencia y de protección de mujeres, niños y niñas.

A.M.: Desde una perspectiva de clase, ¿hacia dónde debemos empujar para que el feminismo no pierda en este país un carácter rupturista y transformador? ¿En qué debemos centrar las reivindicaciones este 8M?
T.M.: En traducir la agenda del feminismo de la 4ª ola en una nueva generación de derechos feministas, que garantice vidas libres de violencias machistas, que reconozca derechos de aquellas que siempre han estado en los márgenes, entendiendo que la opresión de género se cruza con otros ejes como el de clase, raza, orientación sexual o identidad de género, que generan múltiples precariedades y que redistribuya los tiempos, los trabajos y la riqueza para garantizar el buen vivir de todas y todos. Una nueva generación de derechos feministas que no deje a ninguna mujer atrás.

Planteamos para este 8M una agenda que parte de amplios consensos. En primer lugar, blindar los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar el derecho al aborto en la pública como una prestación sanitaria más. La objeción de conciencia no puede seguir obstaculizando a las mujeres el derecho a disponer de nuestros propios cuerpos. En segundo lugar, reivindicar políticas que permitan reconocer y redistribuir los cuidados, exigiendo que el Estado se haga corresponsable de los trabajos que sostienen la vida y que llevamos a nuestras las espaldas las mujeres, es inaplazable. Fortalecer los servicios públicos y su alcance y reconocer un nuevo sistema de permisos retribuidos por cuidados, que permitan que el principio de corresponsabilidad sea efectivo.

Este 8 de marzo tenemos que insistir en esa agenda política que nos une.