El grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común forzó, ayer martes 7 de junio, el debate en el Congreso de los Diputados sobre su proposición de ley para crear un impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas. Forma parte de las medidas propuestas por el grupo para salir de la actual crisis: es necesario que quienes más tienen y las rentas del capital aporten lo que les corresponde.
El sistema fiscal español cuenta con una figura tributaria de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Esta proposición de ley, sin embargo, define un nuevo tributo de carácter estatal que no podría ser bonificado por las comunidades autónomas y que funcionaría como un complemento del actual Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, gravaría a las fortunas superiores a los 10 millones de euros, y contribuiría a potenciar los principios de igualdad y progresividad en los términos que expone el artículo 31 de la Constitución Española.
Sin justicia fiscal no hay garantía para los derechos sociales
Los elevados grados de desigualdad que estamos sufriendo, acrecentados por la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y los efectos del conflicto en Ucrania, provocan inestabilidad social y económica, así como un aumento de la inflación que perjudica sobre todo a los más débiles. La rebaja de impuestos, cuando se produce, provoca que el sistema fiscal sea insuficiente para hacer frente a la necesaria garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Existe evidencia empírica suficiente de que la desigualdad disminuye cuando la progresividad fiscal es más alta y la imposición a las grandes fortunas más rigurosa.
El impuesto a las grandes fortunas conecta con lo dicho por la propia OCDE, incluso desde una perspectiva que no es la que compartimos desde la izquierda, cuando plantea que una mayor tributación de la riqueza no perjudica al crecimiento e insta a que se lleven a cabo reformas que, en relación con la tributación de los ingresos del capital personal y las ganancias del capital, tengan como resultado la reducción de la desigualdad. El actual Impuesto sobre el Patrimonio evidencia problemas de progresividad y redistribución, puesto que los tipos efectivos decrecen para los patrimonios a partir de los cinco millones de euros, lo que tiene como resultado que los contribuyentes con un patrimonio mayor a 30 millones soporten un tipo efectivo menor que los contribuyentes con un patrimonio entre uno y cinco millones.
De acuerdo con la última estadística disponible (2019), hay menos de 8.000 declarantes del Impuesto de Patrimonio con más de seis millones de euros. Según cálculos del grupo parlamentario de UP, una persona que cobre el salario mínimo (14.000 euros), debería trabajar 714 años para reunir de 10 millones de euros. Es una medida, por lo tanto, que sólo afecta a una ínfima minoría de privilegiados.
Lo recaudaría el Estado, para evitar paraísos fiscales como los de Ayuso
Algunos de los contenidos de la proposición son los siguientes. La titularidad del impuesto es del Estado. Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración, a practicar autoliquidación y, si es necesario, a ingresar la deuda tributaria que se determine. Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar, o cuando, sin darse esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos integrantes de patrimonio total sea superior a diez millones de euros.
Esta medida permitiría, además, acabar con los regalos fiscales a los ricos e impedir que comunidades autónomas como la de Madrid sigan siendo paraísos fiscales para multimillonarios. En este sentido, el impuesto propuesto por UP no es bonificable por las comunidades autónomas, para impedir que el PP y el resto de las fuerzas de la derecha sigan haciendo regalos fiscales a los ricos y vaciando de contenido las figuras fiscales, aumentando la desigualdad y degradando lo público. En los últimos 15 años (2004-2019), el patrimonio de los declarantes del Impuesto de Patrimonio ha aumentado un 36%, pero la recaudación del impuesto ha caído un 6%. Isabel Ayuso perdona cada año 1.000 millones de euros a los 20.000 madrileños con mayor patrimonio mientras recorta los servicios públicos, como la atención primaria en la sanidad.
Como era de esperar la toma en consideración de la proposición de ley fue rechazada con los votos de las derechas y el grupo parlamentario socialista, una prueba más de que las políticas de protección social que ha logrado impulsar el actual Gobierno lo han sido gracias a la labor y perseverancia de UP y sus aliados en la izquierda. En las actuales circunstancias no basta con prorrogar el actual escudo social: el Gobierno tiene que dar más pasos para mejorar la vida de las familias y aliviar las consecuencias de los altos precios.
Nuevo escudo social y necesidad de justicia fiscal
A finales de marzo, el Gobierno adoptó un nuevo escudo social frente a los altos precios provocados por la guerra de Ucrania y por la elevada factura eléctrica. En este sentido se puso en marcha una intervención sin precedentes del mercado de la vivienda para limitar al 2% la subida de los alquileres, un cheque ayuda de entre 220 y 420 euros para las familias que perciben el ingreso mínimo vital, la ampliación de los descuentos en la factura eléctrica a familias vulnerables (el conocido como “bono social»), el descuento en los carburantes y ayudas al sector primario y a los transportistas. Este paquete de medidas ha contribuido a aliviar la situación, pero el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabaja en nuevas medidas que deben ser estructurales. Profundizar en estas políticas sin justicia fiscal se hará cada vez más difícil, por lo que el debate cerrado en falso ayer martes no ha hecho más que comenzar.
