Lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera española entre Melilla y Nador constituye ya un hito en la historia violenta de un territorio que se ha convertido en un auténtico agujero negro de los derechos humanos. No es la primera vez que ocurre un crimen de esta magnitud ni el único escenario geográfico, pero la crudeza de las imágenes que hemos podido contemplar no deja lugar a dudas. Es muy probable que el número de personas fallecidas no se llegue a conocer nunca. La opacidad forma parte intrínseca de un mecanismo perverso que se valora desde los gobiernos por su eficacia en la contención de las migraciones.
El Partido Comunista de España ha hecho un llamamiento desde el primer momento a la participación en las movilizaciones sociales que se han producido en todo el país. Un movimiento que debe continuar y profundizarse. Es un imperativo ético mostrar nuestra indignación frente a la barbarie y la impunidad de estos crímenes. Es una obligación política actuar. No podemos dejar de mostrar nuestro rechazo a la reacción del presidente Pedro Sánchez manifestando que se trataba de un «asunto bien resuelto». Ante la magnitud de la tragedia lo primero siempre debe ser la atención a las víctimas, la exigencia de investigación y la empatía con quienes sufren las más graves vulneraciones a los derechos humanos. El presidente se equivocó al pactar con el régimen marroquí una alternativa que agravia el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y ha errado de la peor de las maneras al justificar en sus declaraciones la actuación de las fuerzas de seguridad de nuestro vecino del sur.
La representación de Unidas Podemos en el gobierno trasladó su enérgica protesta a los ministerios de exteriores e interior por lo ocurrido tan pronto se conocieron los hechos. El PCE, Izquierda Unida y Unidas Podemos han emitido comunicados y se han pronunciado a través de sus dirigentes de forma inequívoca ante la gravedad de lo sucedido. El grupo parlamentario, en el primer día hábil después de los hechos acaecidos en la frontera, registró una proposición no de ley para que el pleno del Congreso de los Diputados acuerde una condena clara, la garantía a la atención a las víctimas que se encuentren en territorio español, la colaboración en la identificación de los cadáveres y la localización de los familiares. Son medidas humanitarias urgentes que se complementan con dos peticiones más.
En primer lugar, habilitar las oficinas que ya existen en las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla, para permitir de esta forma que se tramiten en las mismas solicitudes de protección internacional. Establecer vías migratorias seguras para las personas que se desplazan en búsqueda de protección es perfectamente posible y viable. Señalamos la más inmediata al escenario de la actual tragedia, pero son muchas las alternativas que están a la mano para construir otro modelo migratorio (asilo por vía diplomática, visados para la búsqueda de empleo, …).
La proposición de UP, en segundo lugar, reclama una investigación independiente para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades políticas y penales tras el desarrollo de sus trabajos, algo que ya han reclamado distintos organismos de Naciones Unidas. La exigencia de la universalidad de la justicia no puede conocer fronteras ni intereses políticos. El asesinato de personas indefensas y desarmadas no puede quedar impune.
El gobierno español debe rectificar la política internacional, decidida unilateralmente por el PSOE, en relación con el régimen marroquí estableciendo como prioridad el respeto a los derechos humanos y debe cambiar su política migratoria, en especial la dedicada al control de fronteras. El pacto europeo de inmigración y asilo es una oportunidad para concretar un giro en esta materia. Más allá de la valoración de lo sucedido en Ucrania, hoy podemos constatar que es posible organizar una acogida masiva en muy poco tiempo de personas refugiadas en condiciones de dignidad y solidaridad. No hay excusas. El PCE trabajará para que se esclarezcan todas las responsabilidades de lo sucedido en la frontera y se actué en consecuencia, al mismo tiempo que defenderemos una política migratoria acorde con el internacionalismo que conforma una de nuestras señas de identidad. Utilizaremos toda nuestra fuerza en la movilización social, en las instituciones y en el gobierno para avanzar en esa dirección.
