La reunión de ayer entre el Partido Socialista y el Partido Popular únicamente acordó «avanzar» en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No se habló de fechas. Y tampoco se habló de la renovación del Tribunal Constitucional, que sigue bloqueada por la derecha política y judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano fundamental que tiene el poder de declarar inconstitucional una ley que haya sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Urge renovarlo.
“La derecha no puede bloquear todos los órganos constitucionales, es decir que si ya han bloqueado las renovación del Consejo del Poder Judicial no pueden también bloquear la renovación del Tribunal Constitucional”, declaró a Mundo Obrero el Secretario General del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Así mismo, manifestó que no percibe un cambio de actitud del PP, ya que si realmente tuviera voluntad de acabar con este atropello contra la Constitución, hablaría con el bloque conservador del CGPJ para que designe los dos magistrados que le corresponde nombrar para el Tribunal Constitucional y así se solucionaría el problema.
Cumplir con el mandato constitucional
Actualmente en el Tribunal Constitucional hay una mayoría conservadora: 7 magistrados conservadores frente a 5 progresistas. La relación cambiaría a favor de los progresistas con la renovación que tenía que haberse producido el pasado 12 de junio y no se efectuó. Desde entonces 4 magistrados del Constitucional tienen su mandato caducado.
Según recoge la Constitución, en su artículo 159, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros: 4 nombrados a propuesta del Congreso -por mayoría de tres quintos de sus miembros-; 4 a propuesta del Senado, -con idéntica mayoría-; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del CGPJ.
Esos 12 magistrados se renuevan por terceras partes cada tres años. Esta pasada primavera tenían que haberse renovado los 2 miembros propuestos por el Gobierno y los 2 propuestos por el CGPJ. Pero 8 miembros conservadores del CGPJ bloquean la renovación, incumpliendo con ello su mandato constitucional.
“Al margen de lo que ocurra con la negociación del Consejo del Poder Judicial, el gobierno tiene que proceder urgentemente a designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde. El incumplimiento de las normas constitucionales por parte de la derecha judicial no puede arrastrar al gobierno a incumplir su obligación de nombrar dos magistrados”.
Enrique Santiago, Secretario General del PCE, definió la actitud de la derecha judicial y política de sediciosa, y de golpe blando. Lo hizo en un artículo La Justicia en España: un juguete de la derecha antisistema en el que acusaba al PP de incumplir la ley y la Constitución para mantener el control sobre el órgano de gobierno de un poder del Estado, que favorezca sus intereses políticos
