Aumenta a 24 la cifra oficial de muertos por la represión en Perú, la cifra real roza la treintena

Liberan a 26 campesinos retenidos en allanamientos a sedes de organizaciones. México, Colombia, Bolivia, Cuba, Argentina y Nicaragua, entre otros países, condenan la represión. El Gobierno de España no ha dicho nada.

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La cifra de muertos por la represión que aplican fuerzas policiales y militares peruanas contra las manifestaciones populares, que reclaman la convocatoria de elecciones generales y una nueva Constitución, aumentó a 24, informó este sábado el Ministerio de Salud. 

Pero la violenta represión policial y militar, con disparos de fuego letal al cuerpo de los manifestantes, continúa, como denuncia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, por lo que la cifra real roza ya la treintena y desgraciadamente es muy probable que siga aumentando en las próximas horas:

El medio alternativo Infórmate Ucayali transmitió por su canal de Facebook la violenta represión de la Policía contra un bloqueo de carretera en Huipoca, provincia de Padre Abad. Se confirmaron, según este medio, tres personas asesinadas, entre ellas una niña, y varios heridos de bala.

Los restos de Luis Miguel Urbano Sacsara fueron sepultados este sábado en el cementerio de Ayacucho. Había servido al Ejército y estaba estudiando administración. «Él no era un delincuente. Era un estudiante. Lo han matado por la espalda», dijo su tía en el entierro, que se convirtió en una manifestación masiva de denuncia contra el Gobierno y el Congreso.

Liberan a 26 campesinos retenidos en allanamientos a sedes de organizaciones

Cerca de la medianoche del sábado, la policía liberó a 26 campesinos que retuvo de manera arbitraria durante unas 14 horas en las instalaciones de la Confederación Campesina del Perú (CCP), en Lima, la capital del país, que había sido allanada más temprano.

La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía allanó los locales de la Confederación Campesina del Perú, del Partido Nuevo Perú y del Partido Socialista desde primeras horas de la mañana, impidiendo la entrada de abogados para asistir a los detenidos y presentando armas supuestamente incautadas en el interior de estos locales que las organizaciones denuncian fueron “sembradas” por la policía, algo habitual que recibe el nombre de “terruquear”:

Los manifestantes fueron recibidos en las afueras de la CCP por sus compañeros que se habían concentrado en el lugar reclamando su liberación inmediata.

Reacción internacional de condena: el Gobierno de España no dice nada

La Presidenta Dina Boluarte decidió llamar a Lima a los embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, porque los gobiernos de esas naciones plantearon que el mandatario de Perú es Pedro Castillo.

En La Habana, las 10 naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, encabezada por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, cerraron filas en apoyo a Castillo.

Durante la semana, en un comunicado, los mandatarios de México, Argentina, Colombia y Bolivia plantearon que se respetara a Pedro Castillo como Presidente de Perú. “El presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” indicó el comunicado conjunto.

Planteando que Castillo fue electo democráticamente, los presidentes exhortaron “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. En el comunicado se dijo hizo un llamado “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Los gobiernos de los cuatro países que suscribieron el comunicado, solicitaron que se “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

El expresidente boliviano Evo Morales, ha hecho llamados a organismos internacionales, entre ellos a la ONU y a la CIDH, para que pongan un alto a las muertes y graves violaciones de los derechos humanos del pueblo peruano.

Hasta ahora, el Gobierno de España no ha condenado la masacre en Perú ni las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo, algo que contrasta con la rápida reacción cuando la represión de manifestantes, incluso con un resultado letal muy inferior, se ha producido en Venezuela. Pero tampoco sorprende, teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo a bien recibir al ex presidente Iván Duque cuando estaba masacrando a los manifestantes en Colombia en 2021 y se abstuvo de condenar los más de 80 asesinatos.

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