El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (VOX), anunció el pasado jueves 12 de enero que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas.
La coalición PP y VOX gobierna en Castilla y León. En su acuerdo de gobierno ya recogían medidas e iniciativas claramente misóginas y que atentaban contra los derechos de las mujeres, medidas que ya denunció el movimiento feminista desde el minuto uno de la formación de gobierno. El continuo cuestionamiento de los derechos y libertades llevó a los sindicatos CC.OO y UGT a convocar manifestaciones en las nueve provincias de la comunidad en defensa de la libertad. Libertad y derechos que son puestos en cuestión diariamente por la extrema derecha en nuestra comunidad.
Una normativa que, en boca del vicepresidente, obligará a las y los profesionales sanitarios a “decirle a la mujer que tiene la posibilidad de escuchar el latido del feto, el respaldo psicológico y la ecografía 4D del feto. La intención es clara: disfrazar con medidas sanitarias medidas claramente ideológicas, que tienen como objetivo coartar la libertad de las mujeres. Esta obligación que pretenden imponer al personal sanitario deberá tener respuesta por parte de las y los mismos ya que con esta obligación se contravienen las recomendaciones recogidas en las guías de salud avaladas por la comunidad científica
También ha atacado al gobierno de la nación por imponer una supuesta “lista negra “de objetores de conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo.
Iniciativas como ésta recuerdan a lo aprobado en Hungría por el gobierno de Orbán y sobre todo y lo que es más preocupante, a la ley de Texas (EE.UU) que en 2011 obligaba a la mujer a ver una ecografía y escuchar la palpitación del feto antes de abortar y que culminó con la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en ese estado de EE.UU.
Castilla y León se ha convertido en un laboratorio de la extrema derecha para sus reivindicaciones políticas y los derechos sexuales y reproductivos forman parte de la disputa ideológica y política.
El ataque de la extrema derecha a los derechos de las mujeres y al feminismo no son cuestiones menores, ni distracciones para ocultar agenda; forman parte esencial de su proyecto político y es una estrategia para conseguir atención y espacio mediático.
Vox impone su programa
La oposición al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es troncal en VOX, que surge como partido político de escisiones en el ala más derechizada y cercana al franquismo del Partido Popular; son los neoconservadores del PP, y de ahí lo fácil de sus alianzas y el peligro que suponen para la propia democracia.
Su discurso con el derecho al aborto parte de no prohibir, pero sí imponer medidas a las que eufemísticamente llaman “informar” a las mujeres y que las llevará a procesos que implican ecografías donde estarán obligadas a escuchar el latido del feto antes de tomar la decisión de abortar, (programa electoral de VOX 2018).
Todo este “sainete” que escenifica la ultraderecha y la extrema derecha en nuestra comunidad, esconde la dura realidad que aún viven las mujeres de Castilla y León cuando manifiestan su intención de ejercer un derecho sobre su sexualidad.
La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación más del sistema sanitario y está incluida en la cartera de servicios de las instituciones sanitarias. La realidad que viven las mujeres es muy diferente; la externalización del servicio derivando a clínicas privadas es la norma mayoritariamente aplicada, utilizando también el argumento de la objeción de conciencia como impedimento para prestar el servicio en el sistema público.
El peregrinaje que las mujeres realizan entre provincias y comunidades por poder ejercer un derecho roza lo absurdo. Aun existiendo clínicas autorizadas en su provincia se ven obligadas a trasladarse a otra de la comunidad y muchas de ellas a Madrid, todo ello como consecuencia de la licitación de prestación de servicio desde las delegaciones provinciales.
22 años lleva la Junta de Castilla y León vulnerando los derechos de las mujeres que deciden abortar, la propia ley de 2010 ya recogía que la prestación se debería de llevar a cabo de manera más favorable para la mujer.
La objeción de conciencia de las y los profesionales que recogía la propia ley no impidió que la práctica habitual en nuestra comunidad fuese la “objeción de conciencia institucional”. La modificación que el gobierno introduce en la ley evitará malas interpretaciones de esta; la objeción de conciencia es una decisión siempre individual y no puede ser tomada por los jefes de servicio de los hospitales como venía siendo costumbre aceptada hasta el día de hoy.
Durante 2021 en Castilla y León se practicaron 2.597 interrupciones del embarazo, de las cuales solamente 59 fueron en centro públicos, 217 en hospitales concertados y el resto en clínicas privadas de la comunidad y de otras comunidades.
Ofensiva antifeminista
El aborto es un derecho que tienen las mujeres sobre su vida, la no normalización de éste estigmatiza tanto a las mujeres como a las y los profesionales que puedan practicar abortos. Hoy vuelven a cuestionar un derecho reconocido hace 35 años; las supuestas “informaciones” que recibirán las mujeres suponen retrotraernos de facto a la ley de supuestos, donde uno de ellos era el trastorno para la salud mental. Miles de mujeres diagnosticadas como “locas” tuvieron que acogerse a ese supuesto.
A la extrema derecha y a la derecha extrema les producen urticaria los derechos de las mujeres, de ahí su reacción ante los avances y conquistas feministas.
La extrema derecha sigue pensando que la función de las mujeres es traer hijos/as al mundo y ser cuidadoras; y que el resto de las actividades, incluido el derecho al trabajo, son secundarias. Y en esa dirección van sus medidas. El feminismo también ha puesto la materialidad en el centro de sus luchas, porque el 51% de la población somos las mujeres, y seguimos sobreexplotadas, precarizadas, víctimas de una brecha salarial y de las pensiones injustas, llevando sobre nuestros hombros la inmensa mayoría de los cuidados.
El grito global de la huelga feminista de 2018 “si nosotras paramos, el mundo se para”, provocó y sigue provocando reacciones virulentas del capitalismo y el patriarcado hacia las conquistas de derechos de las mujeres; nada es casual, la reacción neoliberal que en lo político también utiliza elementos del fascismo clásico, ha declarado la guerra al feminismo; al considerarnos sujetos subalternos subestima la capacidad de las mujeres creando alianzas, tejiendo redes y luchando para ampliar horizontes. Su odio hacia las mujeres les hace olvidar que nuestras luchas obligan al mundo a resolver las desigualdades de raíz, como decía Rosa Luxemburgo, “abriendo paso a un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.
Ganamos el pulso a Gallardón
Y si la memoria de la extrema derecha fuese memoria de pez, les recordamos que no hace tantos años, en 2015, el movimiento feminista logró a través de la movilización echar al ministro Gallardón por su intento de limitar el derecho al aborto.
El 15 de enero, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aún así no debemos bajar la guardia, es necesaria la lucha y la movilización de las mujeres y de toda la sociedad castellano y leonesa para desplazar del gobierno autonómico a odiadores, xenófobos, machistas, antidemócratas y a quienes les sustentan con su alianza. El PP es el máximo responsable y está poniendo en riesgo las instituciones y la democracia.
Con su llegada al gobierno de la Comunidad han alterado las bases de la convivencia democrática y la ponen en peligro eliminando derechos conquistados por los sindicatos y por el movimiento feminista. No les permitamos entrar en los gobiernos; la próxima convocatoria electoral será el próximo escenario de disputa, de movilización y de lucha, de ello dependerá o no que ocupen gobiernos.
(*) Responsable de feminismo; Colegiada de IUCYL
