El clima preelectoral exige innovaciones. Quien las protagoniza cabalmente, suele cosechar ventajas. Vayamos a la necesidad de innovar una práctica política tan reiterada como dañina para la democracia: la opacidad. Cuando los Gobiernos, la oposición, los partidos políticos o sus líderes no explican las razones de lo que deciden, no pueden esperar que la gente les entienda. La política es un álgebra compleja que ha de ir acompañada de una pedagogía capaz de formular, de manera llana, a qué obedecen las decisiones adoptadas. Sobre todo, las concernientes a la política exterior, parcela de la cual el ciudadano de a pie se siente generalmente excluido.
Cualquier persona sensata imagina que las grandes decisiones políticas que se toman con excesiva prudencia o remilgo suelen obedecer a importantes presiones que se trata de evitar o a jugosas ofertas que se pretende obtener. De ahí las cautelas, la discreción o el secreto que suele acompañarlas. Pero en las democracias, hay un requisito previo y consiste en la transparencia de la acción política. ¿Por qué? Sencillamente, porque esa transparencia democratiza, legitima y avala esa acción política. Cuando la ciudadanía se siente informada, se siente asimismo más segura y capacitada para avalar una decisión política determinada.
A nadie se le oculta que el reciente cambio en la política exterior española respecto de la cuestión saharaui, con Marruecos siempre al fondo, debió obedecer a problemas muy graves que se pretendía evitar o a prerrogativas interesantes a las que se podría acceder. Bien. La pregunta es ¿por qué no se explicaron motivada y ampliamente las razones de tal decisión? Estados Unidos y Francia, pronto lo haría Alemania, acababan de mostrar su apoyo al plan marroquí al respecto. ¿Era motivo suficiente para cambiar de manera rotunda una línea de actuación política exterior española de décadas? Si la superpotencia mundial y las dos grandes potencias europeas estaban por la labor, la posición española podía hallar razones de peso, presiones y contraofertas suficientes como para aceptar tal cambio. ¿Con qué tipo de amenaza amagaban a España entonces o qué bicocas, acciones u omisiones, estaban en disposición de brindar? ¿Quizá la retirada del peligroso escudo antimisiles del Sur de España y su traslado al imprevisible vecino del Sur? ¿Un trato de favor fortificante al Gobierno de coalición ejemplar para Europa y Estados Unidos, linchado sin embargo dentro de España por una oposición como la que se sufre en este país? ¿Ofrecían desde Washington, París y Berlín apoyar al Estado español en su reivindicación frente al Reino Unido sobre Gibraltar, habida cuenta de la actual fragilidad británica, ya fuera de la Unión Europea? ¿Ofrecía tal vez Marruecos renunciar sine die a incordiar intermitentemente en torno a Ceuta y Melilla, como acostumbra hacer, a cambio de obtener manos libres en sus planes sobre el Sahara? ¿Buscaba Argelia una salida al problema saharaui, asumido inercialmente por Argel durante muchos años? ¿Ha de aceptarse la condena al nomadismo a todo un pueblo como el saharaui, sin salidas políticas viables y con enemigos tan poderosos y tan débiles aliados?
Resulta significativa la ulterior toma de posición británica a favor de la demanda saharaui de independencia, tal vez para privar de cintura y solvencia diplomática a España respecto al Peñón.
Todas estas hipótesis, meras hipótesis, en caso de ser ciertas, pueden resultar comprensibles por el ciudadano medio, si se le explican llanamente. Incluso puede apoyar abiertamente la decisión del Gobierno de coalición al respecto. Pero si no se explica de la forma debida y se opta por el silencio oficial o similar, pocos columbrarán el alcance de lo decidido y recurrirán al tópico sempiterno y simplista de la “bajada de pantalones ante Marruecos”.
Empero, hay un matiz importante. Una carta del Presidente del Gobierno al rey de Marruecos, como era el caso, es una carta del jefe del Ejecutivo, que no tiene por encima más que la discrecionalidad del Jefe del Estado a la hora de enmendar su contenido y solo en condiciones excepcionales. Independientemente de que tal cambio haya sido -o no- consensuado entre la jefatura del Gobierno y la jefatura del Estado, cosa que puede darse como previsible, la única rúbrica de la misiva era la del jefe del Ejecutivo. Queda la puerta abierta a una rúbrica superior -o su retirada- desde el rango más alto. He ahí una treta presumible y posiblemente premeditada.
Lo tratado viene a cuento sobre la candidatura por Madrid de la lista de Sumar al Congreso de los diputados, que encabeza Yolanda Díaz. En su número dos figura el diplomático Agustín Santos Maraver, Embajador representante permanente de España ante Naciones Unidas. Todo un peso pesado de la política estatal que, sin duda, ha de estar -y estuvo- al cabo de toda la acción exterior española, señaladamente, la de Marruecos. Inmediatamente después en la lista figura Tesh Sidi, ingeniera y activista saharaui.
Si nadie se brinda a explicar a qué obedecen estas candidaturas, habrá que emitir algunas hipótesis al respecto. Primero, habría que despejar la incógnita sobre si una o las dos candidaturas de Sumar, Santos y Sidi, han sido o no consensuadas por Díaz con el jefe del Ejecutivo. Y ello porque si las urnas permiten prorrogar el Gobierno de coalición, las dos designaciones fortificarán la política exterior española en torno al Norte de África ya que implican la apertura de un two track way, un camino de ida y otro de vuelta, de lo que cabe y se puede hacer en la política y en la diplomacia al respecto. Palo y zanahoria. Si los partidos hoy coaligados en el Gobierno pasaran a la oposición tras las elecciones, los dos nombramientos serían sendos activos -o arietes- para la acción política que también desde la oposición tiene el carácter de estatal.
Todo lo dicho, que solo cabe concebir como hipótesis razonadas, pretende salir al paso de lo que no se nos explica. Con la cúpula de la derecha ya imaginamos lo que nos puede aguardar, es decir, el silencio absoluto y la opacidad a propósito de la política exterior: recordemos a quién pidió permiso Aznar -a nadie- para poner los pies encima de aquella mesa infame y alinear a España con los mentirosos de las armas de destrucción masiva de Irak, enemistándonos gravemente con nuestros aliados de la Unión Europea.
Pero en la izquierda, el trato democrático hacia la ciudadanía suele ser una constante en la política interior, como demostró el jefe del Gobiernos José Luis Rodríguez Zapatero y muestra hoy el jefe del Gobierno Pedro Sánchez. Mas hoy ese mismo trato debe ampliarse y hallar su correlato en lo que concierne a la política exterior. Esa es la oferta diferencial que la izquierda puede y debe llegar a ofrecer. En muchas de las decisiones adoptadas parece haber habido inteligencia y finezza, sutileza y mirada a largo plazo, incluso un punto de maquiavelismo sano, pero necesitamos que se nos expliquen. Millones de españolas y españoles deseamos que la sensatez y la laboriosidad, tan parcas en otros predios ideológicos, gane estas elecciones tan importantes. Y si se hace pedagogía sobre cuestiones tan relevantes, crecerá la confianza que fortalecerá el sentido del voto en una clave democrática, por el bien de todos. Si tal pedagogía no tiene lugar, se dejará el espacio libre para que o bien el simplismo impere y se vuelva contra la faz de los que callaron o bien algunos analistas como el que esta crónica suscribe incurramos en la intrepidez de formular atrevidas hipótesis, más o menos fundadas, pero condenadas a seguir siendo hipótesis mientras no se vean corroboradas por la realidad.
