La entrada de la ultraderecha en las instituciones está dejando situaciones dantescas fruto del carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista que profesan. Una de ellas se vivió el pasado 25 de octubre cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo en su cuenta de X (antes Twitter), público un vídeo grabado frente a un hotel en Medina del Campo en el que el Gobierno de España había realojado a 183 personas migrantes que habían llegado a las costas de las islas Canarias.
En el vídeo titulado «Desde Medina del Campo decimos no a la invasión migratoria», el vicepresidente de la Junta habla de «inmigrantes ilegales», «jóvenes, varones, en edad militar» e incluso acusa a ONGs de colaborar con las mafias de tráfico de personas.
Una campaña racista que Izquierda Unida en Castilla y León ha denunciado ante la fiscalía de la comunidad autónoma por un delito de odio en virtud del Código Penal, que en su artículo 510, califica el «delito de odio» y especifica que serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses, quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas o de aporofobia. Ahora la formación permanece a la espera de que el fiscal admita o no trámite la denuncia, algo que se conocerá en un plazo aproximado de un mes.
IU acusa precisamente a García-Gallardo de estar movido por ese odio hacia personas por su condición de inmigrantes y de pobreza y califican de muy grave el hecho de que todo esto venga de un representante de una institución como la Junta y recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que «ningún ser humano es ilegal» y que toda persona tiene «derecho a que se respete su dignidad en su condición de ser humano y a no ser discriminado por su raza, religión o su posición económica».
Además Izquierda Unida también ha manifestado su intención de llevar a cabo otras acciones como acudir a la movilización convocada por distintas organizaciones sindicales para el próximo 10 de febrero contra las políticas de extrema derecha, presentar mociones en distintos ayuntamientos de la comunidad para reprobar el comportamiento de Juan García-Gallardo e incluso presentar una proposición no de ley en las Cortes para construir un modelo político «en el que no quepan actitudes como las del vicepresidente de la Junta».
La formación también ha lamentado que la derecha y extrema derecha estén fomentando un clima de odio y de conflicto constante en las Cortes, en las calles y frente a la sede de determinados partidos. Recuerdan que en 36 años de gobierno del Partido Popular en la comunidad, no siempre fueron así las cosas y acusan a VOX de radicalizar las posiciones del gobierno autonómico y del deterioro de la convivencia.
