La experiencia demuestra que estas medidas sólo provocan sobreendeudamiento y aumento de precios, beneficiando a los de siempre. Necesitamos un Plan Estatal de Vivienda Pública que nos sitúe a la vanguardia de Europa en la garantía del derecho a vivienda. Así resumía Sumar su oposición a la última medida anunciada por el PSOE por su cuenta, que viene a ahondar el problema del acceso a la vivienda que existe en España.
La coalición de izquierdas basa su oposición en la evidencia empírica de otros países, que muestra que medidas como la que anunció este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son inflacionarias y terminan beneficiando a los bancos sobre todo en contextos con tipos de interés elevados como el actual. Basta con saber que esa misma receta también la han puesto en marcha gobierno autonómicos como el de la reaccionaria Isabel Díaz Ayuso.
Sumar, que parte del análisis de que el mercado inmobiliario en España es un mercado profundamente oligopólico y marcado por el abuso, considera que el Gobierno debería priorizar otras medidas para solucionar el “grave problema” de acceso a la vivienda en España y por eso ha trasladado a su socio en el gobierno una serie de propuestas que abordarán en las negociaciones para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Propuestas de Sumar
Algunas de estas iniciativas van dirigidas a mejorar la Ley de Vivienda que el Ejecutivo aprobó durante la legislatura pasada. Entre otros asuntos piden ampliar la cobertura de la norma a las comunidades que se oponen a su aplicación. La ley se aprobó a mediados del año pasado, poco antes de las elecciones del 28M en las que la mayoría de autonomías pasaron a manos del PP, que se ha negado a poner en marcha una norma que en su mayor parte deben aplicar las comunidades y ayuntamientos, puesto que son esas administraciones las que tienen delegadas las competencias de vivienda.
También han propuesto al PSOE regular los alquileres de temporada e impulsar una “regulación más exigente con los alquileres turísticos”.
Sumar quiere que el Gobierno fomente la vivienda pública: pide la mayor inversión vivienda pública en alquiler social de la historia “con el objetivo de alcanzar el 20 % de vivienda en alquiler social” y “contribuir a este objetivo movilizando suelo público y las viviendas en propiedad de la Sareb, avanzando en el proceso de trasferencias de los activos de la Sareb a las comunidades autónomas condicionado a su uso como vivienda pública de alquiler con fines sociales”.
Sumar propone además otras cuatro medidas. Prohibir la compra de viviendas que no se vayan a destinar a residencia permanente del adquirente en zonas declaradas tensionadas en los términos que marca la ley de vivienda; poner fin a las Golden Visa, los programas que facilitan la concesión de residencias legales a cambio de fuertes inversiones en el país; “establecer el derecho de tanteo y retracto en operaciones sobre las grandes operaciones inmobiliarias para todas las administraciones públicas”; y “reservar los beneficios fiscales al alquiler a personas y empresas que se arrenden por debajo de los precios de referencia y gravar más la vivienda vacía”.
Otra medida que va a proponer Sumar es que se elabore el índice de referencia que está previsto en la ley pero que todavía no ha sido publicado. Se trata de un índice de precios para limitar los alquileres en las zonas tensionadas. “En relación con el mercado hipotecario también es necesario hacer obligatoria la portabilidad de hipotecas entre bancos y vincular el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo a la deuda pública”, reclaman además.
