Enrique Santiago, ha sacado adelante en el Congreso la proposición de ley del grupo Sumar para que se modifique la ley franquista de 1964 sobre condecoraciones policiales, cuando estos premios se conceden “como retribuciones a servicios prestados fuera de la ley” o se hace “un mal uso de esta práctica”.
Santiago ha recordado que “desde múltiples instancias se ha pedido la revisión y retirada de condecoraciones, y se ha puesto de manifiesto el mal uso que se ha hecho de éstas en múltiples ocasiones. “Especialmente han sido —ha explicado Santiago— los colectivos sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que han denunciado en numerosas ocasiones su utilización espuria y lo han considerado polémico, visto que se han entregado en forma de recompensa”.
El portavoz de Interior del grupo de Sumar ha lamentado que en el ordenamiento jurídico español “pervivan normas aprobadas durante la dictadura con una importante carga política e ideológica, arrastrando todavía sombras del régimen dictatorial” y explicó que con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, desde Interior “se ordenó retirar las condecoraciones afectadas por la misma”. Tanto en la Policía Nacional como la Guardia Civil se iniciaron procedimientos de oficio para esta retirada, pero también para “revisar condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista o que hubieran realizados actos incompatibles con los valores democráticos”.
Pero no sólo se trata de condecoraciones recibidas con anterioridad a la Ley de Memoria Democrática, sino que también es necesario una reforma legislativa para considerar las condecoraciones posteriores a la entrada en vigor de dicha ley, como es el caso de los catorce agentes que obtuvieron condecoraciones mientras estuvieron involucrados en la “trama kitchen”, y solo uno pudo acreditar que su recompensa fue otorgada conforme a la ley”, comentó Santiago. “Las condecoraciones se utilizaron como retribuciones a estos servicios prestados fuera de la ley e incluso hubo agentes que fueron trasladados por el ministerio del Partido Popular a destinos en el exterior mejor pagados”, añadió Santiago.
