El pasado jueves tuvo lugar en Bollullos de la Mitación (Sevilla) una detención policial relacionada con la solidaridad con el pueblo palestino del movimiento estudiantil. En un llamativo despliegue, siete efectivos encapuchados de la Policía Nacional detuvieron a Carlos Ochoa, secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla. También han citado a otro activista del movimiento de solidaridad para que se persone en Comisaría, según fuentes parlamentarias.
Estos hechos se sucedieron tras el desalojo del 10 de junio de la acampada por Palestina de la Universidad de Sevilla. Según informaron al detenido, la Brigada de Información le investiga por un presunto acto contra un cajero del BBVA. En concreto, se le imputa un delito de daños valorados en 3.000 euros por una mera pintada.
No obstante, fuentes parlamentarias señalan que «desconocemos el motivo por el que se ha llevado a cabo dicho operativo sólo para tomar declaración a una persona investigada que podría haber sido citada por teléfono, mediante carta o personalmente por agentes de paisano». Los diputados andaluces de Sumar calificaron el operativo de «puesta en escena» que estuvo «fuera de lugar» y fue «desproporcionada».
El Grupo Plurinacional de Sumar ha registrado una pregunta parlamentaria para indagar en este posible abuso policial que se sumaría a la denuncia -por la que ya preguntaron- de Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología al que obligó a permanecer retenido bajo el sol sin motivo aparente un policía que portaba un brazalete de Vox, durante el mismo desalojo de la acampada sevillana.
Los diputados, entre los que se encuentran Toni Valero, Engracia Rivera, Francisco Sierra y Enrique Santiago, han recordado el carácter «pacífico» de las movilizaciones, reiterado su apoyo a Palestina y al movimiento de solidaridad ante las acciones represivas.
El Ejecutivo deberá responder a interpelaciones del escrito, como: «¿Considera el Gobierno proporcionado y necesario el operativo formado por siete efectivos encapuchados para detener a un activista de un movimiento pacífico para llevarlo a declarar en sede policial?». Los diputados preguntan si hubo órdenes directas desde la Delegación del Gobierno, si este tipo de actuaciones vulneran derechos fundamentales y si se prevé investigar la actuación policial para depurar responsabilidades.
