La crisis de la vivienda sigue marcando la agenda política y acaparando buena parte de los titulares de los medios de comunicación. Quien no afronta con dificultades el pago de su alquiler tiene algún familiar que lo está padeciendo, un joven cercano al que le es imposible independizarse aun teniendo empleo, o está viendo afectada su calidad de vida por el piso turístico que se ha instalado en el bloque en el que vive. Se ha convertido en cotidiano que lo relacionado con procurarnos un hogar digno constituya un quebradero de cabeza para buena parte de la ciudadanía.
Las soluciones siguen sin llegar, la calle está que arde, y quien crea que el temporal se va a apaciguar solo, se equivoca. Tan solo ha habido una tregua en las últimas semanas a cuenta del trágico episodio vivido en Valencia tras el paso de la DANA, un suceso que ha dejado, como no puede ser de otra manera, a todo un país consternado. Pero, ¿acaso el drama que están padeciendo miles de valencianas y valencianos no es también, en buena medida, consecuencia del modelo urbanístico especulador que arrastramos? La realidad es que sí.
No es buena idea planificar y ordenar el territorio atendiendo exclusivamente a intereses económicos. No lo fue llevar el ladrillazo en el Levante incluso a zonas inundables, priorizando el beneficio de promotores inmobiliarios y constructoras frente a la seguridad de las personas. Y aunque decir esto hoy parezca una perogrullada, el problema es que han tenido que morir más de 200 personas para que se asuman mayoritariamente unas tesis que, sinceramente, son puro sentido común. Hoy son llamativas palabras que en su momento pasaron desapercibidas, como las del dirigente del gobierno murciano, actualmente senador del Partido Popular, que hace dos años pidió al Ministerio de Transición Ecológica la retirada de los mapas de zonas inundables alegando que paralizaban las licencias de obras. Hay responsables políticos. Muchos y muchas que se han visto impunes (y veremos si lo siguen siendo) defendiendo políticas notable y visiblemente nocivas para el interés general.
También la gestión de la crisis está evidenciando que el modelo de vivienda actual no sirve para dar respuestas a las necesidades de la gente. La Generalitat Valenciana ha pedido amablemente a los grandes tenedores, que poseen en la zona casi 500 viviendas deshabitadas, que las pongan a disposición de familias afectadas por las inundaciones, pero se niega a ejecutar el trámite necesario que les obligue a cederlas. Ni que decir tiene que de la mano de un parque público de vivienda en condiciones y con una legislación contundente que movilice casas vacías, hacer frente a cualquier catástrofe humana sería mucho más sencillo porque, al fin y al cabo, el derecho a la vivienda es el derecho a una vida digna. Pero no hay voluntad, lo estamos viendo, ni siquiera ante el terrible panorama a futuro que la DANA ha dejado a miles de personas.
La respuesta está en la calle. Siempre lo está cuando se trata de conquistar derechos. Lo está en la solidaridad de clase que rebosa en cada rincón de los pueblos valencianos afectados desde que sucedió la tragedia, y lo está en cada movilización organizada por el derecho a la vivienda de las que se vienen convocando en los últimos meses.
El 13 de octubre Madrid y Barcelona dijeron en la calle, a través de más de 100.000 voces, que se tiene que acabar la especulación inmobiliaria y el rentismo. También Valencia poco después y más recientemente Málaga, Sevilla o Cádiz son algunas de las ciudades que han hecho una importante demostración de fuerza movilizándose masivamente para señalar la urgencia y exigir a las instituciones un giro de timón en políticas de vivienda. Decenas de colectivos, de diferente procedencia y trayectoria, convergen bajo este objetivo. También muchas personas jóvenes, no organizadas, que son afectadas y se están sintiendo interpeladas ante el desafío de cambiar el paradigma. Hay potencial, hay esperanza.
El reto es que no se apague la llama que hoy está potentemente encendida, que no venza el hartazgo y la frustración ante la falta de respuestas estructurales que, con toda probabilidad, va a dar la vía institucional. Y es que la correlación de fuerzas en los parlamentos no acompaña en absoluto y el rentismo es poderoso, está enormemente arraigado en la cultura de nuestro país.
Mantener viva y fuerte la movilización sólo tiene un camino y pasa por ser audaces, poner las luces largas y articular una estrategia valiente a medio plazo de la manera más unitaria posible. No es baladí apelar la unidad en un espacio tan heterogéneo. Es complejo y conviene reconocerlo como punto de partida. Colectivos que llevan décadas formando parte del movimiento por la vivienda y dando la correspondiente pelea, o que han nacido al calor de una reflexión profunda contra el modelo especulador, se mezclan con otros más recientes y coyunturales, surgidos de conflictos concretos, o con movimientos vecinales que se organizan de una forma clásica. No sobra nadie. Tampoco las organizaciones políticas que debemos saber intervenir dejando de lado intereses partidistas y evitando el oportunismo, pero que llevamos en nuestro ADN la defensa de los derechos y tenemos la posibilidad de utilizar las instituciones como un potente altavoz en pro de los objetivos comunes.
Reflexionar en colectivo y hacer síntesis: es por ahí. Si conseguimos seguir encontrándonos por el derecho a la vivienda, hay partido.
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LAS PROPUESTAS DE IZQUIERDA UNIDA ANTE LA CRISIS DE LA VIVIENDA
La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los temas más acuciantes de la agenda política, especialmente tras las multitudinaria manifestaciones en Madrid, Málaga, Valencia o Sevilla de los últimos días, donde miles de personas exigieron el derecho a una vivienda digna, reclamando soluciones frente a la especulación.
Izquierda Unida (IU), ha presentado una serie de propuestas «ambiciosas y transformadoras» para abordar esta problemática, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda y proteger a las familias vulnerables.
Entre las medidas más destacadas de IU se encuentra la creación de una empresa pública dedicada a la construcción de vivienda social, con el objetivo de desplegar un parque de 600.000 viviendas destinadas al alquiler social en los próximos 12 años. Este plan, que contempla la construcción y rehabilitación de 50.000 unidades anuales a través de la Sareb, busca maximizar el uso del suelo urbanizable disponible y de propiedades gestionadas por entidades públicas. Según cálculos de IU, el coste de este programa representaría un 0,40% del PIB anual, lo que equivale a una inversión «20 veces superior» a la destinada en 2022 y «100 veces más» que la de 2021.
Antonio Maíllo ha subrayado la necesidad de combatir la especulación y fortalecer el parque público de vivienda, destinando un 2% del PIB hasta 2035 para incrementar su volumen. Además, IU propone regular la adquisición de vivienda privada mediante el derecho de tanteo y retracto, lo que permitiría al Estado adquirir hasta 35.000 viviendas anuales para su inclusión en el alquiler social, alcanzando un total de 420.000 inmuebles en los próximos 12 años. Esta medida, junto a otras intervenciones sobre el mercado inmobiliario, busca «proteger a las familias y combatir los efectos de las subidas de tipos hipotecarios», según ha manifestado el coordinador general.
En respuesta a la creciente precariedad habitacional, IU también defiende un programa de erradicación de desahucios hipotecarios de primera vivienda. La propuesta contempla que el Estado se haga cargo de los inmuebles afectados, incorporándolos al parque público y ofreciendo a las familias afectadas un alquiler social ajustado a sus ingresos. Esta iniciativa, según la formación, tendría un coste aproximado del 0,25% del PIB, pero permitiría incorporar hasta 20.000 viviendas al parque público anualmente, proporcionando estabilidad y seguridad a miles de hogares.
Izquierda Unida también ha anunciado un plan específico de protección para los deudores hipotecarios, que incluye una deducción de hasta 300 euros al mes en el IRPF para familias con ingresos de hasta tres veces el IPREM y cuya cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos del hogar. Esta medida beneficiaría, según estimaciones, a un millón de familias. Además, IU ha propuesto eliminar la “golden visa” para los extranjeros no residentes en la UE que invierten más de 500.000 euros en vivienda.
La formación liderada por Maíllo ha insistido también en la necesidad de regular el mercado de alquileres turísticos, elevando al 21% el IVA aplicable a estas actividades y reformando la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar que las viviendas habituales se conviertan en alquileres temporales. Estas medidas, junto con la creación de una empresa pública vinculada al SEPE para la promoción de viviendas, forman parte de una estrategia integral que, según IU, permitiría «abaratar el precio de la vivienda y garantizar un acceso justo y equitativo para toda la ciudadanía».
