El derecho constitucional a la dignidad también tiene perspectiva de género

El derecho a la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) nunca ha sido un derecho pleno en nuestro país. Siempre ha estado sometido a esa mirada nacional-católica que persistía en una parte de nuestra sociedad y que en los últimos tiempos ha emergido a la superficie en los discursos de la ultraderecha, discursos que están siendo naturalizados y normalizados en los medios de comunicación y abundan en las redes sociales.

Mensajes que dicen que hay que defender la vida de inocentes, se hacen llamar provida, pero con el mismo entusiasmo con el que acosan en las puertas de las clínicas donde se practican abortos, contradicen esa supuesta defensa de la vida e ignoran a los miles de niños y niñas asesinados en Gaza, criminalizan a los niños y niñas que llegan solas a nuestro país huyendo de la miseria y la guerra o votan sistemáticamente en contra de cualquier medida que pueda ayudar a combatir la pobreza infantil. Parece que, una vez que nacen, las criaturas ya no son tan importantes. Sus actuaciones se definen con el refrán que dice «a Dios rogando y con el mazo dando».

Y el mazo siempre cae sobre los derechos de las mujeres. Siguen combatiendo la realidad diversa de nuestra sociedad, donde el concepto de familia es heterogéneo, y nos quieren imponer esa “sagrada familia” de padre, madre e hijos/as donde no existe la diversidad, una familia «como Dios manda», nos dicen, y con el mismo desparpajo cuestionan, con burlas, el uso del término monomarental cuando los últimos datos del INE (de 2020) dicen que en el 81,34 % de los hogares monoparentales, la persona adulta es una mujer, en concreto, 1.582.100 hogares.

Cualquier día vuelven a reivindicar el Patronato de Protección de la Mujer, una institución franquista, casi siempre gestionada por órdenes religiosas, donde miles de mujeres sufrieron el terror, la tortura o el robo de bebés en la búsqueda de la imposición de esa cultura de la mujer en la casa y con la pata quebrada, mientras que las que tenían dinero viajaban a Londres a abortar y a renovar el armario para ir a la última moda, todo muy “yeyé”.

El camino de la conquista del derecho al aborto nunca fue fácil. La ley de plazos de 2010 fue un triunfo del movimiento feminista, y la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, fue otra conquista importante del movimiento al mejorar la anterior regulación y reconocer, también, derechos a las personas gestantes.

Siempre tendremos que estar agradecidas a todas las mujeres que, durante décadas, pelearon por conseguir un aborto libre, universal, seguro y en la sanidad pública, y aunque habrá quien diga que ya hemos conseguido demasiado, la realidad es que nunca ha sido un derecho pleno, no solo por su regulación jurídica, sino también por la falta de cumplimiento material de las normas, siempre al albur de quien gobierne en ese momento.

A día de hoy, para muchas personas es muy difícil ejercer el derecho en la sanidad pública, de forma gratuita y con garantías. Además, los obstáculos para ejercerlo aumentan dependiendo del territorio en el que vivas, con desplazamientos forzosos, incrementando la desigualdad en el ejercicio de un derecho subjetivo y universal que afecta a la dignidad de las personas. A modo de ejemplo: si eres de Jaén, tendrás que desplazarte a otra provincia para ejercer tu derecho a interrumpir tu embarazo, y si eres de Córdoba o Sevilla, serás acosada por gente que va a “rezar” durante 40 días en las puertas de la clínica a la que te han derivado desde la pública para abortar.

Y si hablamos de las mujeres en situación administrativa irregular, nos encontramos con situaciones aún más terribles porque, a la falta de garantía de poder ejercer el derecho a la IVE, se suma el miedo a ser expulsada o la falta de información sobre sus derechos.

Por todo ello, hoy más que nunca, es vital incorporar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades en la Constitución Española. Estamos obligadas a hacer todo lo posible para que el derecho al aborto esté garantizado en la carta magna. Es hora de eliminar requisitos innecesarios, valoraciones de profesionales de la psicología o reflexiones impuestas por una norma. Sabemos cómo decidir y defender nuestra dignidad, nuestra autonomía personal y nuestra salud sin que ninguna ideología, religión o presión social deba limitar nuestros derechos.

Una vez más, el movimiento feminista debe ser motor de cambio para seguir avanzando en la conquista y consolidación de derechos. En esta ocasión, significa añadir en el artículo 43 de nuestra Constitución el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal, y que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a nuestra autonomía física. En Francia lo han conseguido, ahora nos toca a nosotras.

Por las que fueron, por las que somos y por las que serán: NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS.