El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso dentro del Grupo Plurinacional SUMAR, Enrique Santiago, ha dirigido una serie de preguntas al Gobierno en las que acusa al Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, de “respaldar la ocupación” del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y de “incumplir las obligaciones internacionales” que España mantiene como potencia administradora de ese territorio.
Santiago se refiere al reciente encuentro celebrado en Madrid entre el ministro Albares y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en el que ambos reafirmaron los planes autonomistas de Marruecos sobre el Sáhara. Esta posición, denuncia IU, “causa un gran daño al pueblo saharaui” y representa una ruptura con la legalidad internacional que reconoce el derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación a través de un referéndum, tal y como establece la Resolución 2229 de la ONU de 1966.
“España no puede mirar hacia otro lado ni legitimar una dictadura que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”, subraya el texto registrado en la Cámara Baja. Para Izquierda Unida, el alineamiento del Gobierno con Rabat en este asunto supone un abandono de las responsabilidades históricas de España y una renuncia a su papel en la descolonización del territorio.
El Ministerio de Exteriores debe actuar conforme a las resoluciones de @ONU_es. El plan más "realista" es defender el derecho internacional.
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) April 21, 2025
🇪🇭 La ONU y el TJUE son claros: los recursos del Sáhara son del pueblo saharaui. pic.twitter.com/pgt8GbGbZB
La formación también se apoya en la reciente jurisprudencia europea. El pasado 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó los recursos presentados por la Comisión y el Consejo de la UE contra las sentencias que anulaban los acuerdos comerciales con Marruecos por incluir productos originarios del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. IU recuerda que estos acuerdos han permitido durante años la explotación ilegal de recursos naturales en un territorio ocupado, lo que considera una violación flagrante del derecho internacional.
En su iniciativa, Santiago lanza varias preguntas concretas al Gobierno: si ha solicitado explicaciones a Marruecos sobre cómo piensa cumplir la citada sentencia del TJUE; si España va a exigir su ejecución; y si el Ejecutivo tiene intención de reafirmar el compromiso con las resoluciones de la ONU sobre la libre autodeterminación saharaui. En caso contrario, pregunta si el Gobierno reclamará la convocatoria de un referéndum conforme al censo validado por Naciones Unidas.
Esta intervención se suma a las crecientes críticas dentro del espacio político de la izquierda plurinacional —y también desde organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui— por lo que consideran un giro en la política exterior española que prioriza las relaciones bilaterales con Marruecos por encima del respeto al derecho internacional y a los compromisos históricos de España.
La Moncloa, por el momento, no ha respondido públicamente a estas preguntas.







