El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha declarado ilegal la detención de un joven de 26 años y nacionalidad guineana durante una actuación policial el pasado miércoles en el barrio madrileño de Lavapiés. Según el auto judicial, la Policía Municipal “se extralimitó en su actuar” y el arresto fue llevado a cabo de forma contraria a la legalidad. La jueza ha ordenado su inmediata puesta en libertad y la apertura de diligencias para determinar si los agentes implicados pudieron incurrir en responsabilidad penal.
Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles en la plaza Nelson Mandela, donde se desarrollaban varias actuaciones policiales por parte de agentes de la Policía Nacional y Municipal. Según testigos presenciales, todo comenzó con una identificación rutinaria y una intervención por una riña, que derivó en una situación tensa y un despliegue de refuerzos que terminó con cuatro personas detenidas: dos guineanos, un senegalés y un español. Cuatro agentes resultaron con heridas leves, según fuentes policiales.
Uno de los detenidos fue el joven guineano, quien, según se ha acreditado con varios vídeos grabados por testigos, se encontraba filmando con su teléfono móvil la intervención policial. Cuando los agentes le exigieron que dejara de grabar e identificarse, él no pudo mostrar documentación. A partir de ese momento, según los vídeos examinados por la jueza, fue reducido de forma violenta: los policías lo derribaron al suelo y lo esposaron, provocándole la pérdida de conocimiento.
Testigos de la escena increparon a los agentes y exigieron asistencia médica, mientras el joven yacía inconsciente en el suelo. Finalmente fue introducido en un coche patrulla sin haber recobrado el conocimiento. Su estado de salud fue motivo de preocupación para miembros de la Fundación Raíces, organización que trabaja con personas vulnerables y con la que el joven mantiene relación desde su llegada a España en 2018 como menor no acompañado.
Tras conocer su estado el jueves, la Fundación lo asistió jurídicamente para presentar un recurso de habeas corpus, que permite a una persona detenida comparecer de forma urgente ante un juez y determinar la legalidad de su detención. El tribunal falló a su favor, declaró ilegal su arresto y ordenó su inmediata liberación.
Además de considerar que se produjo una “detención ilegal”, la jueza ha solicitado investigar posibles delitos cometidos por los agentes que participaron en la actuación. La clave para el pronunciamiento judicial han sido las grabaciones aportadas por testigos desde distintos ángulos, que, según el auto, coinciden con el relato del joven. Estas imágenes han servido para contrarrestar la presunción de veracidad que normalmente se concede a los informes policiales.
El joven sufre diversas lesiones físicas a consecuencia de la detención. Según la Fundación Raíces, presenta una luxación de hombro, contusiones por todo el cuerpo y contracturas que le dificultan la respiración, aunque no se han detectado fracturas de gravedad.
Este no fue el único incidente relacionado con grabaciones ciudadanas durante la intervención policial en Lavapiés. Otro testigo fue obligado por agentes a desbloquear su teléfono, del cual se borraron imágenes grabadas momentos antes. En la grabación del suceso puede observarse cómo la policía retiene al testigo en la calle Mesón de Paredes y solo lo deja marchar tras haber eliminado el contenido audiovisual del dispositivo, algo que vulnera el derecho a la intimidad y a la protección de datos.
La resolución judicial y las imágenes difundidas han vuelto a poner el foco sobre los límites del uso de la fuerza policial y los derechos de los ciudadanos a registrar intervenciones en la vía pública.
