Algunas asociaciones judiciales han convocado, para los próximos días 1, 2 y 3 de julio, una huelga en el ámbito de la judicatura y la magistratura. El Partido Comunista de España, en un comunicado, considera que dicha convocatoria tiene un claro contenido político, una huelga contra las decisiones legislativas del Congreso de los Diputados y Diputadas, una injerencia inaceptable de miembros del poder judicial en las competencias del poder legislativo, como así se desprende también de las manifestaciones que las propias asociaciones profesionales convocantes han ido realizando desde hace semanas acompañadas de paros parciales de jueces y fiscales.
En el mismo sentido se ha expresado también el secretario general del PCE y diputado de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, quien ha manifestado a través de su cuenta en la red social (X) que se trata de una huelga política para presionar al poder legislativo para impedir que legisle. «Los jueces aplican la ley. Para cuestionarla tienen la ‘cuestión de inconstitucionalidad’, no la intervención política ni la huelga», ha señalado.
Se trata —declara Santiago— de un ataque a la separación de poderes y al Congreso para que legisle a su dictado, en coordinación con la derecha y ultraderecha. Y como incide el comunicado del PCE, el carácter de la huelga es político y por tanto ilegal, viola la Constitución, invade competencias del Tribunal Constitucional e intenta legislar o impedir que se legisle.
En relación a la convocatoria y a sus convocantes, esta huelga difiere de otras huelgas de jueces en que no ha sido convocada por las Juntas de Jueces de cada demarcación de forma asamblearia, fórmula que fue avalada en la práctica en las primeras huelgas en la magistratura y que contó con servicios mínimos propuestos y cubiertos por los propios convocantes. En esta ocasión, la huelga es convocada por quien legalmente no tiene atribuidas esas competencias y además la ley las excluye expresamente. Su forma de actuar, señala el comunicado del PCE, «convierte a las asociaciones en sindicatos, que están prohibidos por la Constitución para estos sectores».
Para el PCE no hay ninguna duda sobre el carácter claramente político de esta convocatoria, sobre la que el CGPJ debería intervenir controlando la legalidad de esta acción corporativa. Como política fue la manifestación con togas contra la Ley de Amnistía o el anuncio de huelga contra el proyecto de ley que se está discutiendo en el poder legislativo, donde procede y debe hacerse, sobre el acceso a las profesiones judicial y fiscal. Desde estas asociaciones, explica el comunicado del PCE, en vez de aportar soluciones para que desde los partidos presentes en el legislativo se enmiende la propuesta, «el objetivo central de la protesta es lograr que el Parlamento no legisle sobre la profesión judicial, considerada como un ámbito de inmunidad autorreferente en el que la justicia no emana del pueblo, sino de la propia corporación».
Desde el Partido Comunista de España exigen a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que intervenga públicamente para defender la división de poderes y la capacidad del parlamento para legislar sobre cualquier corporación, también sobre la de la magistratura, que pretende de forma opaca «imponerse sobre la voluntad popular de las mayorías parlamentarias».
En opinión del PCE, si finalmente los jueces van a la huelga, deberían establecer servicios mínimos por tratarse la Justicia de un servicio esencial a la comunidad y deberían descontarse los haberes correspondientes a las jornadas de huelga para que la condición de jueza y de juez no comporte privilegio alguno respecto del resto de empleados públicos, porque —concluye el comunicado— «las huelgas de ‘señoritos’ no son huelgas, son cierres patronales».
