El bufete Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro en 2006, cobró 679.000 euros de la empresa Codere entre 2008 y 2012, en plena tramitación de leyes clave para el sector del juego online. Así lo recoge un informe de los Mossos d’Esquadra incluido en el sumario judicial que investiga las actividades del despacho y que apunta a su papel como lobby ante distintos gobiernos para favorecer los intereses del gigante del juego.
Durante ese mismo periodo, Rafael Catalá, que posteriormente fue ministro de Justicia con Mariano Rajoy, ocupaba un puesto en el consejo de administración de Codere. Los investigadores destacan este vínculo directo entre la asesoría, la empresa beneficiada y responsables políticos, en un contexto de cambios legislativos que impulsaron de forma decisiva el negocio del juego online en España.
Codere fue una de las compañías que más presionó en el Congreso para exigir una regulación del sector que pusiera coto a operadoras extranjeras. En 2011, pocos meses antes de que se aprobara la Ley del Juego, compareció ante los grupos parlamentarios denunciando la competencia de casas de apuestas situadas en “Gibraltar y otros paraísos fiscales”. La legislación que se aprobó durante el último gobierno socialista supuso un marco legal nuevo para el sector, pero sería en los años siguientes, ya con el PP en el poder y Montoro al frente de Hacienda, cuando se introdujeron medidas que favorecieron aún más a empresas como Codere.
Una de las reformas más significativas fue la modificación de la Ley del IRPF, que permitió a los jugadores deducirse las pérdidas del juego online. Según denunciaron entonces desde el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), esta deducción era imposible de aplicar en el juego tradicional y supuso un trato desigual. Además, operadoras extranjeras criticaron que las condiciones para obtener licencias en España beneficiaban a las compañías con mayor presencia nacional, como Codere.
El informe de los Mossos, fechado en 2022, detalla que el despacho de Montoro cobró alrededor de 140.000 euros anuales de Codere mientras se negociaban estas reformas. Los agentes subrayan que Equipo Económico actuó como grupo de presión en nombre de la empresa, en un contexto en el que la legislación adoptada permitía su consolidación frente a la competencia internacional.
La investigación policial también alude a un artículo de Bloomberg de 2013 que recogía presiones del Gobierno español a operadores como Betfair o William Hill para que pagaran impuestos como condición para operar en el país. Según los Mossos, Equipo Económico estuvo implicado en esas gestiones a favor de Codere.
El origen del caso se remonta a una denuncia anónima de 2017 y a un correo electrónico hallado por casualidad en una investigación urbanística. A partir de ahí, la jueza de Tarragona abrió una pieza secreta centrada inicialmente en los pagos que varias empresas gasistas hicieron al despacho de Montoro, que superan los 700.000 euros. No obstante, los Mossos pusieron también el foco en el sector del juego, por su potencial conflictividad social y el perjuicio que puede causar en poblaciones vulnerables.
Pese a los indicios recogidos, la investigación judicial no ha avanzado por el momento en la vía de los pagos de Codere ni en la posible responsabilidad de Montoro o Catalá en la normativa que benefició a esta empresa. El informe policial concluye con una advertencia: Hacienda habría legislado en favor de Codere debido a “la relación contractual” con el despacho, iniciada, según sospechan, por la mediación de Catalá, que ya había coincidido con Montoro y con los socios de la asesoría en su etapa como alto cargo del Ministerio de Hacienda.
Que una empresa del juego lograra influir en la normativa a través de conexiones políticas plantea algo más que sospechas: revela cómo intereses privados se impusieron sobre la salud pública y el interés común, en un sector ligado a la ludopatía y la exclusión.
