El martes pasado una jueza de Granada decidía aplazar hasta este viernes la entrega a su padre, Francesco Arcuri, del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, alegando que no se daban las circunstancias para hacerla efectiva. Ese día Daniel expresó muy claramente, con mucha angustia y mucha tensión, miedo a volver a Italia con su padre.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, su titular, Sira Rego, ha venido insistiendo en todas sus manifestaciones y declaraciones en relación a este asunto que «lo que importa es que se cumpla con los derechos de ese niño, lo que me importa es que los niños sean escuchados», que los niños tienen que ser defendidos.
Ayer la ministra, en unas declaraciones a los medios en Barcelona, comunicaba que su ministerio había puesto en conocimiento de la Fiscalía un informe de la psicóloga habilitada para acompañar a Daniel el martes pasado al punto de encuentro familiar dependiente de la Junta de Andalucía. Se trata, según relató la ministra, de «un informe absolutamente demoledor, un informe durísimo», que lo que describe es «una situación muy dura, muy difícil, con el niño muy tensionado, el niño denunciando y volviendo a insistir en el aspecto de que no quiere volver a Italia». La ministra insistió de nuevo en su interés en trasladar la importancia de la perspectiva de infancia a todos los lugares, que se cumpla con los derechos del niño y que sean escuchados.
Por su parte el coordinador de IU, Antonio Maíllo, en unas declaraciones durante la concentración ayer tarde en Sevilla en apoyo a una resolución favorable del caso de Daniel, expresaba que «un menor no es un objeto, ni es propiedad de los padres, debe anteponerse sobre todo el bienestar del niño, y eso no se está haciendo desde la Justicia y las autoridades judiciales».
En relación al acto de hoy viernes 25 de julio en el que el menor tiene que acudir de nuevo al punto de encuentro familiar para ser entregado a su padre, Maíllo declaró que «es muy importante que mañana se tomen medidas cautelares que garanticen la integridad de un niño que está absolutamente en riesgo».
Maíllo se refirió al desgarrador mensaje del niño y la durísima carta que ha transmitido a las autoridades. Afirmó que las instituciones no pueden no responder a una demanda de un menor que insistió «no es propiedad de los padres». «Un menor —añadió— tiene que tener la garantía de integridad y de desarrollo y felicidad y no se están dando las condiciones».
El coordinador general de IU manifestó no entender absolutamente nada la posición de la justicia y que a pesar de que la ley reconoce la obligación de escuchar a un menor, no está siendo lo sensible que la propia sociedad exige.
