Este verano ha sido una pesadilla para quienes vivimos en Castilla y León. El mes de agosto hemos padecido la segunda ola de calor del año, batiéndose récords de temperatura: 39,5ºC en Zamora, 40ºC en Valladolid. Estos datos han aumentado el peligro de mortalidad por altas temperaturas cobrándose 307 vidas desde principios de julio en nuestra Comunidad según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, con unas condiciones extremas que además de perjudicar la salud, han favorecido la propagación y persistencia de numerosos incendios forestales. Estos factores se van a reproducir y agudizar en los próximos años: veranos más largos, olas de calor más intensas y duraderas y aumento de las temperaturas que provocan que la situación de los bosques sea cada vez más seca.
Nuestra realidad es compleja por la gran cantidad de superficie forestal, más del 50% del territorio, 5,13 millones de hectáreas de masa arbórea, que ya padeció los incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora en 2022, con 60.000 hectáreas quemadas y cuatro personas fallecidas. El año 2025 va a ser mucho peor, con 150.000 hectáreas quemadas, afectando sobre todo a la provincia de León que se ha quemado el 7%.
La Junta de Castilla y León no tiene una estrategia para hacer frente al reto climático, no hay un pacto social y ecológico para la gestión forestal y la prevención de incendios acordado con los agentes políticos, sociales y económicos. Porque los presupuestos de la Junta están negociados con la extrema derecha pero también porque es imposible con Juan Carlos Suárez-Quiñones como Consejero de Medio ambiente, con opiniones como: “mantener el operativo todo el año es un absurdo y un despilfarro”. Determinadas personas deben desaparecer de la vida política en nuestra tierra para que sus políticas también desaparezcan.
Ahora habrá que hablar de cómo restaurar la biodiversidad arrasada por las llamas, cómo conservar la existente y ver cómo encajar las políticas agrícolas y ganaderas en la prevención de incendios forestales
Si la Junta sigue en las mismas manos, los bosques que no se han quemado este verano se quemarán en los próximos porque en términos de actividad económica, el incendio genera muchas más, sobre 15 ó 20.000 euros por hectárea, frente a lo poco que invierte la Junta en prevención.
Ahora habrá que hablar de cómo restaurar la biodiversidad arrasada por las llamas y de cómo conservar la existente y ver cómo encajar las políticas agrícolas y ganaderas en la prevención de incendios forestales.
La política de ordenación y gestión del territorio nunca han sido el fuerte del PP de Castilla y León, más pendiente del resultado de las elecciones autonómicas y de su supervivencia que del futuro vital y medioambiental de las próximas generaciones. Así lo ha demostrado ante esta emergencia climática de incendios en la que se ha ocupado más en derivar las responsabilidades al Gobierno de España que en asumir las propias, con contradicciones constantes y continuas. No se puede lamentar la crisis de los incendios y haber estado más preocupado de contentar a las empresas subcontratadas que en las condiciones de las personas que trabajan en los servicios de prevención y extinción de incendios.
Hace unos días me quedé con la intervención de una mujer en televisión que protestaba contra la gestión de la prevención y la extinción de incendios en Castilla y León y se preguntaba: “para qué sirven las Comunidades autónomas”. No deja de ser curioso que se intente desviar la crítica a quienes gobiernan Castilla y León desde hace treinta y ocho años para que sea la estructura la responsable de la catástrofe. Este pensamiento se alinea con el de hacer un censo de pirómanos para ponerles una pulsera, que Feijóo ya aprobó en 2012 en Galicia y nunca puso en marcha o con el de llamar pirómana a la directora general de Protección Civil y buscar quitar el foco de la falta de efectivos y medios. Forma parte de la estrategia que quiere desviar la atención de la Junta de Castilla y León que es la administración responsable de la prevención y extinción de incendios.
Estaremos atentos a la reconstrucción porque tras la catástrofe vendrán las oportunidades de negocio para las mismas empresas que han cometido negligencias e incumplido normativa laboral
Por no hablar de las malas condiciones laborales de los profesionales del sector lo que hace que haya muchos puestos de trabajo sin cubrir, la gente busque otros trabajos o se vaya a otras Comunidades Autónomas donde las condiciones del servicio son mejores.
Izquierda Unida sigue reivindicando un operativo cien por cien público dependiente de la Junta de Castilla y León, bien dimensionado, con puestos de trabajo estables, dignos y contratados como bomberos forestales durante todo el año.
Y estaremos atentos a la reconstrucción porque tras la catástrofe vendrán las oportunidades de negocio para las mismas empresas que han cometido negligencias, incumplido normativa laboral y contratado a trabajadores durante la extinción de los incendios. Los incendios desde el punto de vista empresarial son más rentables que la prevención, porque generan mayor volumen de negocio.
Resulta que en Castilla y León quienes trabajan a través de empresas contratadas tienen peores condiciones con salarios de 1.200 € al mes, un poco más del salario mínimo interprofesional. Si el servicio se hace 100% público, mejorarán sus condiciones laborales aunque desaparezca la rentabilidad de las empresas que tienen contratos de millones de euros con la Consejería de Medio ambiente.
Y si dimite el Consejero de Medio ambiente, el señor Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, será más fácil comenzar a trabajar para que en próximas emergencias nuestro operativo esté más coordinado, organizado, con medios adecuados y con personal bien remunerado y orgulloso de cuidar nuestra riqueza forestal todo el año.
