El Gobierno afronta este miércoles una negociación decisiva con los sindicatos de la función pública que afecta a más de tres millones y medio de trabajadores. La propuesta del Ministerio de Función Pública contempla una subida salarial del 11% en cuatro años, pero el reparto planteado —especialmente para 2025 y 2026— ha encendido las alarmas entre las organizaciones sindicales, que temen que esta oferta vuelva a dejar a los empleados públicos por detrás de la inflación y consolide años de pérdida de poder adquisitivo.
Las conversaciones, iniciadas la semana pasada, encallaron el lunes ante la negativa del departamento dirigido por Óscar López a que el incremento acumulado para 2025 y 2026 supere el 4%. El Ministerio defiende que este límite está condicionado por el techo de gasto comprometido con Bruselas, pero para los sindicatos ese argumento no puede justificar políticas que, en la práctica, vuelven a ajustar el salario de los trabajadores públicos.
La tensión está en 2026: “No podemos firmar un 1,5%”
La propuesta del Gobierno reparte el 11% en cuatro ejercicios: 2,5% en 2025, 1,5% en 2026, 5% en 2027 y 2% en 2028. El incremento previsto para 2025 se abonaría con carácter retroactivo y el Ejecutivo ya ha trasladado su disposición a aprobar un real decreto ley que permita pagar esos 5.000 millones antes de final de año.
Sin embargo, la clave está en 2026. Con una previsión de inflación del 2%, el 1,5% ofrecido por Función Pública queda por debajo del coste de la vida. “No podemos firmar nada que signifique un 1,5% en 2026”, subraya Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de CCOO, quien denuncia que el Ministerio muestra “inmovilismo” en el reparto de las subidas, aunque valora positivamente que todo el incremento propuesto vaya a cuantía fija y no dependa de variables.
Los sindicatos critican que, pese a los buenos datos económicos, el Gobierno pretenda aplicar un esquema restrictivo “que vuelve a cargar sobre los empleados públicos los ajustes que no se aplican en otros ámbitos”.
“En un momento de crecimiento, no podemos ser rehenes”
CCOO y CSIF consideran la propuesta insuficiente y reclaman que parte del incremento previsto para 2027 se adelante a 2026, como forma de garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo al inicio del ciclo. El Gobierno se niega.
“En un momento de crecimiento económico, no podemos ser rehenes”, insiste Pinillos, que reclama una visión más ambiciosa respecto al papel de los servicios públicos y a la necesidad de reforzar las condiciones de quienes los sostienen.
Desde UGT, más receptivos a la propuesta, calculan que la subida podría alcanzar “hasta el 11,5%” por el ajuste de las tablas salariales, pero también reconocen que algunos flecos deben ser revisados para cerrar un acuerdo sólido.
El riesgo de un bloqueo en un contexto de desgaste
El Ministerio insiste en que su oferta garantiza que “los funcionarios no pierdan poder adquisitivo”, pero voces de la negociación consideran que el Ejecutivo ha lanzado un “ultimátum sin plan B”. El escenario es delicado: un fallo en el acuerdo podría derivar en movilizaciones o incluso una huelga en diciembre, un golpe político en un momento de desgaste para el Gobierno.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de un adelanto electoral que congelaría cualquier subida salarial si no se firma un acuerdo plurianual sólido.
Avances en empleo público… pero un muro en los salarios
En paralelo al debate retributivo, sindicatos y Gobierno sí han encontrado puntos de encuentro en cuestiones clave: fin de la tasa de reposición, agilización de oposiciones, mejora de la promoción interna y un compromiso de modernización del empleo público. “Hay buena voluntad y un tono constructivo”, destacan desde CCOO.
Pero también advierten: en la parte salarial, la decisión no depende solo de Función Pública, sino también de Hacienda, que mantiene cerrada la puerta a una mejora para 2026.
El Ministerio de Óscar López, que recientemente ha tenido que gestionar la mayor crisis de Muface en décadas, aspira a cerrar esta misma semana un acuerdo que aporte estabilidad. Pero los sindicatos recalcan que no firmarán un pacto que deje atrás —otra vez— a quienes sostienen las escuelas, los hospitales, la administración de justicia o la atención a la ciudadanía.
“Vamos a perseguir el acuerdo hasta el último minuto”, afirman desde CCOO, “pero tiene que ser satisfactorio para todas las partes”.
