El imperialismo estadounidense atraviesa una fase histórica en la que la máscara se ha caído y ya no se esfuerza por ocultar la naturaleza depredadora de sus acciones. Desde la segunda mitad del siglo XX, la construcción del mito de Estados Unidos como garante de la democracia y del orden internacional ha funcionado como cobertura ideológica para legitimar intervenciones, sanciones y desestabilizaciones políticas en distintos continentes. Sin embargo, ese manto justificatorio, tejido con nociones como «seguridad hemisférica», «guerra contra las drogas» o «protección de la democracia», ha ido perdiendo eficacia a medida que el país ha entrado en una fase de decadencia estructural tanto económica como geopolítica. Esta decadencia no significa la inminente desaparición del poder estadounidense, sino un proceso más complejo: la pérdida progresiva de su primacía en áreas claves como la economía industrial, la tecnología y la legitimidad internacional, lo que empuja a la superpotencia a recurrir con mayor crudeza a instrumentos coercitivos, incluyendo la amenaza militar directa.
La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela constituye un ejemplo claro de este nuevo comportamiento imperial sin filtros. El presidente no recurre, en esta ocasión, a la habitual retórica de la legalidad multilateral ni se molesta en buscar el aval de organismos internacionales; al contrario, actúa de manera unilateral, como si Estados Unidos pudiera decidir de forma soberana qué espacio aéreo puede utilizarse y cuál debe clausurarse. Frente a este hecho, la comparación con lo sucedido en Libia en 2011 no surge de sus palabras, sino del análisis histórico necesario: en aquel entonces, el cierre del espacio aéreo libio (avalado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que fue brutalmente retorcida y manipulada) constituyó el preludio inmediato a la destrucción de un Estado que, según datos oficiales de la ONU, tenía la mejor calidad de vida de toda África. Ese precedente demuestra que declarar un espacio aéreo “cerrado”, cuando proviene de una superpotencia militar, no es una medida técnica ni administrativa: es el primer acto de una escalada cuya lógica tiende a desembocar en agresión abierta, bombardeos o desestabilización armada.
En esta ocasión, Trump ni siquiera recubre esta acción de un barniz diplomático. Se trata de una agresión clarísima con implicaciones gravísimas para la estabilidad regional y para el propio derecho internacional. El cinismo se multiplica cuando se observa que el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano ocurre el mismo día en que el propio Trump declara su decisión de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. El contraste es insultante: mientras se criminaliza a Venezuela apelando al discurso del narcoterrorismo, se perdona a un aliado de Washington condenado judicialmente por esos mismos delitos. La arbitrariedad del doble rasero es el funcionamiento esencial del imperialismo: lo que determina quién es “narco”, “terrorista” o “dictador” no son los hechos, sino la utilidad geopolítica de cada gobierno para los intereses estadounidenses.
La contradicción se hace todavía más evidente cuando se tiene en cuenta que el anuncio de Trump se produce en la víspera de las elecciones presidenciales en Honduras. El propio presidente estadounidense ha afirmado públicamente que no reconocerá una victoria de la candidata de izquierda y que habrá represalias si esta triunfa. Esto conecta directamente con la vieja tradición de tutelaje imperial sobre Centroamérica. El mensaje es claro: Washington decide quién puede gobernar y bajo qué condiciones, y no duda en usar la extorsión política, económica o militar para imponer sus preferencias.
La agresión a Venezuela debe comprenderse como un síntoma de un fenómeno estructural más profundo: la pérdida de hegemonía estadounidense en un mundo cada vez más multipolar. Durante las últimas dos décadas, la economía mundial ha experimentado transformaciones profundas que han desplazado el centro de gravedad hacia Asia. En el año 2000, Estados Unidos representaba aproximadamente una cuarta parte de la manufactura global; en 2021 esa participación había descendido drásticamente, mientras China pasaba de un 9 % de la manufactura mundial al 29 %, convirtiéndose en la potencia productiva central del planeta. Esta transición altera la correlación de fuerzas global y erosiona la capacidad de Washington para imponer sus intereses mediante mecanismos económicos o diplomáticos. Cuando la primacía económica se debilita, el poder militar se vuelve el instrumento principal para sostener la influencia global.
Por eso, el lenguaje militar de Trump —“si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien; si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”— es la expresión desnuda de una potencia que ha perdido la capacidad de hegemonizar mediante el consenso y necesita recurrir a la fuerza para mantener su lugar en el mundo. El despliegue en aguas caribeñas del mayor portaaviones del planeta, el USS Gerald Ford, acompañado de varios buques de guerra y un submarino nuclear, es un acto de intimidación destinado a crear un clima psicológico donde el uso de la fuerza aparezca como una probabilidad inminente y normalizada.
En este contexto, Venezuela se ha convertido en un laboratorio de una fase superior del intervencionismo. La construcción de narrativas criminalizantes como la del inventado “Cártel de los Soles”, desmontado por especialistas en crimen organizado que lo califican de entidad fantasma, sirve para demonizar a un gobierno que ha elegido no someterse a la tutela estadounidense. Los repetidos incidentes armados en aguas próximas a las costas venezolanas, con embarcaciones destruidas y decenas de muertos, refuerzan esta estrategia de presión militar. Bajo la excusa de la “guerra contra las drogas”, se busca deteriorar el ámbito de seguridad regional y generar condiciones que justifiquen una intervención de mayor escala.
A ello se suma la agresión económica, el otro gran pilar del cerco imperial. Las sanciones financieras y comerciales, la confiscación de activos en el exterior y la persecución internacional contra empresas y funcionarios venezolanos han generado un impacto devastador en la vida cotidiana del pueblo. Este sufrimiento, deliberadamente provocado, ha sido instrumentalizado para reforzar la narrativa de la “crisis humanitaria”, exactamente el mismo mecanismo utilizado en otros escenarios para justificar intervenciones militares. El patrón es perverso y transparente: crear la crisis, ahogar económicamente al país y luego usar ese desastre, producido por las sanciones, como argumento para intervenir.
El paralelismo con Libia es una evidencia y tengamos en cuenta el resultado de aquello. En 2011, la destrucción del Estado libio no trajo democracia ni bienestar, sino caos, fragmentación territorial, proliferación de milicias, tráfico de personas y una crisis humanitaria sin precedentes. Venezuela enfrenta hoy una amenaza distinta en sus formas, pero similar en su lógica. La diferencia fundamental es que esta vez se intenta actuar sin ningún aval multilateral, mediante acciones unilaterales que violan de forma abierta y frontal al derecho internacional.
La escalada, además, busca frenar el avance de la multipolaridad en América Latina, un continente donde varios gobiernos han elegido caminos más soberanos, fortaleciendo la integración regional y alejándose de la órbita estadounidense.
En este panorama, la reacción de la comunidad internacional es decisiva. China, Rusia, Brasil, México, Colombia, Cuba y otros actores regionales han rechazado abiertamente cualquier acción unilateral contra Venezuela y han defendido el principio de soberanía. Su postura no es solo solidaridad: es defensa propia.
Si se acepta que una potencia pueda destruir un Estado sin aval legal, el sistema internacional pierde toda coherencia y se convierte en un escenario regido únicamente por la fuerza.
La agresión contra Venezuela es, por tanto, el síntoma visible de un imperio en declive que pretende prolongar su hegemonía mediante la intimidación y la violencia. Como en todos los imperios en fase terminal, su agresividad crece en proporción directa a su deterioro real. La bestia herida muerde más fuerte, pero también se acerca a su punto final.
Frente a esta realidad, la resistencia venezolana —política, popular y militar— y la solidaridad internacional son esenciales. Defender a Venezuela significa defender el derecho internacional y la posibilidad misma de un mundo multipolar basado en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El desenlace de esta confrontación marcará el rumbo del orden mundial en las próximas décadas: un futuro dominado por la ley del más fuerte o un horizonte donde el respeto mutuo y la coexistencia pacífica se conviertan en pilares efectivos.
La lucha contra el imperialismo es un imperativo ético. Es defender la dignidad frente a la barbarie. Es impedir que el mundo retroceda a una era donde una sola potencia decide el destino de naciones enteras. Y, como advierten numerosos analistas, Estados Unidos está hoy dispuesto a recurrir a la violencia directa contra los pueblos de América Latina si eso sirve para frenar su pérdida de poder global. La pregunta que queda abierta, y que definirá nuestra época, es sencilla y brutal: ¿lo permitirá el mundo?
