El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin la licencia correspondiente, tras culminar un expediente sancionador iniciado en diciembre de 2024. La resolución concluye que la plataforma publicó de forma reiterada anuncios que incumplían la normativa autonómica vigente, lo que ha derivado en una de las mayores sanciones impuestas por una administración de consumo en España.
Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, Consumo detectó irregularidades en un total de 65.122 anuncios. Entre las infracciones figuran la publicación de pisos sin licencia turística, la utilización de números de registro falsos o inexistentes y la inclusión de información que no permite conocer con veracidad la naturaleza jurídica de los anfitriones, prácticas que el Ministerio califica como publicidad engañosa.
La sanción principal asciende a 64.055.311 euros, una cantidad que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio obtenido por Airbnb durante el tiempo en que los anuncios ilícitos permanecieron activos en la plataforma. A esta multa se suman dos sanciones accesorias que obligan a la empresa a eliminar los contenidos irregulares y a hacer pública la penalización impuesta por la administración.
Además, el Ministerio ha impuesto a Airbnb una sanción leve adicional de 10.000 euros por obstrucción a la labor inspectora. Consumo sostiene que la compañía no respondió a los requerimientos de información durante la instrucción del expediente, dificultando las tareas de vigilancia y control.
El conflicto entre el Gobierno y la plataforma se prolongó durante meses. Airbnb se negó inicialmente a retirar los más de 65.000 anuncios señalados por Consumo y no lo hizo hasta la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración, ya este verano. Pese a ello, el procedimiento sancionador continuó al considerar la administración que las infracciones ya se habían consumado.
Airbnb ha anunciado que recurrirá la sanción ante los tribunales. La compañía defiende que ha cumplido “en todo momento” con la normativa española y europea y considera la multa contraria al marco legal vigente. También subraya que, desde la entrada en vigor de la nueva regulación el pasado 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda y que más de 70.000 anuncios han incorporado un número de registro.
Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy ha defendido la actuación de su departamento y ha lanzado un mensaje contundente: “Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”. Bustinduy ha vinculado este tipo de prácticas con la crisis habitacional y ha lamentado que “miles de familias vivan al límite” mientras determinados modelos de negocio contribuyen a expulsar a la población de sus hogares.
La multa a Airbnb es la segunda mayor impuesta por una administración de consumo en España, solo por detrás de los 107 millones de euros sancionados a Ryanair, también recurridos en los tribunales. Paralelamente, Bruselas mantiene abierto un expediente contra España en relación con estas actuaciones.
La sanción se enmarca en una ofensiva más amplia del Ministerio de Consumo en el ámbito de la vivienda. Actualmente mantiene abiertos varios expedientes a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas y ha confirmado recientemente una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por el presunto cobro de comisiones ilegales a inquilinos, en un procedimiento en el que participa la organización de consumidores Facua.
